El Heraldo del Henares
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, órgano encargado de la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable de la Administraciones Públicas de España, ha abierto diligencias de Acción Pública para investigar el pago de cerca de 600.000€ a una veintena de funcionarios de la Diputación de Guadalajara que solicitaron la jubilación anticipada, tras la denuncia realizada por la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública, Acodap.
De acuerdo con la documentación que obra en poder de EL HERALDO DEL HENARES, Acodap presentó el pasado denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación, contra el Presidente de la Diputación de Guadalajara, el socialista José Luis Vega Pérez, la Diputada de Empleo, la también socialista Ángela Ambite, y varios funcionarios «que informan siendo parte interesada sobre el pago de determinados importes por jubilación anticipada».
Según Acodap, estos pagos se realizaron a 19 empleados «a sabiendas de que al menos dos sentencias del Tribunal Supremo de 2018 y 2019 determinan que los pagos aprobados por jubilación anticipada de funcionarios no son legales por no formar parte de las retribuciones legalmente tasadas para los funcionarios«.
La denuncia también recoge que «se aprobaron los pagos con efectos retroactivos» y que «se tramitaron y resolvieron los pagos a sabiendas de que el Plan de Ordenación del empleo no era eficaz por no publicarse en el BOP».
Ahora, el Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato ha notificado a Acodap que como consecuencia de la denuncia que interpuso tras conocer los hechos a través de este diario, «se ha incoado la Acción Pública nº 42/2021, en el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal».
Informes en contra de Intervención y del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha
Según la documentación a la que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES, la Diputación de Guadalajara, presidida por el socialista José Luis Vega Pérez, abonó cerca de 600.000€ a un total de 19 funcionarios que decidieron jubilarse de forma voluntaria antes de los 65 años. Y lo hizo, según esta documentación, amparándose en una norma que aún no estaba aprobada a la fecha de solicitud del retiro voluntario y con un informe en contra de la interventora de la institución y del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha.
Así, la diputada delegada de Empleo Público y Régimen Interno de la Diputación de Guadalajara del equipo de Gobierno de Vega Pérez, Ángela Ambite, autorizó, el pasado 8 de julio, el pago de 576.395,06 euros, en concepto de incentivos por jubilación anticipada de 19 funcionarios sobre la base de un informe del jefe de Personal que citaba una norma que no había sido ni aprobada ni publicada cuando lo elaboró.
De acuerdo con la documentación que obra en poder de este diario, dos de los 19 agraciados se jubilaron en 2018, otros dos en 2019 y los 15 restantes en 2020. Pertenecían a los grupos A1, A2, C1, C2 y E. Las cantidades a percibir han ido desde los 75.060€ brutos del funcionario que más indemnización cobró por jubilarse anticipadamente, pasando por los 33.314,45 o 23.230,83 euros, hasta los 1.806,19, la indemnización más baja.
El dictamen tuvo como origen en un informe previo de la Intervención de la Diputación de Guadalajara, en el que se mostraba contraria a estos pagos por jubilación anticipada: «Los incentivos a la jubilación voluntaria deben ser adoptadas dentro de un programa de racionalización y adecuación de los recursos humanos, en función de las necesidades de la Corporación, por razones de interés general, y no como un premio a favor de los empleados públicos», dejó por escrito la interventora de la institución provincial.
A raíz de esa disidencia, fue el Pleno de la Diputación el que, el 29 de septiembre de 2020, se dirigió al Consejo Consultivo pidiendo una aclaración.
«Cariz fraudulento» del pago con efectos retroactivos
Sin embargo, este consejo emitió el dictamen 28/2021, de 4 de febrero de 2021, en el que informaba de que «dichos planes o programas, por sus singulares características y naturaleza no podrían tener efectos retroactivos».
«A ello debe unirse el tangible cariz fraudulento que podría advertirse en el presente caso, en el que tan insólita anticipación de efectos resulta nítidamente asociable al propósito de esquivar los serios impedimentos legales que gravitan sobre la aplicación directa de las previsiones compensatorias del controvertido artículo 37.A), plasmados formalmente como reparo de fiscalización en el informe de la Intervención General de la Corporación Provincial de 8 de agosto de 2019″, detalló taxativamente el Consejo en contra de esta retroactividad de pagos, según el informe al que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES.
A pesar de todo ello, el equipo de Gobierno de Vega Pérez decidió efectuar el pago a los 19 funcionarios, que ha costado a las arcas de la institución provincial cerca de 600.000 euros.
