El Heraldo del Henares
Allá por el año 2015 el concejal azudense del área económica del gobierno de Bellido, José Luis Blanco, ahora
actual Alcalde, insistía en el firme compromiso del equipo de Gobierno de defender cada euro de los vecinos y vecinas de Azuqueca. Cuánto ha llovido desde estas declaraciones hasta ahora. Lo curioso es que no ha transcurrido tanto tiempo.
Siempre se hablaba de la deuda, nunca de la cantidad. El Alcalde Bellido jamás explicó por qué se negaba a entregar a la oposición un documento oficial (firmado por él, por la intervención municipal o por el concejal de hacienda, tanto da) en el que se detallara la cantidad que nos adeudaba la Junta de Comunidades, cuáles eran los conceptos en que se dividía y cómo variaban con el transcurrir del tiempo, mayormente para saber de lo que hablábamos.
El Portavoz del grupo municipal de IU en aquel momento, Emilio Alvarado, (en la imagen de la izquierda) llevaba meses pidiendo tal documento, con nulo éxito, porque lo más fue que el señor Bellido le entregara un anónimo, sin firma ni membrete, en el que aparecían unas cantidades que podían ser o no. No supimos si la deuda que reclamaba el señor Alcalde, que estimaba en diez millones de euros, era cierta o no. Ni siquiera supimos si la cantidad que reclamaba era oficial, porque el señor Alcalde se negaba a dar explicaciones. Luego quería que en Toledo le tomaran en serio. Eso sí, posó ante todos los medios de comunicación de la provincia con un cartel en el que decía: «Cospedal debe a los vecinos de Azuqueca 10.000.000 €».
Su responsable económico entonces, el señor Blanco, recordaba que el Ayuntamiento había denunciado al Gobierno regional en los tribunales por la negativa a pagar una deuda que ascendía a 425.430 euros de programas de empleo. “Si tenemos que hacer eso con cada euro que nos deba, lo haremos, porque no es un dinero que el Gobierno regional adeude al concejal de Hacienda o al alcalde, sino que se lo debe a cada uno de los azudenses y por eso vamos a defender cada céntimo”, afirmaba el edil. Cuánta contundencia.
José Luis Blanco lamentaba que Cospedal “y sus cómplices estuvieran creando un escenario con mentiras en los medios de comunicación para intentar no pagar a Azuqueca” y recordaba que la deuda de la Junta con Azuqueca cuando llegó Cospedal al Gobierno ascendía a 3,5 millones de euros, “una cuantía que había ido aumentando hasta llegar a rondar los diez millones de euros porque Cospedal decidió cerrar el grifo a los vecinos de Azuqueca”.
Sin embargo, las elecciones autonómicas del 2015, esas que dieron el triunfo a Emiliano García-Page para estar el frente de Ejecutivo, marcó un antes y un después sobre el asunto de la deuda que la Junta de Comunidades mantenía con nuestro municipio. Nunca más se supo de qué pasó con esos casi diez millones de euros porque el gobierno de Blanco decidió mantener el más absoluto silencio.
Sin embargo, desde la oposición no nos hemos olvidado de ello porque es nuestra obligación defender los intereses de los azudenses.
Fue en el último Pleno cuando a raíz de una moción presentada por nuestro grupo para exigir a García-Page el cumplimiento de sus promesas electorales (Antiguo Centro de Salud, gimnasio del CEIP Maestra Plácida Herranz, etc.), nos enteramos de en qué situación se encontraba la deuda que la Junta de Comunidades tiene con Azuqueca. Fue la portavoz del grupo socialista, la señora Bravo, la que afirmaba con total rotundidad que esa deuda ya había sido abonada en su totalidad. Asombroso que una deuda de diez millones de euros, generada durante años, haya sido abonada en los dos que llevamos de legislatura. Cuánta eficacia en tan poco tiempo.
Lo celebramos, como no podía ser de otra manera. Por esta razón exigimos en la misma sesión plenaria que el gobierno de Blanco nos facilitara cuanto antes un documento oficial, firmado por el departamento técnico correspondiente en el que se detallara la cantidad abonada por la Junta de Comunidades y en qué conceptos para saber de lo que hablamos. Sin embargo, tanto la señora Bravo como el Alcalde Blanco, hicieron lo que se suele hacer en el mundo teatral y en la vida diaria: mantenerse en silencio intentando que nadie se apercibiera de tal acto. Vamos, lo que conocemos coloquialmente como «mutis por el foro». Qué vergüenza de gobernantes.
Estamos cansados de que este gobierno diga una cosa y haga otra. Desgraciadamente, en este país los gobernantes no parecen incurrir en mayores costes cuando mienten, o cuando prometen lo que todos saben que no se cumplirá o describen la realidad de manera que nada tienen que ver con lo que de verdad sucede. Esta tolerancia ha hecho que en algunos países la complacencia del público con las flagrantes mentiras de los gobernantes o con la hipocresía de los políticos alcanza niveles insólitos. Nos hemos acostumbrado tanto a que nos mientan que ya no nos importa; es parte de un juego. Pero es peligroso acostumbrarse tanto.
No, ni vamos a entrar en ese juego y ni nos vamos a acostumbrar. Le volvemos a recordar al señor Blanco y a su grupo que donde hay ocultamiento de la acción de gobierno hay ignorancia colectiva que engendra desconfianza y cinismo hacia lo público, manipulación de la ciudadanía y falta de control de la actividad política.
Es el control popular sobre el gobierno un medio eficaz para luchar contra la corrupción que corroe nuestra sociedad, pero desgraciadamente, una vez más queda demostrado que no es una de las prioridades de este gobierno el mantener informada a la ciudadanía ni a los grupos de la oposición, que también son representantes de los vecinos, por mucho que le desagrade.
Esperamos que el señor Alcalde cumpla con su obligación de facilitarnos la información solicitada.
María José Pérez, portavoz del Grupo Municipal de IU Ahora en el Ayuntamiento de Azuqueca
NOTA DE LA REDACCIÓN:
EL HERALDO DEL HENARES acepta el envío de cartas y artículos de opinión para ser publicados en el diario, sin que comparta necesariamente el contenido de las opiniones ajenas, que son responsabilidad única de su autor, por lo que las mismas no son corregidas ni apostilladas.
EL HERALDO DEL HENARES se reserva la posibilidad de rechazar dichos textos cuando no cumplan unos requisitos mínimos de respeto a los demás lectores o contravengan las leyes vigentes.
