Veinte años en los que AMFAR reivindica los derechos de los casi seis millones de mujeres rurales españolas, su papel en la sociedad rural, en la actividad agraria y en el protagonismo que deben tener, junto con los jóvenes, en el diseño e implantación de las políticas de desarrollo rural.
En la actualidad, el despoblamiento y la falta de relevo generacional en el campo se han convertido en dos graves problemas que afectan a nuestro mundo rural y que pone en el punto de mira a las mujeres rurales. Nuestra España rural pierde cinco habitantes por hora. En los últimos tres años, la población rural española ha descendido a un ritmo de 45.000 habitantes cada año.
De los más de 8.000 municipios que hay en España, más del 60% se encuentran gravemente amenazados por la extinción demográfica, ya que no solo pierden habitantes, sino que registran tasas nulas de natalidad desde hace incluso décadas.
El fenómeno de la despoblación se agrava con el envejecimiento progresivo de las localidades más pequeñas, ya que según los datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuantos menos habitantes tiene una localidad, más alta es la media de edad de sus habitantes.
Por ello, se hace necesario un nuevo modelo de política que fomente la valorización de nuestro medio rural que está pidiendo a gritos la presencia de mujeres y jóvenes para garantizar su supervivencia. Políticas que garanticen la existencia de servicios sociales, un adecuado desarrollo de las nuevas tecnologías, que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que generen empleo de calidad y que fomenten la incorporación de mujeres y jóvenes a la actividad agraria y al emprendimiento, con la finalidad de crear empleo, riqueza, frenar la despoblación y fijar a sus habitantes.
La importancia del medio rural español, que supone casi el 90% de la superficie de España, se traduce en la gestión del territorio, en la producción de alimentos de calidad, en la seguridad alimentaria, en el cuidado de los recursos y del medio natural, en la conservación del patrimonio cultural y arquitectónico, de su historia y tradiciones, que constituye la parte más importante de nuestra identidad.
En este contexto, se hace esencial la visibilidad de los casi 6 millones de mujeres rurales españolas que son vitales para la diversificación económica, para la vertebración territorial y para la generación de empleo y riqueza, y para ello deben ser el centro de las políticas de desarrollo rural.
Debemos aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y conseguir su independencia económica, reducir las diferencias retributivas entre mujeres y hombres, impulsar la igualdad en la toma de decisiones, promover el equilibrio entre responsabilidades familiares y profesionales, acabar con la violencia sexista que ataca gravemente a las mujeres del medio rural; así como proteger y ayudar a las víctimas.
Son muchos los retos que nos quedan por alcanzar, las mujeres rurales españolas estamos decididas a salvar nuestro medio rural, prueba de ello es que la actividad económica de las mujeres alcanza cada vez mayores porcentajes. En el último año, las emprendedoras rurales han superado a las emprendedoras urbanas, ya que el 54% del emprendimiento ha estado liderado por mujeres rurales frente a un 30% de mujeres urbanas. Sin embargo esta apuesta del colectivo femenino rural se ve frenado por la falta de infraestructuras, comunicaciones deficientes, carencia de nuevas tecnologías, necesidades formativas y una sociedad condicionada por arraigos y mentalidades más tradicionales.
En este Día Mundial de la Mujer Rural, queremos animar a las instituciones y a la sociedad en su conjunto a que nos acompañen en los grandes retos que tenemos por delante, para recuperar el 90% de la superficie española, valorizar nuestro medio rural y fortalecer la presencia y participación de las mujeres rurales en todas las esferas de la sociedad.
Por último, no quiero dejar pasar esta ocasión, para felicitar a todas las mujeres rurales españolas, por su coraje, valentía y defensa de sus derechos e intereses que suponen el bienestar de toda la ciudadanía.
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