El Heraldo del Henares
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha adjudicado al despacho de abogados ‘Lista Abogados, Sociedad Civil Profesional’ el contrato de los servicios jurídicos municipales, a través del procedimiento de contratación convocado para este fin.
A través de este nuevo contrato, se contemplan tanto las acciones de defensa y representación del Ayuntamiento en los posibles juicios, como el ejercicio de acciones judiciales por parte del Ayuntamiento en defensa de sus intereses, según han informado fuentes municipales en un comunicado.
El alcalde azudense, José Luis Blanco, se desvincula de esta forma del sistema de adjudicación directa -a dedo- al despacho de abogados del exalcalde socialista de Guadalajara, Javier de Irízar, utilizado al menos desde 2013 por su antecesor en el cargo, el actual presidente de las Cortes regionales y secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido.
Según adelantó en exclusiva el pasado viernes 31 de julio EL HERALDO DEL HENARES, ese antiguo sistema de adjudicación a dedo reportó a dicho despacho un total de 424.774,82 euros en el periodo 2015-2019, a falta de que el Ayuntamiento azudense informe de los ejercicios anteriores.
Ahora, el consistorio azudense ha informado de que dicho en pliego de contratación adjudicado ahora en concurso público, no por designación directa como se ha venido realizando hasta ahora, se han valorado la profesionalización (años de ejercicio de los letrados, especial cualificación académica y reuniones presenciales), el precio (mejor oferta económica) y la participación en las costas obtenidas.
A este procedimiento concurrieron diez ofertas distintas, según estas fuentes municipales.
La presentada por Despacho Lista Abogados SCP ha sido la oferta elegida por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento, por ofrecer las condiciones más ventajosas para el Consistorio.
En lo que a profesionalización se refiere, esta empresa plantea 32 años de colegiación en el orden Contencioso Administrativo y 25 para el Orden Social. Ofrece además la celebración de reuniones presenciales para la coordinación y la información necesarias para el desarrollo de los trabajos.
Según el comunicado municipal, «la tramitación del pliego para la contratación de este servicio se inició en 2018 y concluye dos años después, dada la complejidad técnica que presenta por el cariz de los servicios a contratar».
Blanco se desvincula del letrado ‘de cabecera’ de Bellido
El Ayuntamiento de Azuqueca ha informado de la resolución de este concurso público apenas cuatro días después de que EL HERALDO DEL HENARES se hiciera eco de la denuncia pública de la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública, ACODAP, en la que se denunciaba que «estas adjudicaciones a Irízar se hicieron a dedo y sin mediar ningún tipo de concurso público de méritos».
Según dicha asociación, se trata de facturas por encargos de defensa del consistorio que se pasaron al cobro a la institución municipal en esos cuatro años, muchas de las cuales corresponden a ejercicios anteriores, es decir, a los mandatos de los alcaldes Pablo Bellido y José Luis Blanco.
Esta información oficial la pudo obtener Acodap del Ayuntamiento azudense tras ordenárselo el Consejo nacional de Transparencia, ya que en una primera instancia el consistorio se la denegó a la asociación.
Según Acodap, «es de común conocimiento que si una administración pone impedimentos a facilitar información es porque con toda probabilidad hay algo en la misma que no interesa que trascienda».
Acodap ha analizado la información oficial remitida por el Ayuntamiento de Azuqueca, solo relativa al periodo 2015-2019, ya que esta institución alegó que antes de 2015 no se habían informatizado en soporte digital este tipo de expedientes de gastos jurídicos, lo que hacía inviable su búsqueda por la carga de trabajo que suponía al personal municipal.
Y en ese periodo, según esta asociación, comprobó que la gran mayoría de estas adjudicaciones de gastos de defensa jurídica, en las que no consta concurso público para su adjudicación, sino un encargo directo, se realizaron al despacho de abogados de Irízar y su entorno: el propio Irízar, el letrado J.L.R.M., y la procuradora M.J.I.O.
Así, solo en 2015, se contabilizaron decenas de facturas por multitud de importes diferentes, que van desde los 181,50 euros por un estudio sobre reclamación patrimonial, a 20.320,55 euros por contestar a una demanda.
«En la mayoría de los casos, además, las facturas expedidas constaban con la anotación de un descuento por ‘habitualidad’ del 30 por cierto, lo que nos indica ya una continuidad en la adjudicación de estos servicios a este bufete antes de 2015″, según Acodap.
En 2016, se presentaron al cobro también numerosas facturas, entre ellas una por importe de 12.033,60 € por contestar a una demanda, que aún así le salió ‘barata’ al Consistorio, ya que ya llevaba incluida el mencionado 30% de descuento por ‘habitualidad’ en los encargos.
