El Heraldo del Henares
En estos días parece que los autónomos han vuelto a ser protagonistas, y no por su esfuerzo o sacrificio o por su contribución a la economía española, si no por las reuniones que el Gobierno está manteniendo con las asociaciones de autónomos, a propósito de las cuotas que este colectivo debe aportar a la Seguridad Social.
Las posiciones de los integrantes de la mesa «negociadora» han dejado patente que las diferencias en este punto son abismales.
El Gobierno parece creer que los autónomos ganan dinero a espuertas y que cualquier incremento que se produzca (impuestos, seguridad social…etc) está justificado para paliar los déficits que, en ocasiones, él mismo provoca.
Por otro lado, las organizaciones que representan a este amplio colectivo están, como no podría ser de otra manera, defendiendo a los segmentos más desfavorecidos y con menos ingresos.
Entre estas dos visiones o realidades, según se mire y quién lo mire, hay toda una gama de situaciones que afectan, sino a una mayoría, sí con toda seguridad a unas cuantas decenas de miles de autónomos.
Sin embargo, lejos de hacer un estudio riguroso, que contemple no sólo las cuotas que se ingresan por los autónomos a la Seguridad Social, sino también la economía y el empleo que se genera por los autónomos, lo que hace el Gobierno es una única propuesta basada en incrementar sus cuotas a la seguridad social.
No parece serio que el Gobierno haga una primera propuesta que oscilaba entre los 500 y los 420 € al año, según a quien se escuche, y que pueda, con toda tranquilidad y en un espacio muy breve de tiempo proponer una cuota que puede oscilar, también según diversas fuentes, entre los 170 y los 260 € anuales; es decir, aproximadamente la mitad de la anterior e incluso menos, al vincularla al resultado del IPC de este mes de noviembre.
Esto hace pensar que las propuestas no están vinculadas tanto a la necesidad, ni al rigor, si no como al «a ver cuánto puedo recaudar».
Tradicionalmente la cuota de los autónomos a la Seguridad Social, que vendría a ser como la suma de las aportaciones que hacen a la misma los trabajadores por cuenta ajena, más la que por los mismos realiza la empresa, se ha venido incrementando en el mismo porcentaje en que lo ha hecho el SMI, por lo que el problema viene dado por el hecho de que el incremento en un 22% del SMI para el próximo año, implica aplicar este porcentaje a los autónomos, lo que haría insostenible su pago para la inmensa mayoría de los mismos.
Lo anterior podría dar lugar a que el autónomo que no pueda pagar, se le generen deudas con la TGSS, con lo que ello implica para todos, especialmente para el autónomo, que se ve obligado a dejar de pagar y, por ende, se le genera una situación en la que no podría optar, entre otras cuestiones, a determinadas vías de contratación, amén de que le puede provocar una situación que desemboque en no poder acceder a la pensión de jubilación.
Si apelamos al sentido común, parece evidente que la gran diversidad de situaciones por las que puede atravesar la figura del autónomo, hace que el sistema de cuota mínima igual para todos resulta en sí misma, además de injusta, desincentivadora para quienes pretendan atreverse, o se vean obligados por la necesidad, a recorrer el camino del emprendimiento, y todo ello a pesar de las bonificaciones o la tarifa plana, que no suelen durar lo suficiente para poner en marcha y sacar a flote cualquier proyecto con un mínimo de solvencia.
Pero además de lo anterior, una vez superados los primeros escollos y funcionando el proyecto, los ingresos que del mismo se deriven pueden ser tan sumamente amplios y diversos como para que continúe resultando injusto y desincentivador el sistema de cuota mínima.
Por este motivo, parece que todo apunta a buscar otras soluciones, por ejemplo una solución sensata y coherente sería la de aplicar, no una cuota, sino un porcentaje sobre y en función de los ingresos mensuales del autónomo, lo que parece que las partes estarían dispuestas a negociar, para poder aplicar este sistema a partir de 2020.
Mi pregunta es ¿por qué han perdido el tiempo con otras propuestas que de antemano resultan inaceptables?. Quizás sea sólo una excusa para que el Gobierno sangre una vez más a los autónomos, y precisamente a los menos favorecidos.
La experiencia dice que este tipo de negociaciones, que representa modificar un sistema que lleva muchos años implantado, se suelen alargar en el tiempo, y me parece poco realista, al menos, si las cosas se quieren hacer bien, que un año resulte suficiente para dar a luz a un nuevo sistema que convenza a todas las partes y convine equidad, progresividad y sostenibilidad.
Considero que desde ya, y hasta que se resuelvan definitivamente las diferencias y se ajuste un nuevo sistema, se aplique un escalado que podría partir de ingresos inferiores al SMI, en cuyo caso la aportación de los autónomos debería ser puramente simbólica, si el objetivo es consolidar el emprendimiento, el empleo y la economía.
Para los que tengan unos ingresos entre el SMI y el salario medio en España su aportación podría ser la misma que hace un trabajador por cuenta ajena, es decir, el 6,35% de sus ingresos, es decir, el equivalente al 4.70% de cuota a la seguridad social, el 1.55% correspondiente al descuento por desempleo y el 0.10% para la formación profesional.
Por último, a quienes superen dicha cifra se puede plantear la aplicación que resulte ser el porcentaje de la suma que empresa y trabajador hacen conjuntamente a la Seguridad Social, en las relaciones laborales por cuenta ajena.
Por supuesto, una cuestión que debe quedar resuelta ya y de forma definitiva es la aplicación de todas las prestaciones a que deben dar derecho estas aportaciones que, indudablemente, han de ser las mismas que para un trabajador por cuenta ajena, ya que de otro modo se desincentiva el emprendimiento y se generan desigualdades.
Estas son algunas ideas que planteo, a sabiendas de que éste es un artículo de opinión y que el espacio está limitado, así como también soy consciente de que se podrían poner encima de la mesa otras tantas propuestas.
El paro y la precariedad están empujando a muchos adultos en edades complicadas para acceder al empleo, mujeres y jóvenes a buscar la salida del autoempleo, y medidas como las actuales, que los diversos gobiernos, de todos los signos, no han modificado en años, lo hace, en demasiadas ocasiones, una aventura imposible.
Si esta sociedad no es capaz de proporcionar un empleo a todo aquel que lo desea que, al menos, no le ponga puertas al campo para que, quienes tengan voluntad de intentarlo puedan afrontar con dignidad su porvenir en el emprendimiento. Un camino muy duro en el que, frente a unas pocas alegrías, se dan un sinfín de sinsabores y problemas cotidianos al que, muy a menudo, hay que añadir el de las dificultades económicas.
Por ello, invito a todos los partidos políticos a ponerse manos a la obra con seriedad y sin demagogia, especialmente a quienes hoy se encuentran gobernando, pero también a todos aquellos que hacen oposición, para que hagan propuestas concretas, realistas y prevean inversión, teniendo en cuenta las necesidades del colectivo, de la economía y del empleo de nuestro país para que seamos capaces de estar a la cabeza del emprendimiento, la innovación y el empleo, porque profesionales, experiencia y formación tenemos de sobra.
Yolanda Ramírez, diputada provincial de Guadalajara
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