Este simpático ciudadano, alcalde de Marchamalo y senador, al efecto de dar cumplimiento a una solicitud de documentación urbanística instada al amparo de la Ley de Transparencia, exige que se abonen 5.032 euros por tasas de fotocopias al módico precio unitario de 0,85 euros
¿Cómo se tramitan los expedientes en Marchamalo?
¿Acaso en planchas de cobre?
¿No existe la tramitación digital en este Ayuntamiento?
¿Será que viven en 1995, fecha en la que contrataron a un arquitecto como laboral temporal por un año, que sigue sin haber aprobado una oposición ejerciendo funciones públicas ilegítimamente vulnerando derechos de los ciudadanos durante 25 años?
A ver si cambian la fecha del reloj!!!
Fernando Jabonero Orasio, portavoz de la asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, Acodap
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