El Heraldo del Henares
El desahucio de una de las viviendas ocupadas en el municipio de Horche que estaba previsto para ayer martes tuvo que ser suspendido tras la incomparecencia de la autoridad judicial.
Según han informado a EL HERALDO DEL HENARES algunos de los vecinos afectados por estos ocupas, se trata de una vivienda de la calle del Lobo, concretamente el piso 1º derecha del bloque 11A.
Crónica de Ángela Hornero
Estos vecinos han añadido que por el momento se desconoce cuándo se volverá a señalar este lanzamiento y han lamentado que al suspenderse no se haya podido instalar una puerta antiokupa en la vivienda. Este tipo de puertas impiden que según se desaloja una vivienda se pueda volver a ocupar.
Este desalojo era consecuencia de una sentencia condenatoria por un delito leve de usurpación, pero que al suspenderse y no tener constancia de la nueva fecha de lanzamiento, el mismo podría ser ocupado por terceras personas.
En este contexto, los vecinos de este municipio han manifestado que están hartos y que muchos han tenido que mudarse de sus casas «porque no aguantaban más estos problemas de convivencia«.
Han asegurado que su indignación se dirige «a todos los que consideran responsables de la situación como son Caixabank, las leyes que continúan amparando al ocupa, la policía o los jueces que tramitan muy lentamente estos juicios de ocupación».
Se tratan de aproximadamente unas 60 viviendas ocupadas y esta cifra continúa creciendo. El malestar entre los vecinos del pueblo viene causado por el aumento de la delincuencia, los robos en establecimientos, las constantes amenazas, los intentos de agresión, el tráfico de drogas a plena luz de día, etc. Han asegurado que todos estos problemas suponen una creciente inseguridad ciudadana y enfrentamientos sociales.
Por ello, han añadido que «el pueblo de Horche está más unido que nunca frente a esta problemática, recogemos firmas y realizamos protestas, aunque sin resultado alguno».
El próximo 6 de agosto está convocada una nueva manifestación ante la sede central de Caixabank, en la calle Mayor del pueblo, tras la celebrada el pasado 26 de junio, que congregó a cientos de personas indignadas con la situación.
Estos vecinos han finalizado denunciando que «a pesar de que esta entidad bancaria es la propietaria de los inmuebles, no se puede desviar la atención del resto de responsables, como hemos mencionado anteriormente: las leyes, la policía, los jueces y, por supuesto, el actual Gobierno de España, quien continúa dejando clara su postura y protegiendo este tipo de actos. Su intención es prorrogar el Real Decreto de marzo, que debería finalizar el próximo 9 de agosto y que suspendía los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad. En definitiva, toda Europa endurece las leyes contra este tipo de actos, mientras que España las relaja».
