El Heraldo del Henares
El juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara ha ejecutado finalmente el desahucio de Safira Sánchez, una jovez de 23 años de edad y con una discapacidad del 66%.
Según han informado fuentes de la sección regional de Amnistía Internacional, el desalojo se produjo esta mañana de la vivienda que ocupaba la joven «desoyendo las recomendaciones del Comité DESC de Naciones Unidas y de organizaciones como Amnistía Internacional España».
Safira, que vivía en un piso de la calle Salvador Allende de la capital alcarreña, ha tenido que ser trasladada en una ambulancia tras el desalojo, «un ejemplo más de las consecuencias de unas políticas de vivienda fallidas: desalojada sin alternativa habitacional y en una situación de vulnerabilidad en un país con menos del 2% de vivienda social», han añadido estas fuentes.
La sección española de Amnistía Internacional, que ha estado presente durante el desalojo, había escrito a las autoridades competentes a nivel autonómico y local «recordándoles su obligación de proveer de una vivienda alternativa a las personas sin recursos que hayan sufrido un desalojo».
España ratificó el Protocolo del Pacto Internacional de DESC, que reconoce la competencia del Comité para adoptar medidas provisionales en circunstancias excepcionales para evitar posibles daños irreparables a la víctima y que por lo tanto los órganos judiciales así lo cumplan.
Por su parte, fuentes de la delegación de la Junta en Guadalajara, han informado en un comunicado que dicho desalojo «no ha sido promovido ni dictado por la Administración autonómica. Es el resultado de un procedimiento judicial instruido a petición de la entidad bancaria propietaria de la vivienda y determinado por el juzgado, una vez analizada la situación de la persona que habita el inmueble, que no está en posesión de título alguno ni de propiedad ni de alquiler de la vivienda«.
Según dicho comunicado, «la circunstancia de ocupación de la vivienda de manera irregular impide a la Administración otorgarle una solución habitacional definitiva. Existe un registro de demandantes de vivienda social, que en Guadalajara cuenta con más de 2.000 personas inscritas que cumplen los requisitos que la ley exige para ser beneficiario de este tipo de viviendas. La administración no puede saltarse ese listado de manera arbitraria».
No obstante, estas fuentes han asegurado que se le ofrecieron varias alternativas, como «una ayuda de emergencia social, que le permita encontrar una vivienda alternativa a la ocupada; alojamiento temporal para situaciones de emergencia social; o acogida en un centro de atención residencial para personas sin alojamiento, entre otras opciones. Hasta la fecha, la interesada no ha aceptado ninguna de las alternativas ofertadas».
Finalmente, han asegurado que los servicios sociales de la Junta y del Ayuntamiento de Guadalajara están trabajando conjuntamente para encontrar una alternativa a la situación de la joven, y que de todo ello se ha dado traslado al juzgado para intentar que la misma tuviera atención garantizada.
