El Consejo Nacional de Transparencia y Buen Gobierno, órgano independiente nombrado por el Gobierno de España para promover la transparencia de la actividad pública y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ha emitido una resolución en la que reitera por segunda vez al Ayuntamiento de Torrejón del Rey que tiene que entregar la documentación solicitada por la asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, Acodap, y que le fue denegada mediante silencio administrativo por el consistorio torrejonero.
De persistir esta negativa, el propio Consejo ha advertido al consistorio torrejonero que será incluido en la web institucional como «incumplidor» en materia de Transparencia, además de otras actuaciones.
Según ha informado a EL HERALDO DEL HENARES fuentes de Acodap, promotora de la iniciativa ante el Consejo de Transparencia, «el Ayuntamiento de Torrejón del Rey, sin fundamento alguno, se negó a aportar documentación sobre las contrataciones de abogados y procuradores a cargo del Consistorio».
Por ello, en diciembre de 2020 el Consejo dictó una nueva resolución en la que instaba al Ayuntamiento torrejonero, presidido entonces por la socialista Bárbara García Torijano, en aquella época también diputada provincial en el equipo de José Luis Vega, y posteriormente designada consejera de Bienestar Social de la Junta por Emiliano García Page, «a facilitar al reclamante, en el plazo máximo de veinte días hábiles, la copia digital de los expedientes administrativos de contratos de letrados y procuradores, menores y no menores, desde 1 de enero de 2015″.
Además, dio otro plazo de veinte días al Consistorio para que remitiera al propio Consejo copia de la información remitida al reclamante, a fin de confirmar que se ha cumplido su resolución.
Pues bien, ni una cosa ni la otra cumplió García Torijano, por lo que Acodap recurrió de nuevo al Consejo Nacional de Transparencia, que en junio de 2021 dictó una nueva resolución por la que reiteraba al ayuntamiento torrejonero para que cumpliera con su obligación de entregar la documentación solicitada por dicha asociación contra la corrupción.
Sin embargo, este requerimiento también fue desoído por la nueva alcaldesa de Torrejón del Rey, Isabel García Arranz, que sustituía en el cargo a García Torijano tras la marcha de esta a Toledo como consejera de Bienestar Social, por lo que Acodap volvió a recurrir al Consejo de Transparencia.
Ahora, este Consejo ha vuelto a dictar un nuevo requerimiento formar al consistorio torrejonero para que cumpla con la ley y entregue la documentación solicitada, «advirtiéndole de que, en caso contrario y sin perjuicio de otras actuaciones, procederemos a hacer público el incumplimiento de lo requerido en la página web institucional de este Consejo con ocasión de la próxima actualización de sus contenidos».
Según ha informado a este diario el portavoz de Acodap, Fernando Jabonero, «este tipo de actitud obstruccionista en materia de transparencia que ejercen algunos alcaldes de la provincia es de todo menos un ejercicio democrático de la actividad pública».
Numerosas contrataciones a dedo de abogados
Fuentes de Acodap han manifestado en reiteradas ocasiones a este diario que «desgraciadamente los alcaldes todavía no han asimilado la importancia democrática de la transparencia en la contratación».
Según esta asociación contra la corrupción, «resulta sorprendente el papel de los secretarios municipales que saben que la información que ha de figurar expuesta en la web municipal no aparece ni se la espera; es el caso de los contratos menores, uno de los capítulos más destacados de la corrupción municipal».
Además del caso concreto de esta solicitud al Consejo de Transparencia por el caso de Torrejón del Rey, los ‘abogados de confianza’, «a los que uno tras otro se les asignan la representación letrada en juicios de Ayuntamientos como Mondéjar, Cabanillas del Campo, Pastrana o Azuqueca de Henares. En este último municipio se iniciaron en el mandato del entonces alcalde Pablo Bellido.
Se da la circunstancia, según Acodap, de que buena parte de los ayuntamientos que han negado información a Acodap y han sido obligados a ello por el Consejo Nacional de Transparencia, están presididos por personas de confianza de Bellido.