El Heraldo del Henares
José, vamos a llamarlo así para proteger la identidad de su hijo menor de edad, es un padre que lucha desde hace más de 14 años, ya no, afortunadamente, por la custodia de su hijo, sino por que se haga justicia al daño que han causado al menor desde diferentes instituciones públicas de Guadalajara, a quienes este padre acusa de no haber velado por el bien superior del menor.
Crónica de Ángela Hornero Calvo
Todo comenzó en 2007 cuando, según ha contado en exclusiva José a EL HERALDO DEL HENARES, la madre secuestró al niño y lo retuvo en Polonia, lugar de nacimiento materno, durante un año. “Por suerte la justicia polaca actuó inmediatamente, obligando a la madre a devolver a mi hijo a Guadalajara”, según cuenta José.
Lo que no sabía este padre es que, a pesar de esta resolución, su pesadilla no hacía más que comenzar. Cuando llegaron de Polonia a Guadalajara, José intentó regularizar la custodia del niño, pero la madre criminalizó el proceso civil al interponer una denuncia falsa, contra él por supuestos malos tratos. “Una vez más se repetía la historia que todos ya conocemos y que gracias al caso de Juana Rivas despertó la conciencia de millones de personas: no se es maltratador solo porque lo diga la mujer, sino solo si lo dice una sentencia judicial, aunque la nueva legislación española casi confiere el carácter de cosa juzgada a las simples denuncias de las madres”, lamenta este padre.
A pesar de sus antecedentes de secuestro y de que dicha denuncia fue archivada, la madre consiguió la custodia exclusiva del menor. Como argumentos de la juez para ello, la juez lo justificó en base al vínculo creado durante los tiempos que el menor había estado ‘secuestrado’ por la madre y separado del padre mientras se tramitaba la que luego se demostró denuncia falsa de la madre.
Y eso en contra del criterio del ministerio Fiscal, en cuyo informe dejó por escrito que “la presente denuncia no obedece a una situación real de malos tratos y que por parte de la denunciante se está haciendo un uso torticero del procedimiento penal”. No obstante, a pesar de tener tan claro el ministerio público que se trataba de una denuncia falsa de la madre, no pidió deducir testimonio contra ella y juzgarla por ello.
AÑADIR FOTO 1:USO TORTICERO
A causa de esta denuncia, padre e hijo tuvieron que relacionarse a través del Punto de Encuentro Familiar de Guadalajara, lo que, según José, provocó un gran trauma en el menor.
Además, según ha denunciado este padre a este diario, “desde el Punto de Encuentro se actuó de forma negligente, por ejemplo, ocultando información referente a la madre en los informes que elaboraban”.
Por este motivo, decidió denunciar dicho Punto de Encuentro ante la consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla La Mancha. Pero este departamento regional contestó que “el Punto de Encuentro había actuado correctamente”, por lo que José no tuvo más remedio que acudir al Defensor del Pueblo. Este último organismo estimó que “ni el Punto de Encuentro ni la consejería velaron por el interés superior de mi hijo”.
En base a ello,aunque se mantuvieron las medidas cautelares y la custodia en exclusiva para la madre, el régimen de visitas dejó de ser a través del Punto de Encuentro Familiar.
Durante varios años, desde 2013 hasta 2018, el padre trató de mantener un trato cordial, por el bien del menor, y donde prácticamente se mantenía una custodia compartida, por lo que intentó llegar a un acuerdo amistoso para dejar por escrito lo que ya se hacía de hecho, pero la madre se negó a ello.
Por este motivo, en 2018 José intentó obtener la custodia compartida del menor por la vía judicial, mediante una demanda de modificación de medidas civiles, donde José incluso daba por bueno que la madre siguiera haciendo uso de la vivienda de la que es único titular él mismo, además de recibir una pensión alimenticia.
A raíz de la demanda, la madre comenzó a limitar la relación del menor con su padre, además de “llevar a cabo una enorme campaña de manipulación sobre el niño”, según denunció José ante el juzgado, advirtiendo de que la misma probablemente interpondría una nueva denuncia falsa contra él para impedir la custodia compartida, como había hecho anteriormente.
