La Fiscalía pide 8 años de cárcel para Juan Antonio Ibáñez, exconsejero de Urbas, por diversos delitos societarios

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ocho años y tres meses de prisión para el presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, y ocho años de cárcel para su antecesor en el cargo, el alcarreño Juan Antonio Ibáñez, por supuestos delitos societarios y contra el mercado en la ampliación de capital de julio de 2015.

En una nota de prensa emitida este viernes por el Ministerio Público y que recoge ElConfidencial.com, la Fiscalía pide que ambos indemnicen a la compañía con 10,8 millones de euros y que se anule dicha ampliación.

A su vez, reclama penas que oscilan entre los seis años y los 10 meses de prisión para otras 12 personas por los mismos hechos.

El pasado octubre, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama puso fin a la instrucción, iniciada en 2017 a raíz de la querella de Anticorrupción, sobre las supuestas irregularidades en la operación ejecutada por un importe de 384 millones de euros, que se aportaron mediante activos presuntamente «sobrevalorados» de Aldira Inversiones Inmobiliarias.

Según informó en su momento el diario Lainformacion.com, Urbas Proyectos Urbanísticos y Urbanizaciones y Transportes, se constituyó el 20 de octubre de 1944, con sede en Barcelona, por un grupo de reconocidos e importantes hombres de negocios y expolíticos simpatizantes del franquismo.

Era una empresa dedicada fundamentalmente al desarrollo de planes urbanísticos y a la gestión de aparcamientos, pero extendía sus actividades a los servicios de control aéreo para el ejército, fabrica equipos médicos y productos de corcho.

Según dicho diario digital, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propuso juzgar al presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, a su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez, y a otras 14 personas físicas por presunta estafa y delito societario en la ampliación de capital de julio de 2015.

El auto también se dirigía contra Urbas en calidad de persona jurídica y puso fin a la instrucción -iniciada en 2017 a raíz de la querella de la Fiscalía Anticorrupción- sobre las supuestas irregularidades en la operación ejecutada por un importe de 384 millones de euros, que se aportaron mediante activos «sobrevalorados» de Aldira Inversiones Inmobiliarias.

Según explicó el magistrado, la ampliación tenía como objetivo absorber a Aldira, una sociedad de «nueva creación titular de inmuebles adquiridos poco tiempo antes mediante aportaciones por otras sociedades» a través de una «adquisición inversa de combinaciones de negocio».

«Ciertamente el engaño es el nervio y alma de la infracción», apuntaba entonces el magistrado, que veía indicios de delito en la estrecha vinculación entre las mercantiles con carácter previo a su integración, ya que los accionistas mayoritarios de ambas son «las mismas personas».

Tanto es así que muchos de los administradores que firman las cuentas anuales de Urbas de 2014 están vinculados con las sociedades aportantes a Aldira. De hecho, desde el mismo momento de su constitución, Aldira estuvo «total y permanentemente vinculada» a los socios mayoritarios y administradores de Urbas, que figura como administradora única desde el 24 de abril de 2015.

Ello se une la «grosera sobrevaloración» de los inmuebles contenida tanto en los informes emitidos por el Consejo de Administración de Urbas como de la firma asesora Grant Thorton, contra la que también se dirige el procedimiento, añadía el magistrado en el auto que ponía fin a la instrucción. Ahora, el fiscal se adhiere a esta resolución, acusa a Ibáñez y pide para él un total de ocho años de cárcel.

El caso Urbas estalló el 13 de septiembre de 2017 con los registros de las sedes de la compañía en Madrid y Guadalajara.

Guadahermosa, propiedad de Javier de Irízar y Juan Antonio Ibáñez, pasó a controlar URBAS

Cotizó muy pronto en bolsa, pero casi 50 años después de su fundación y con muy poca actividad y escasos activos, pasó a ser controlada por una inmobiliaria alcarreña, Guadarhermosa, que acababan de fundar el exalcalde de Guadalajara, Javier de Irízar, y un par de socios más, uno de ellos Juan Antonio Ibáñez, economista y hasta ese momento empresario implicado en proyectos varios. No hizo falta gran aportación de capital. Nacía así Urbas-Guadahermosa (2006-2011).

Irízar, alcalde de Guadalajara de 1979 a 1987 y senador durante casi doce años, era el presidente no ejecutivo, e Ibáñez el consejero delegado que ordenaba y mandaba en la gestión de la empresa.

El tándem funcionó bien durante la segunda parte de la década de los noventa y el inicio del nuevo siglo, en plena salida de una crisis dura (la del 93) y con un mercado inmobiliario en pleno desarrollo y expansión.

Finalmente, discrepancias internas, hicieron que Irízar abandonara el proyecto en 2008 para retornar a la abogacía y, sobre todo, a la política, para poder seguir manejando los hilos internos del PSOE de Guadalajara desde su despacho.

Otro abogado alcarreño, Luis Ramos Atienza, también figura en el organigrama de Urbas como consejero, según la web de la propia compañía. 

Con tentáculos en medios de comunicación de Guadalajara

Durante algunos años, Urbas-Guadahermosa intervino en el control de varios medios de comunicación alcarreños, entre ellos El Decano de Guadalajara o Canal 19 de Tv, esta última junto a socios como Juan José Cercadillo y Javier Solano.