En 2017, entre varias facturas se encuentran algunas como una de 14.573,83€ por un contencioso; en 2018 otra de 9.658,72€ por contestación a una demanda contenciosa; y en 2019, último año del que ha informado el Consistorio azudense, con apenas unas pocas facturas, este despacho y asociados facturaron un total de 50.252,29 euros: 13.781,67 € por una contestación demanda de lo Contencioso; 21.780 € por una oposición a apelación y 9300,89€ por una contestación apelación, entre otras.
En total, entre 2015 y 2019, con pleitos encargados en los años anteriores por el equipo de Gobierno presidido por el propio Pablo Bellido, y los encargados por José Luis Blanco, el importe facturado al Ayuntamiento sería según esta asociación de 101.203,04 euros; en 2016 la suma es de 119.026,51 euros; en 2017 la de 68.592,1 euros; en 2018 un total de 85.700,88 euros; y, de enero a octubre de 2019, la suma sería de 50.252,29 euros. Total: 424.774,82 euros.
Acopad pide al Colegio de Abogados que investigue estas prácticas ‘desleales’
Según han señalado fuentes de Acodap a este diario, «es inexplicable el silencio del Colegio de Abogados de Guadalajara ante estas prácticas lesivas de la libre Competencia».
Así, esta asociación ha manifestado que «el Colegio de Abogados sabe de sobra que determinados bufetes y colegiados, prevaliéndose de una relación privilegiada con los alcaldes, sobre todo por afinidad política, acaparan contratos a sabiendas de que son ilegales y de que vulneran la ley de Contratos del Sector Público. Por tanto ¿cuál es la posición de este Colegio ante tanta vulneración? ¿Será que como ocurría en el Colegio de Arquitectos con el asunto de los falsos arquitectos municipales, pueda haber quien no esté interesado en que aflore la realidad? ¿Interesa a esa Junta Directiva esta transgresión… y, si es así, qué piensa hacer?».
Finalmente, Acodap pedirá al Colegio de Abogados que requiera información a ayuntamientos como los de Yunquera de Henares, Hita, Horche, Pastrana y sobre todo Marchamalo y Quer para constatar estas prácticas que, según esta asociación, son generalizadas.
Irízar, abogado de ‘cabecera’ de Bellido desde, al menos, 2011
No se conoce el importe de los encargos realizados por el Ayuntamiento azudense antes de 2015, ya que el Consejo nacional de Transparencia aceptó las alegaciones del Consistorio en el sentido de que antes de ese año los expedientes de este tipo no estaban digitalizados y que buscarlos provocaría la paralización de otras áreas municipales.
Sin embargo, con anterioridad a esta fecha ya se habían adjudicado numerosos encargos al despacho de Javier de Irízar, algo que ya en 2013 también fue denunciado por la oposición municipal del PP, grupo que denunciaba en un comunicado que «desde el PP consideramos que aunque por cuantía no requiere otro trámite, es, cuanto menos, poco ético, que un alcalde del PSOE contrate a un exalto cargo socialista para ejercer como letrado de un Ayuntamiento. En nuestra petición por Registro solicitamos que se nos informara de qué otras opciones se habían barajado para ejercer de letrado así como la copia del acuerdo por el que Irízar ejercía como abogado del Ayuntamiento, pero seguimos esperando”.
Estas prácticas también fueron denunciadas en 2019 por el Grupo Municipal de IU, que llegó a afirmar en un comunicado que «desde el año 2011, cuando era alcalde Pablo Bellido hasta la actualidad, la designación de profesionales para la representación y defensa del Ayuntamiento en juicio, se viene designando mediante Decreto de la Alcaldía sin que previamente se hubiese tramitado el correspondiente expediente de contratación, y en consecuencia, sin que haya mediado jamás una adjudicación previa del contrato de servicio para la representación y defensa. Esto es lo que coloquialmente se conoce como contrataciones a dedo».
Irízar también llevó la defensa de Bellido cuando fue imputado por estafa
Entre otros procedimientos, Irízar tambén llevó la defensa de Bellido cuando este fue imputado en 2015 por el juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara por un supuesto delito de estafa por el sobreprecio de las obras del Centro Joven.
Este caso fue finalmente sobreseído por el juzgado, pero que le costó al propio Bellido que el Comité Federal del PSOE, presidido por Pedro Sánchez, lo vetara como candidato número 1 al Congreso de los Diputados en diciembre de ese mismo año 2015.
Ese veto no lo perdonó Bellido, que poco después hizo unas durísimas declaraciones contra el propio Sánchez, al que acusó de tener una ideología ‘líquida’, a la vez que prometía el 10 de marzo de 2017, en una entrevista en la Cadena Ser Guadalajara, que no se presentaría a la reelección como secretario provincial del PSOE alcarreño si Sánchez ganaba las Primarias del PSOE que se celebraban en 2017. Sánchez ganó y Bellido se olvidó de su promesa.
