La familia del fallecido por un disparo de un guardia civil denuncian a la Fiscalía por “llorar de alegría” con la absolución del acusado

Los padres y la hermana del joven fallecido de un disparo efectuado por un guardia civil en el polígono industrial de Cabanillas del Campo el 23 de octubre de 2013 han presentado una denuncia contra la fiscal del caso, Estrella Vargas, y la fiscal Jefe de Guadalajara, Rocío Rojo, “como autoras de conducta parcial y conducta humillante para la familia del finado, acaecidas como consecuencia del juicio con jurado celebrado en Guadalajara”.

Según esta denuncia, dicha actuación habría finalizado con “el llanto” de la fiscal encargada del caso y de la felicitación de la fiscal jefe a su subordinada tras oír el veredicto de absolución acordado por el jurado.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES, que ha sido presentada ante la Fiscalía General del Estado, como jerárquico superior de las denunciadas, los padres y la hermana de Gonzalo L.R. acusan a la fiscal asignada al caso de tener “un comportamiento deleznable” y “por inclinarse siempre y en todo momento a favor del guardia civil que mató a nuestro hijo y hermano, impidiendo todo tipo de pruebas que pedía nuestro abogado”.

Los hechos se remontan al 23 de octubre de 2013, cuando tras un atraco con escopeta en una fábrica de palés del polígono industrial de Cabanillas del Campo y posterior huida de los atracadores se personaron varias dotaciones de Guardia Civil para intentar localizarlos.

Media hora después de los hechos, dos agentes del puesto de Yunquera de Henares se encontraron con tres hombres apoyados en una pared, lo que a los guardias les pareció sospechoso, por lo que uno de ellos se identificó como guardia civil y, apuntándoles con la pistola reglamentaria, les dio el alto.

Los tres hombres, conocidos de las fuerzas de seguridad por sus trapicheos con la chatarra y con las drogas, se dieron a la fuga, cada uno por su lado. Uno de ellos acabó detenidos por el segundo agente que cubría las opciones de fuga de los sospechosos, el segundo desapareció por completo y el tercero recibió un disparo del primer agente cuando huía hacía un arroyo.

Posteriormente, se celebró juicio contra los dos supervivientes de esta operación y fueron absueltos por falta de pruebas, llegando a decir el juez que “el fiscal solo había presentado indicios”.

Al fallecido y a sus compañeros no les fueron encontradas armas en su poder, ni el pasamontañas con el que se produjo el atraco, a pesar de que se peinó toda la zona incluso con perros especializados, ni siquiera restos de pólvora en sus manos, ropas o resto del cuerpo. Incluso cinco años después, en enero de 2018, antes del juicio, se llegó a limpiar todo el arroyo con maquinaria pesada tras recibir el juzgado un ‘anónimo’ en el que supuestamente se indicaba el lugar donde se encontrarían estos efectos. Sin embargo, tampoco se encontró nada esta vez.

Finalmente, se celebró juicio con jurado contra el guardia civil que disparó al joven que huía, y en el que resultó absuelto por entender los miembros del jurado al entender que no quedó claro si disparó de forma directa al joven, cuando este se encontraba huyendo y de espaldas, o este murió porque la bala le llegó rebotada.

Por eso, en su denuncia, la familia del fallecido señala en su escrito de denuncia que la fiscalía “disimuló” durante la instrucción de la causa y en las sesiones del juicio oral “realizando labores propias de abogado defensor”.

Asimismo, acusan al ministerio público de “no esconderse cuando se reunía directamente con el abogado defensor del acusado llegando incluso a llamarlo a través del auxilio judicial de sala a su despacho, cuando tenían que estudiar las preguntas del objeto del veredicto, al parecer para conciliarlas”.

Por ello, señalan, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de  Guadalajara “ha violado en todo momento de forma descarada la imparcialidad que se le presume y ha faltado a su obligación de garantizar el respecto de los derechos fundamentales de las demás partes del proceso, no solo del imputado, que los ha garantizado más de lo que debía, sino también los derechos de las víctimas”.

También, la familia del fallecido asegura que “al final del juicio fueron públicamente humillados por esta fiscal y la Fiscal Jefe de Guadalajara, cuando al oír el veredicto de no culpable empezó a llorar de alegría la Sra. Vargas y para rematar la humillación de la familia la Sra. Fiscal Jefe, que estaba en la bancada del público, al oír el veredicto, saltó corriendo a estrados a felicitar a su Fiscal, todo esto delante de la familia del chico muerto por la espalda por el disparo del guardia civil”.

