Impugnado el nuevo convenio nacional de Seguridad Privada que afecta a más de 84.000 trabajadores ‘porque se burla de una sentencia del Supremo’

El sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, ASTSP, ha impugnado ante la Dirección General de Trabajo del ministerio de Trabajo y Seguridad Social el nuevo convenio colectivo de seguridad privada firmado por las asociaciones empresariales Aproser y Asecops, y los sindicatos FeSMC-UGT y FTSP-USO para 2021.

Según han informado fuentes de este sindicato en un comunicado, el nuevo convenio vuelve a incumplir la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en sentencia de 27 de junio de 2018, en lo relativo a la valoración de las horas extras realizadas por los trabajadores del sector de seguridad privada.

«El Supremo ya declaró la ilegalidad y nulidad del artículo 44 del anterior convenio estatal porque estaba redactado de forma confusa y no dejaba claro que las horas de descanso que habían tenido que trabajarse y superaban el cómputo establecido, habrían de abonarse con un incremento del 75% del valor de una hora ordinaria y el nuevo convenio vuelve a incidir en la misma confusión», ha señalado Alberto García, portavoz de ASTSP.

García ha recordado que según el artículo 47 del ‘RD 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos’, «cuando, excepcionalmente y por razones técnicas u organizativas, no se pudiera disfrutar el día de fiesta correspondiente o, en su caso, de descanso semanal, la Empresa vendrá obligada a abonar al trabador, además de los salarios correspondientes a la semana, el importe de las horas trabajadas en el día festivo o en el período de descanso semanal, incrementadas en un 75 por 100, como mínimo, salvo descanso compensatorio».

Po ese motivo, el portavoz de ASTSP ha asegurado que la posición del Supremo fue tajante cuando anuló algunos puntos del anterior convenio de 2016 al asegurar que «el problema que suscita el art. 44 del convenio surge de la doble remisión que efectúa, por un lado, al mencionado art. 47 del RD 2001/1983 y, por otro, al art. 42 del convenio. A tenor del primero, el trabajo efectuado en horas que debieran de haber sido de descanso se remunera con un incremento del 75%. Sin embargo, según el art. 42 del convenio, el precio de la hora extraordinaria no incluye un incremento retributivo».

Por ello, declaró la nulidad de dicha doble interpretación porque «no resulta admisible que el propio convenio acabe alterando ese marco mínimo, constituido por el incremento del 75%, mediante el mecanismo de remisión a la regulación del salario de las horas extraordinarias, cuando esta última no implica la fijación de unos importes que incorporen o superen dicho mínimo». 

Es decir, según García «el Supremo declaró taxativamente que las horas extraordinarias realizadas en tiempo de descanso y que excedan el cómputo establecido en el convenio habrán de pagarse con un incremento del 75% sobre el valor de la hora ordinaria, sin que quepa la menor interpretación o confusión respecto a ello en el articulado del nuevo convenio».

«Pues bien, el nuevo convenio firmado por la patronal y algunos sindicatos copia literalmente esos mismos artículos del convenio anterior, que fueron objeto de nulidad por el Tribunal Supremo, por lo que los hemos impugnado y hemos solicitado a Trabajo que los deje sin efecto, pues de lo contrario se estaría burlando la propia sentencia«, ha añadido García.

El nuevo convenio del sector de Seguridad Privada ha sido firmado por las asociaciones empresariales Aproser y Asecops, y los sindicatos FeSMC-UGT y FTSP-USO.

En esta reunión tomaron parte también las organizaciones sindicales ELA y CIG, «aun no siendo firmantes del Convenio».

También, según el documento al que ha tenido acceso este diario, fue convocado, pero no tomó parte en la reunión, el sindicato CCOO de Construcción y Servicios.

Se da la circunstancia de que el Supremo anuló varios artículos del anterior convenio laboral a instancia del sindicato CIG.

Según ASTSP, a este convenio estarán acogidos un total de 84.000 trabajadores de la seguridad privada.