El Heraldo del Henares
El Ayuntamiento de Torrejón del Rey, presidido por la alcaldesa socialista Bárbara García Torijano, ha optado por el silencio administrativo negativo ante la petición de la asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, Acodap, que había solicitado el informe con los gastos realizados en abogados y procuradores por el Consistorio desde el 1 de enero del 2015 hasta la actualidad.
García Torijano se une así a otros alcaldes socialistas de la provincia que en un principio se han negado a informar sobre gastos públicos recogidos en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en la estela de Ayuntamientos como Mondéjar, Azuqueca de Henares, Cabanillas del Campo o Pastrana, entre otros mucho.
Según ha informado a EL HERALDO DEL HENARES el portavoz de Acodap, Fernando Jabonero, «este tipo de actitud obstruccionista en materia de transparecencia que ejercen algunos alcaldes de la provincia es de todo menos un ejercicio democrático de la actividad pública»
Jabonero ha recordado que estas negativas están siendo rechazadas por el Consejo Nacional de Transparencia y Buen Gobierno, que ya ha obligado a varios ayuntamientos, como los de Mondéjar, presidido por José Luis Vega, o Azuqueca de Henares, a entregar la documentación solicitada por Acodap al tratarse de dinero público de los ciudadanos, no privativo de los alcaldes.
Jabonero ha recordado que «gracias a las iniciativas en materia de transparencia de Acodap, se ha conseguido que muchos ayuntamientos hayan dejado de adjudicar a dedo estos contratos de abogados por cuantiosas cifras y hayan pasado a ser adjudicados por concurso público, lo que ha permitido a los vecinos un ahorro sustancioso de sus impuestos».
Así, ha recordado el caso de Azuqueca de Henares, del que tiene documentación que acredita que al menos entre los años 2013 y 2019, durante los mandatos de Pablo Bellido y José Luis Blanco, estos gastos a dedo al despacho del exalcalde socialista de Guadalajara, Javier de Irízar, llegaron a suponer más de 120.000 euros al año «y ahora con concurso público se quedan en 50.000, es decir, un ahorro de 70.000€ al año».
O en Mondéjar, donde según la documentación analizada por Acodap se comprobó que el alcalde mondejano y actual presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega Pérez había gastado del erario público más de 2.400 euros en abogados por un pleito particular que perdió contra un vecino.
Además, según Jabonero, se han dado casos de alcaldes que además de negarse a dar la información, tal como les requirió el Consejo Nacional de Transparencia, como los de Cabanillas del Campo o Pastrana, recurrieron esa resolución ante la Audiencia Nacional. No obstante, el propio Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha convocado el concurso público para la adjudicación del servicio de defensa jurídica municipal
«No entendemos este obstruccionismo a informar sobre el destino del dinero de los impuestos de los ciudadanos, basta recordar el aforismo que dice que ‘la transparencia aflora la corrupción’, y si todos estos alcaldes están convencidos de que actúan correctamente, ¿por qué tienen tanto miedo a la transparencia?», ha finalizado Jabonero.
