El Heraldo del Henares
El propietario de un asentamiento apícola situado en la localidad de Malaguilla (Guadalajara) ha sido denunciado por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Guadalajara cuando hacía uso en su colmenar de una red prohibida para caza de aves.
Las “redes japonesas” son consideradas medios de caza no selectivos y su uso puede tener consecuencias muy negativas para la avifauna, por lo que el infractor se podría enfrentar a importantes sanciones económicas, según han informado fuentes del Instituto Armado en Guadalajara en un comunicado.
Las consecuencias penales de la caza ilegal
Es importante resaltar que las conductas de furtivismo y caza ilegal están tipificadas en los artículos 334 y 335 del Código Penal y pueden llevar aparejadas penas de prisión de seis meses a dos años, retirada de la licencia de caza de dos a cinco años, retirada de los permisos de armas, el pago de los daños causados y el decomiso de los trofeos.
También, se les pueden aplicar las infracciones contempladas en la legislación de caza de Castilla La Mancha que prevé sanciones de hasta 60.000 euros.
La necesidad de concienciar sobre estas conductas delictivas
La dificultad que conlleva la lucha efectiva contra las conductas de furtivismo, entendiendo como tales aquellas que se refieren a cazar fuera de temporada, no poseer las licencias o permisos administrativos requeridos, el uso de armas o municiones ilegales, la caza de animales listados como especies protegidas, las que se llevan a cabo dentro de las áreas restringidas o el uso de medios prohibidos, exige una mayor colaboración por parte de la ciudadanía.
Denunciar tales prácticas ante la autoridad competente tiene una gran importancia para el éxito de las actuaciones que lleva a cabo la Guardia Civil, que obviamente repercuten positivamente en el conjunto de los ciudadanos y de todos aquellos que se dedican a la actividad cinegética respetando la legislación vigente.
