El Heraldo del Henares
Los sistemas democráticos-burgueses están colapsando como consecuencia del desinterés y el hastío de la ciudadanía por la política. Tras la caída el muro de Berlín, la ofensiva contra el denominado Estado del Bienestar (Medioestar en España) ha dado como resultado un deterioro tan importante de los principales servicios públicos que amplios sectores piensan que si el sistema democrático no es capaz de reforzarlos y sostenerlos ¿para qué nos sirve entonces a los trabajadores y a las clases populares?
Y ahí es donde las clases dominantes quieren situar el debate porque así consiguen que el sistema político democrático, cada vez más aparente, sea rechazado por los ciudadanos, y que aumenten cada vez más los que consideran a todos los partidos iguales, se rechace más la política y se opte por alternativas políticas aparentemente novedosas que, de reforzarse, contribuirán más a la destrucción del Estado Social. Esto es, a grosso modo, como se está alimentando por la clase dominante este pensamiento.
Desde este punto de vista, el debate sobre una reforma electoral queda viciado por los prejuicios que se han ido inculcando a lo largo de los años (es verdad que a veces con la actuación consciente o no de las fuerzas políticas de la izquierda alternativa).
Los sistemas electorales es una parte muy importante (si no la más importante) de la legislación electoral. Son el procedimiento mediante el cual se convierten los votos en escaños, en representantes de la ciudadanía en las instituciones democráticas, que en buena lógica deberían representar lo más fielmente posible la composición política de la sociedad a la que representa. Esto, dicho así, parece fácil, pero para ello es necesario decidir en primer lugar por un sistema mayoritario o proporcional. El primero otorga al ganador la totalidad o la casi totalidad de la representación, dejando al perdedor sin nada o con muy poco. El segundo es el que más se acercaría a reflejar la composición política de la sociedad y es el que se aplica en España (salvo en el Senado que se aplica el sistema mayoritario) y en todas las Comunidades Autónomas.
Pero para que el sistema proporcional refleje lo más fielmente posible la composición política de la sociedad, que luego se va a reflejar en el Parlamento, es muy importante que el número de representantes sea suficiente para reflejar esa pluralidad y que la circunscripción electoral sea lo más amplia posible para conseguirlo. Muchas circunscripciones pequeñas desvirtúan y devalúan la pluralidad y, por el contrario, una circunscripción amplia la mejora sustancialmente, aunque en el conjunto se elija el mismo número de representantes. El resultado de desvirtuar y devaluar la pluralidad política es el bipartidismo.
Pues este es el debate que se va a iniciar ahora en Castilla – La Mancha y en estas claves esta la madre del cordero. La reforma que realizó Barreda se debió no a una mejora de la representatividad de la ciudadanía, sino a que los salvajes desarrollos urbanísticos que se produjeron en Toledo y principalmente en Guadalajara, obligaron a modificar la Ley por el aumento de la población, pero no se aprovechó para mejorar la representatividad, sino en función de los intereses del partido que sustentaba al Gobierno Regional que estableció un número de diputados prescindiendo de los criterios que establecía la ley anterior y poniendo un número par de diputados en las provincias más hostiles, para empatar en número de diputados. Le salió mal porque en Guadalajara el PP sacó dos diputados más.
Posteriormente, el Gobierno de Cospedal realizó otra reforma que de nuevo obedeció a interese partidistas, se redujo drásticamente el número de representantes y se estableció un número de representantes impares en las provincias más favorables teóricamente al PP con la idea de que incluso en el caso de tener menos votos en el conjunto de la región, la diferencia de un diputado en las Cortes podían dar la mayoría para formar gobierno. Con lo que no se contaba era con el hecho de que una tercera fuerza pudiera saltar en alguna de esas provincias la barrera del 15% para obtener representación y dar al traste con los planes, que fue lo que pasó, porque estábamos ante una situación excepcional.
Para evitar la reforma, se van a poner en marcha por parte de quien quiere mantener la Ley así para favorecer sus propios intereses todas las maniobras y se van a alimentar todos los prejuicios a los que me refería al principio de este artículo para poner en contra de una reforma que refleje la realidad de la pluralidad social en el Parlamento Regional.
A los intereses de los poderosos les viene mejor un Parlamento bipartidista, aunque no refleje opciones minoritarias con una presencia muy activa en la sociedad por mor de la ley electoral.
No nos dejemos engañar cuando nos argumenten que hay que elegir el menor número de diputados posible para reducir los gastos, que cada uno no hace más que defender sus intereses, etc. En el fondo quien alimenta estos argumentos está cuestionando, queriendo o no, la democracia. Si creemos que el Parlamento debe reflejar lo mejor posible la composición política de la sociedad, hay que poner todo lo necesario para hacerlo. Ya sé que habrá quien diga que quien esto propone también tiene intereses partidistas, no diré yo que no, pero desde luego el parlamento regional reflejaría mucho mejor la realidad política de Castilla – La Mancha.
Julián Atienza García, Coordinador Provincial de Izquierda Unida
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