Finalmente, tras denunciar que la Fiscalía “acosó” a los peritos judiciales que habían realizado un informe incriminatorio del guardia civil, la familia se muestra sorprendida por el hecho de que la Fiscalía no solo “tuviera el cuajo” de no recurrir la absolución del acusado, cuando había pedido dos años de cárcel para el mismo por un delito de homicidio imprudente, sino que “impugnó los escritos de apelación” de la familia.

Por ese motivo, han pedido a la Fiscalía General del Estado que proceda penal o disciplinariamente contra las dos fiscales, para lo cual ha solicitado como prueba la grabación de la vista oral y de la lectura del veredicto del jurado.

La Fiscalía impugna el recurso de apelación interpuesto por las familias contra el fallo de absolución

Según el letrado de la acusación representada por los padres y la hermana del fallecido, Francisco Lucas, la Fiscalía mantuvo esta postura tras no recurrir el fallo de absolución del acusado de la muerte del joven. De hecho, en la vista celebrada en la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, con sede en Albacete, el pasado martes 20 de noviembre, «la Fiscalía impugnó los recursos de las dos acusaciones particulares, lo que no es habitual en una Fiscalía cuando han absuelto a quien ellos acusaban, aunque la pena pedida fuera mínima».

Según Lucas, en total tanto los padres y hermana como la expareja del fallecido han unificado su pena en 13 años por homicidio doloso, además de instar la responsabilidad civil del Estado. «Lo peor ha sido comprobar que la Fiscalía no ha recurrido la absolución del acusado».

Cronología:

21 de octubre de 2013: Por la noche, una o varias personas sustraen sin utilizar violencia el vehículo  Renault Megane de una empresa de Guadalajara.

23 de octubre de 2013: 14,00 horas. Tres encapuchados armados con una escopeta, intentan atracar una nave de palés en el polígono industrial de Cabanillas del Campo. al ser sorprendidos, hacen un disparo al aire y huyen en el Renault Megane sustraído dos días antes. Los atracadores sufren un accidente, abandonan el Renault Megane y se dan a la fuga a pie.

Veinte minutos después, dos guardias civiles detectan a 900 metros del lugar del atraco a tres individuos apoyados en una nave. Al darles el alto, los tres salen huyendo y un agente dispara a la espalda de uno de ellos, Gonzalo L.R., que cae muerto en el cauce de un arroyo anexo lleno de maleza, en la imagen; el segundo, Antonio G.J. es detenido; y el tercero huye y nunca es identificado. Unos días después, procedente de la vendimia en Tudela se presenta voluntariamente a la policía el hermano de Antonio, Simón, al enterarse de que lo están buscando. El juez lo deja en libertad.

23 de octubre de 2013: Decenas de policías y guardias civiles, con apoyo de tres perros expertos en huellas buscan infructuosamente los pasamontañas y la escopeta utilizados en el atraco. Solo se hallan vestigios de ADN de Simón y Gonzalo en el vehículo Renault Megane.

22 de enero de 2014, después de 90 días en prisión, es puesto en libertad Antonio G.J.

30 de junio de 2016, en una sentencia ya firme, el juzgado de lo Penal de Guadalajara absuelve del atraco y del robo del coche por falta de pruebas a los hermanos Antonio y Simón.

17 de enero de 2018: El juzgado recibe un anónimo en el que se indicaría el lugar del arroyo donde estaría el arma que supuestamente habrían utilizado los atracadores, por lo que se autorizó una nueva búsqueda de la misma, para lo cual fue necesario desbrozar el arroyo con maquinaria pesada.

27 de junio de 2018: El jurado absuelve al guardia civil de la acusación de homicidio imprudente de la que le acusaba el fiscal y de asesinato que pedía la familia. Esta absolución es recurrida por la familia y no por el fiscal.

20 de noviembre de 2018: Se celebra la vista de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Albacete. Las acusaciones solicitan 13 años para el guardia civil, mientras que la defensa y el Abogado del Estado ratifican su petición de absolución. La Fiscalía, que no ha recurrido la absolución, impugna el recurso de las familias.