Escribo estas líneas cuando se ha cumplido el primer día de funcionamiento del dispositivo de acogida humanitaria temporal de un centenar de personas migrantes en Marchamalo, supervisado y coordinado por Cruz Roja. Afortunadamente su llegada ayer fue tranquila, aunque el proceso de filiación, control sanitario y de atención psicológica se demoró hasta casi las cinco de la madrugada, por lo que hoy los jóvenes que han llegado a Marchamalo han descansado poco aunque sin perder el brillo de la esperanza en sus ojos.
Lo que nos han demostrado hasta ahora es que son personas muy educadas, pacientes y agradecidas constantemente por la ayuda que se les está prestando. Tengo ya no poca experiencia en organizar cosas para la gente y atender sus demandas, y puedo afirmar que estos recién llegados reúnen esas cualidades en una medida que deja en bastante mal lugar a muchas de las personas que vivimos en este país, nacidos ya la mayor parte de nosotros con todo tipo de recursos, comodidades y beneficios sociales al alcance de la mano, aunque prácticamente no demos ya las gracias ni por cortesía.
¡Ah, sí! Y también son negros. Exactamente son subsaharianos, de Mali y otros países de su entorno, donde los asesinatos a manos de mafias criminales, la violencia étnica y la pobreza endémica son el pan nuestro de cada día.
Los detalles sobre este dispositivo humanitario han sido ampliamente explicados tanto por parte del ayuntamiento de la localidad, como por responsables de Cruz Roja en Guadalajara y Castilla-La Mancha, pero a pesar de ello la llegada de este grupo de solo 100 personas está siendo objeto de feroces críticas que en demasiados casos van cargadas de un trasfondo preocupantemente xenófobo. De aplicar algunas de las recetas que se promulgan con ligereza en las redes sociales, no solo violaríamos gran parte de ese texto que recoge los Derechos Fundamentales que deben ser respetados a todo ser humano, que la ONU tiene encomendado hacer respetar en todo el mundo y que España tiene suscrito para su obligado complimiento, sino que en algunos casos llegamos al acoso directo y el insulto a las personas que han tomado la decisión de atender a estas personas aquí, y hasta a las que ayudan en el dispositivo de emergencia.
Este es el caso de Antonio de Miguel Antón, docente en la enseñanza pública de profesión, que ha decidido encabezar como portavoz de la formación ultraderechista VOX en Guadalajara la campaña de acoso a los migrantes recién llegados, y con especial dedicación contra el equipo de gobierno de Marchamalo y contra quien escribe por ser su responsable de comunicación, a través de redes sociales y medios. Resulta tremendamente llamativo como este señor y personas cercanas a él utilizan sin pudor como argumentos para justificar su acoso mentiras fácilmente contrastables en el caso de que simplemente se hubieran molestado en prestar atención a las informaciones dadas o en poner un pie en esta localidad ahora objeto de su ira. Dicen que un político para serlo debe pisar la calle y comprobar de primera mano lo que ocurre en realidad, pero lo cierto es que la ultraderecha se mueve mejor en otros ámbitos en los que no es necesario dar la cara.
Miente De Miguel sin rubor cuando dice en sus textos que los vecinos de Marchamalo pagan el dispositivo (lo hace Cruz Roja), miente cuando dice que el Alcalde es solidario con el trabajo y esfuerzo de los demás (ha trabajado en la organización y ejecución del dispositivo como uno más), miente cuando dice que se le ha cerrado el polideportivo a los vecinos para ponerlo a disposición de los inmigrantes (esta instalación cierra siempre durante el mes de agosto), miente cuando dice que el PSOE “coopera con las mafias en traer miles de ilegales”, acusando de delitos sin más prueba que la que le dicta su odio, y miente cuando dice que yo censuro su escrito enviado el lunes al no publicarlo en una revista municipal que, atención al dato, LLEVA 5 AÑOS SIN EDITARSE.
Pero sin duda, la mentira que más me preocupa de todas las que De Miguel dice sin pudor alguno en su escrito, es aquella en la que acusa abiertamente a las ONG que trabajan con migrantes y refugiados de actuar en connivencia con las mafias de tráfico de personas, en lo que es una clara alusión a Cruz Roja al ser esta la organización responsable del dispositivo que motiva su escrito. Ni es casual ni es un descuido. VOX y otros partidos ultraderechistas europeos han comenzado una campaña para denigrar del trabajo de las ONG de atención humanitaria y salvamento de emergencias basada en ataques frontales empleando la difamación como único recurso para manchar la impecable labor de quienes invierten su tiempo, su vida personal y arriesgan su integridad física por ayudar a otros seres humanos. En Italia les ha funcionado, y pretenden repetir el modelo en nuestro país.
Cierto es que la difusión de bulos es un problema creciente en nuestra sociedad, debido especialmente a la falta de habilidades de buena parte de la población para diferenciar qué informaciones son falsas o vienen de fuentes poco fiables, pero acaba siendo un cáncer para cualquier sociedad democrática cuando la encabezan los partidos políticos y sus “responsables” de forma premeditada, estructurada y malintencionada para denigrar y estigmatizar a otros colectivos (inmigrantes, ONG, voluntarios, administraciones…) o personas en particular, en este caso del equipo de gobierno de Marchamalo y yo mismo. Al fin y al cabo no es algo nuevo, es algo que ya vivimos en otros tiempos aciagos, de persecución política, de asesinatos clandestinos y de guerras por toda Europa. Esperemos no acabar cayendo en la misma podredumbre moral, una vez más.
Álvaro García García, responsable de Prensa del Ayuntamiento de Marchamalo
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