El Heraldo del Henares
La Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Guadalajara, Rocío Rojo, ha archivado la denuncia presentada por la asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, Acodap, por un supuesto delito de prevaricación contra los dos últimos alcaldes de Azuqueca, los socialistas Pablo Bellido y José Luis Blanco, al entender que los hechos denunciados presentaban ‘irregularidades administrativas’ pero sin ánimo de ‘dolo’.
Según la documentación a la que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES, Acodap interpuso una denuncia contra Bellido y Blanco por la adjudicación a dedo de la representación letrada del Consistorio azudense al despacho del exalcalde de Guadalajara y exsenador del PSOE, Javier de Irízar, «sin tramitar expediente de adjudicación, de forma verbal y sin control financiero».
Un sistema de adjudicación que tuvo un importante sobrecosto para las arcas municipales, ya que según los datos del propio Ayuntamiento de Azuqueca remitidas a Acodap por orden del Consejo Nacional de Transparencia, entre 2015 y 2019 los alcaldes Bellido y Blanco ordenaron pagos al despacho de Irízar sin que mediara concurso público por importe tota de 424.774,82 euros (IVA incluido). En la actualidad, el contrato de defensa legal anual adjudicado por concurso público ronda los 50.000 euros al año.
Así, solo en 2015 se contabilizan decenas de facturas por multitud de importes diferentes, que van desde los 181,50 euros por un estudio sobre reclamación patrimonial, a 20.320,55 euros por contestar a una demanda.
«En la mayoría de los casos, además, las facturas expedidas constaban con la anotación de un descuento por ‘habitualidad’ del 30 por cierto, lo que nos indica ya una continuidad en la adjudicación de estos servicios a este bufete antes de 2015″, según Acodap.
En 2016, se dieron presentaron al cobro también numerosas facturas, entre ellas una por importe de 12.033,60 € por contestar a una demanda, que aún así le salió ‘barata’ al Consistorio, ya que ya llevaba incluida el mencionado 30% de descuento por ‘habitualidad’ en los encargos.
En 2017, entre varias facturas se encuentran algunas como una de 14.573,83€ por un contencioso; en 2018 otra de 9.658,72€ por contestación a una demanda contenciosa; y en 2019, último año del que ha informado el Consistorio azudense, con apenas unas pocas facturas, este despacho y asociados facturaron un total de 50.252,29 euros: 13.781,67 € por una contestación demanda de lo Contencioso; 21.780 € por una oposición a apelación y 9.300,89€ por una contestación apelación, entre otras.
En total, en 2015, con pleitos encargados en los años anteriores por el equipo de Gobierno presidido por el propio Pablo Bellido, y los encargados por José Luis Blanco, el importe facturado al Ayuntamiento sería según esta asociación de 101.203,04 euros; en 2016 la suma es de 119.026,51 euros; en 2017 la de 68.592,1 euros; en 2018 un total de 85.700,88 euros; y, de enero a octubre de 2019, la suma sería de 50.252,29 euros. Total: 424.774,82 euros.
La fiscal citó a declarar a Bellido, Blanco e Irízar
Pues bien, una vez recibida la denuncia, la Fiscalía pidió un informe al Secretario Interventor para conocer todos los expedientes de pago a despachos de abogados por representación jurídica del Ayuntamiento.
Además, se tomó declaración a la nueva secretaria municipal, quien señaló que ahora sí se estaban tramitando los expedientes de gastos de abogado como establece la normativa legal y que «desconocía por que no se hizo con anterioridad», cuando, según esta funcionaria, «bastaba el decreto del alcalde aprobando el gasto y la factura».
Posteriormente, se ofreció la posibilidad a Bellido de personarse en las actuaciones debido a su condición de aforado como actual presidente de las Cortes de Castilla La Mancha.
Bellido, no obstante, se acogió a su privilegio como aforado y optó por presentar por escrito sus alegaciones. El actual secretario provincial del PSOE y presidente de las Cortes de Castilla La Mancha entregó un escrito a la fiscal en el que manifestó que los gastos adjudicados a Irízar no fueron impugnados en ningún momento por los funcionarios ni por la Junta de Gobierno Local que él mismo presidía: «Todas las designaciones de abogados eran avaladas por el secretario municipio y con la actuación de la Interventora municipal».
Por tanto, según Bellido, que es licenciado en Derecho, quien aprobaba las facturas «era la Junta de Gobierno municipal«, sin que ni la secretaria o Intervención pusieran reparos a dichas facturas.
La Fiscalía también recibió declaración al propio Irízar y varios de los profesionales de su despacho que aparecían en la relación de facturas, manifestando que aunque algunas facturas excedieran la cuantía de 15.000 o 18.000 euros, según la nueva interpretación legal publicada en el BOE de 7 de marzo de 2019, «entiende que pueden contratar si se trata de contratos independientes».
Por su parte, en su declaración ante la Fiscalía, Blanco aseguró que tras tomar posesión como alcalde (en junio de 2015), comprobó que «los servicios jurídicos los defendía el despacho de Irízar, que ninguno de los funcionarios puso ningún reparo».
No obstante, Blanco declaró que en julio de 2017 ya dictó la primera providencia de Alcaldía requiriendo al departamento de secretaría «para que normalice toda la contratación«, expediente que finalizó este año con la adjudicación al despacho de Paca Sahuquillo de toda la defensa legal municipal por 40.000€ (48.400€/año IVA incluido) para los pleitos destinados al orden Contencioso Administrativo y 3.500€/año (€ IVA incluido) los destinados al orden Social (Laboral). Es decir, menos de la mitad de lo que se llegó a pagar al despacho de Irízar en la mayoría de los años anteriores.
Una vez estudiada toda la documentación, según la Fiscalía el delito de prevaricación trata de «sancionar supuestos-límite en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano afectado o a la Administración Pública».
Además, según la Fiscalía, para que haya delito de prevaricación hay que «eliminar arbitrariamente la libre competencia en un injustificado ejercicio de abuso de poder», es decir, «no es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona»
Según el Decreto de archivo dictado por el ministerio público, para que exista el delito de prevaricación la autoridad o funcionario ha de dictar la resolución ilegal «a sabiendas» de que es ilegal e injusta, «con plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico».
Por ello, tras analizar todo el caso, la Fiscalía afirma que «no se aprecia intencionalidad maliciosa con relevancia penal en las contrataciones por parte de los alcaldes durante el periodo analizado», ya que las mismas venían realizándose sin que ni la Secretaria ni el Interventor pusieran reparos.
Y continúa la fiscal afirmando que exculpa a Bellido y a Blanco de la comisión del delito de prevaricación al no poder «afirmar que la actuación llevada a cabo para la contratación de los abogados haya sido con una intención deliberada y plena de conciencia de ilegalidad del acto realizado».
Y finaliza señalando que no existiendo dolo, se excluye el elemento subjetivo del tipo penal, faltaría ‘a sabiendas’, sin perjuicio de las irregularidades administrativas que como se ha hecho referencia, en la actualidad ya han sido corregidas».
Con esta resolución, finaliza el trámite en la Fiscalía provincial de Guadalajara. No obstante, tanto Acodap como los partidos de la oposición más beligerantes en este asunto en el Ayuntamiento de Azuqueca, IU y el PP, pueden acudir ahora a la jurisdicción ordinaria (el juzgado de Guardia), para presentar denuncia si no estuvieran de acuerdo con este archivo.
