El Heraldo del Henares
El titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Guadalajara, Juan-Galo Carrasbal Onieva, ha dictado una sentencia según la cual anula el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Azuqueca de 2 de julio de 2019 que dejaba sin sueldo a los ediles de los grupos municipales de Ciudadanos y Vox.
Según la sentencia dictada por este juzgado tras la demanda del concejal de Vox Javier Ortega Romero, se deja sin efecto el punto relativo a la distribución porcentual de las liberaciones que han de corresponder a sus concejales, por lo que ordena a Blanco que mantenga los tramos fijados en el acuerdo plenario de 2 de julio de 2015 y elimine el tramo mínimo de votos del 12,5% que aprobó de forma unilateral en dicho pleno.
En dicho pleno de 2019, Blanco se adjudicó un sueldo de 49.812,67 euros anuales, a los que renunció dos años después para volver a su antiguo trabajo, aunque manteniendo la Alcaldía, más 10 concejales liberados al 80% de la jornada el equipo de Gobierno del PSOE; mientras que a IU y PP se destinó un solo edil liberado, también al 80%.
Ni Ciudadanos ni VOX consiguieron entrar en este reparto al cambiarse el cómputo de votos obtenido vigente desde el pleno de 2 de julio de 2015, según el cual se obtendría una liberación a partir del 10%. Blanco lo subió ese pleno al 12,5% sin dar ningún argumento del porqué de esa decisión. El juez llega a decir que Blanco sitúa ese porcentaje de forma «injustificada e inmotivadamente».
De esta forma, se quedaban fuera Vox y Ciudadanos. El primero con el 11,59% de los sufragios y el segundo con el 9,94%.
“La desviación de poder en que incurre el acuerdo plenario consistorial impugnado, en los términos del instituto contemplados en el artículo 70.2 de la LJCA, es palmaria en tanto se vulnera en última instancia la igualdad consagrada en el artículo 14 de la Constitución”, afirma el tribunal en su sentencia.
De hecho, el juzgador llega a afirmar que el criterio seguido por Blanco es ‘extravagante’ porque presenta solo un tramo, el inicial, del 12,5% y no el resto de tramos, para conseguir la parte proporcional de ediles liberados.
Además, añade, que “frente a las restricciones existentes de facto en el pasado para el desempeño del cargo de edil en tanto, carentes de cualquier retribución, solo quedaban al alcance de personas desahogadas económicamente, en la actualidad la percepción de emolumentos -en mayor o menor cuantía- por el desempeño del cargo de concejal en municipios de cierta entidad ha facilitado una universalización en el compromiso con el desarrollo de tareas municipales, de suerte tal que el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad”.
Por todo ello, el juzgado falla que deben “quedar mantenidos los tramos en múltiplos crecientes de diez puntos porcentuales, según tenía aprobado el Consistorio en acuerdo plenario de 2 de julio de 2015”.
Con este fallo judicial, Vox conseguiría un concejal liberado, que debe reducirse de otro grupo municipal, previsiblemente del equipo de Gobierno, mientras que Ciudadanos, al no llegar por poco al 10% de los votos.
El edil de Vox Javier Ortega Romero ha manifestado su satisfacción por esta sentencia que les da la razón parcialmente: “El equipo de gobierno socialista debe reconocer su lamentable error y aceptar cómo les indica la sentencia que su actitud está censurada como abusiva y lesiva de derechos, habiendo quedado fijada en sentencia como una auténtica ‘desviación de poder’. Deben obrar en consecuencia y convocar un pleno inmediatamente para reparar el daño causado e informar a los vecinos del pronunciamiento judicial”.
Por su parte, el vicesecretario jurídico de Vox Guadalajara, Juan González-Perabá Miralles ha asegurado que “esta sentencia es el reflejo de que afortunadamente todavía estamos en un Estado de Derecho donde jueces y magistrados son el último bastión frente al abuso de los que quieren minar las bases de nuestro sistema político. Por eso Vox defiende el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial”.
