El Heraldo del Henares
El ordenamiento jurídico vigente en nuestro país defiende la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad privada. No obstante, una reforma legal de 2015, en lo más álgido de la crisis económica, rebajó la calificación del delito de ocupación o usurpación de vivienda, que pasó de ser un delito grave penado con cárcel a ser un delito leve para el que solo se prevén penas de multa que pueden ser sustituidas por arresto domiciliario.
Crónica y fotografías de Redacción/Ángela Hornero Calvo.
En aquel momento, se trataba de permitir que miles de familias desahuciadas por impagos o ejecuciones hipotecarias quedaran de golpe en la calle, lo que hubiera supuesto una crisis humanitaria y social de hondo calado, a la vista de la insuficiencia de oferta de vivienda pública en manos de las Administraciones Públicas para solventar estos casos.
Lo que en un primer momento se alentó como un derecho básico de las familias a una vivienda digna, aunque fuera por la vía de hechos consumados, ‘no pago pero no me voy de casa, o si me echa el juzgado al día siguiente ocupo otra vivienda vacía, preferiblemente de un banco‘, -algo que aún hoy se sigue viendo como un acto de justicia poética o rebeldía, en vez de como un delito que atenta contra la seguridad jurídica del conjunto de los españoles-, en la actualidad se ha convertido en un gravísimo problema que afecta a miles de ciudadanos en toda España. Problema de inseguridad jurídica que en la actualidad se ha visto agravado con la entrada en el Gobierno nacional de un partido como Podemos que de una forma u otra ha fomentado la ocupación de viviendas.
De hecho, nuestro país, junto a Portugal, son los dos países de la Unión Europea con más índice de denuncias por ocupación ilegal ilegal de viviendas.
Hoy día, miles de viviendas son ocupadas impunemente por mafias que arriendan los inmuebles a delincuentes y personas sin escrúpulos que hacen la vida imposible a barrios enteros o pequeños municipios.
La vía judicial es una solución, más bien, lenta en este tipo de casos. A diferencia de otros países europeos, como es el caso de Holanda donde basta con una sola denuncia del propietario para que mediante una autorización judicial se desaloje el inmueble.
Además, por internet circula un ‘manual de okupación’ con consejos para abrir cerraduras, ‘pinchar’ la luz y el agua, recomendaciones a seguir y advertencias legales. En este manual se utilizan frases como “que la policía no vea a los compas que estén pinchando la luz, pues se trata de un delito tipificado en el Código Penal” o “cuantas más personas haya dentro, más se lo pensarán ‘los malos’ para entrar a saco”.
La mafia de la okupación
Esta situación es la que viven desde hace más de cuatro años los vecinos del municipio alcarreño Horche. A pesar de las constantes denuncias ante la Guardia Civil, según han confirmado los propios vecinos a EL HERALDO DEL HENARES, hay más de 35 domicilios ocupados en el camino de Lupiana y la travesía las Canteras, del municipio horchano.
Se trata de un edificio donde el propietario de la mayoría de los pisos es Caixabank. En un principio, esta entidad puso en marcha el llamado fondo social de viviendas, o alquiler social, con el propósito de ayudar y ceder la vivienda a familias y jóvenes por un pago reducido. Sin embargo, se dejó de hacer esta obra social y muchas personas decidieron quedarse, pero dejar de pagar.
Según estos vecinos, al principio se trataba de familias que apenas daban problemas a la convivencia, pero últimamente estos vecinos han afirmado que ha comenzado a llegar al pueblo una ‘mafia okupa de familias’, la mayoría de etnia gitana, que generan problemas.
Juan Manuel Moral, alcalde de Horche, ha explicado a este diario que “por parte de las entidades financieras no están tomando realmente las medidas que deberían tomar”.
Desde entonces, los problemas de Horche se han multiplicado, ha comenzado a llegar gente cada vez más conflictiva, ha aumentado la delincuencia, la falta de civismo y los robos en establecimientos del pueblo… Todo ello acompañado de una gran inseguridad ciudadana.
Según han informado estos mismos vecinos, que han preferido mantener el anonimato por miedo a las represalias, “muchos vecinos de alrededor de la zona ocupada tienen que contratar el mínimo de luz y electricidad porque los moradores no deseados también les ‘pinchan’ la luz. Además algún residente se ha visto obligado a dejar sus casas por los problemas de convivencia”.
Llevan tiempo en busca de una solución, se han recogido firmas y han organizado manifestaciones, pero todo sin obtener resultados.
Según Moral, “estamos apretando de alguna manera a las entidades financieras para que todas las propiedades que ellos tengan y que estén ocupadas, estén denunciadas. El único que puede denunciar es el propietario y el único que les puede echar es el juez. Entonces los ayuntamientos dentro de nuestras competencias en ese tema estamos muy limitados, es que no podemos hacer absolutamente nada”.
Asimismo, numerosos vecinos se han unido en la plataforma ‘Nosotros somos más’, que pretende acabar con este problema. Entre sus primeras peticiones está que que se refuercen las medidas de seguridad, ya que son insuficientes.
También piden mayor presencia de la Guardia Civil en las calles afectadas e informar mensualmente al ayuntamiento del número de denuncias ciudadanas.
Según han informado estos vecinos a este diario, la presencia policial en la zona suele ser escasa. De hecho, si la denuncia se produce en fin de semana, cuando llegan los agentes desde Guadalajara los incidentes ya han terminado, por lo que no se pueden levantar actas de infracción. Estos mismos vecinos han añadido que en numerosas ocasiones, sobre todo en verano, no se llega a enviar a los agentes a pesar de ser requeridos.
Y es que, como se comprueba en el vídeo remitido a este diario por los propios vecinos de las calles afectadas, los propios no se esconden a la hora de realizar sus amenazas a quienes los denuncian.
Desde la subdelegación del Gobierno tan solo se ha informado a este diario de que se están reforzando las medidas de seguridad para intentar garantizar la convivencia pacífica en el municipio, pero no se ha desvelado el número de denuncias interpuestas por este motivo, algo que según los propios vecinos de Horche ‘es altísimo’.
Estos vecinos han finalizado asegurando que una de las soluciones sería endurecer las penas ante este delito y efectuar un cambio en el ordenamiento jurídico para que el movimiento okupa no disponga de tanta impunidad ante este tipo de actos.
Gracias por poner el foco en este problema que afecta a un municipio.
El pieza que amenaza de muerte con total impunidad sigue campando a sus anchas por el pueblo.
A pesar de que está tipificado en el código penal para esta gente se conoce que no aplica.
@heraldodelhenares gracias por haceros eco de la situación.
Mientras no se vacíe ese edificio y otro cercano que también está ocupado, hay peligro de que pase cualquier cosa. El de las amenazas sigue paseando por el pueblo y te mira desafiante cuando se cruza contigo. Si están esperando a que el propio pueblo lo solucione, luego los perjudicados serán los propios vecinos en lugar de esta gentuza, que campa a sus anchas sin seguro en el coche, con drogas y armas en los bolsillos, pero a los que nadie para a hacer un registro.
En el vídeo de ese ser se ven y escuchan nítidamente insultos,vejaciones y amenazas de muerte contra todo un pueblo mediante difusión pública, delitos gravísimos, y hasta el día de hoy día 20/5/21 tras más de 10 días de los presuntos y fehacientes delitos NO se tienen noticias de su detención por los hechos.
¿A qué se dedica la Fiscalía y la Guardia Civil de Guadalajara además de a lo gran desconocido?,pues a ello,mientras, sus empleadores-ciudadanos trabajadores pagan sus buenos honorarios para ello.