El Heraldo del Henares
El que fuera alcalde de Chiloeches por el PP, César Urrea, será juzgado el próximo martes 17 de octubre por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Guadalajara por dos delitos de cohecho cometidos en su época de primer edil de dicho municipio, por los que el fiscal le pide tres años de prisión y cinco años más de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por cada uno de ellos.
Según el escrito de acusación fiscal exalcalde chiloeches césar urrea juicio cohecho 171017, “tras las elecciones municipales celebradas el 25/05/2011, el Ayuntamiento de Chiloeches, en la sesión especial de constitución de la corporación municipal, celebrada en junio de 2011 quedó formado de la siguiente manera: seis concejales del Partido Popular, tres concejales del Partido Socialista Obrero Español y dos concejales de Izquierda Unida”.
Según el fiscal, “en la misma sesión de constitución se nombró alcalde al acusado César Urrea Miedes, mayor de edad y sin antecedentes penales, por mayoría absoluta con el apoyo de los seis concejales del PP”.
A continuación, el fiscal relata los hechos por los que pide los tres años de prisión y cinco de inhabilitación por cada uno de los dos delitos de cohecho: “Por diversos problemas y desavenencias surgidas con el acusado, y la falta de apoyos por parte de varios concejales del mismo PP, hecho este que motivaba que estuviera gobernando en minoría , pues cuatro de los concejales de su partido, ya no votaban sus propuestas, el acusado para recuperar las mayorías necesarias en los plenos, planea una estratagema para corromper a los concejales disidentes y así el día 24 de enero de 2013, se reunió en su despacho con SGM, concejal del PP y una de las personas con las que había tenido problemas , manifestándole que tanto S. como otra de las concejales del PP que no apoyaba al alcalde, AGG tenían que dejar el acta de concejal y a cambio MIFC y MAPH ambos concejales del mismo partido y que les fue retirado un sueldo que cobraban como concejales, recuperarían el mismo”.
Para ello se valía, según el fiscal, de que “en esa época MI pasaba por dificultades económicas, circunstancias que conocían todos ellos, dificultades que se vieron aumentadas cuando el alcalde retiró el sueldo a la misma, y esta circunstancia fue la que aprovechó el acusado para intentar conseguir que los amigos y compañero de MI entregaran sus actas. De esta manera el alcalde, entregadas las actas de ambos concejales que disentían con él, permitía que entraran los dos siguientes candidatos de la lista del PP, afines al acusado”.
No obstante, según el fiscal, las intenciones del acusado no salieron como pretendía ya “que tanto SM como AGG se negaron a entregar su acta de concejal. Así mismo se negó a semejante propuesta. Así mismo el acusado, ante las dificultades políticas y faltas de apoyo de sus propuestas en los plenos, en el mes de febrero de 2013, se reunió en su despacho del Ayuntamiento con uno de los tres concejales del Partido Socialista, ACA, en concreto su portavoz ofreciéndole un sueldo fijo mensual de 700 euros, dado que era conocedor de la mala situación económica de este y a cambio de que los tres concejales del Partido Socialista votaran en los plenos a favor de las propuestas del acusado”.
Por si ese dinero fuera poco, según el fiscal, César Urrea “llegó a incluir 500 euros más que le daría de su propio dinero negándose Ángel a semejante acuerdo”.
En sus concluisiones provisionales, que podrá cambiar durante la sesión del jurado, el fiscal pide para el acusado “por cada uno de los delitos (dos de cohecho) la pena de tres años de prisión, multa de 15 meses con una cuota diaria de 9 euros, con arresto sustitutorio del artículo 53 en caso de impago, esto es siete meses y 15 días por cada uno de los delitos e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por cinco años para cada uno de los delitos accesorias y costas”.
El exprimer edil chiluechano aún tiene pendiente otra causa, la del incendio de la nave de reciclaje del 26 de agosto de 2016, en el que está investigado con una treintena de personas más por un supuesto delito medioambiental y prevaricación.