Y así ocurrió: la madre volvió a presentar una denuncia falsa contra el padre, denuncia que volvió a ser archivada por el juzgado. No obstante, una vez más, el juzgado no dedujo testimonio contra la madre por simulación de delito. Es decir, una denuncia falsa más probada en el juzgado que no pasa a formar parte de las estadísticas de denuncias falsas de las mujeres contra sus exmaridos.
Un informe forense confirma que la madre tiene trastornos psicológicos
José consiguió además que el juzgado de instrucción 2 de Guadalajara, con competencias en materia de Violencia de Género, realizara un examen psicosocial del entorno familiar del menor. En dicho informe, la psicóloga forense estableció numerosos trastornos psicológicos en la madre y concluyó que se debía conceder en exclusividad la custodia al padre.
Pues bien, según José, a pesar de esas tajantes conclusiones de la experta perito judicial, de que el menor no dejaba de sufrir fuertes dolores abdominales de origen somático a causa de la manipulación psicológica que sufría a manos de su madre, lo que le llevó incluso a perder 80 días lectivos en un año y de que llegó a manifestar en varias ocasiones a su médico y a través de dibujos su intención de suicidarse, a pesar de las numerosas pruebas aportadas al juzgado, como grabaciones de audio, vídeos, WhastApp, informes escolares de absentismo, etc, etc, la titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Guadalajara dio nula validez y rigor científico al informe psicosocial y desestimó la mayoría de las pruebas y testigos -como la pediatra o la ratificación de la psicóloga forense- y desestimó la custodia compartida.
José no dejó de denunciar ante los juzgados, fiscalía de menores y delegación de bienestar social que la madre dejaba al menor solo y enfermo en el domicilio mientras que ella trabajaba y le obligaba a mentir sobre este hecho. “No olvidemos que el niño ya había manifestado su intención de suicidarse y a pesar de eso, la madre seguía dejándolo solo”, ha añadido este padre.
Por eso, no dejó de seguir pidiendo protección para su hijo, sin ningún resultado positivo ni en los juzgados, “ni en la fiscalía de menores ni en los Servicios sociales, ya que no investigaron absolutamente nada”, asegura.
Según el padre, el límite del absurdo judicial e institucional llegó cuando “tras una entrevista con la responsable del Área de Menores de la delegación provincial de Bienestar Social de Guadalajara, esta me recomendó que ‘si creía que la integridad de mi hijo estaba en riesgo, podía no entregarlo a la madre en el próximo régimen de visitas’. Es decir, una responsable de una institución pública que debe proteger a los menores se me aconsejó incumplir una resolución judicial”, señala indignado José.
Y llega la vista judicial ante la Audiencia Provincial… 13 años después
Ya en 2020, 13 años después de que comenzara su odisea judicial, se celebró una vista en la Audiencia Provincial de Guadalajara para la ratificación de la psicóloga forense, quien alegó en su informe que “la custodia que ejercía la madre era tóxica, que había claros signos de manipulación y que si continuaba la custodia exclusiva materna tendría graves consecuencias para el estado del menor”, lamenta José.
Tras estas declaraciones, según el padre, “la Fiscal jefe de Guadalajara comenzó a sembrar la duda y sin ningún pudor se permitió el lujo de asesorar al oído a la abogada de que la madre podría haber tenido un problema de idioma. Sin embargo, la psicóloga explicó que era imposible porque en los test hay unos ítems incluidos para medir que se hayan entendido las preguntas correctamente. Además, la madre llevaba viviendo y trabajando en Guadalajara desde hace más de 20 años”.
Finalmente, y a pesar de las ‘alarmantes consecuencias para el menor’ que alertó la psicóloga forense, el recurso se desestimó sin cambiar el régimen de custodia y dejando igual la situación que el menor vivía desde 2018. A pesar de que en la sentencia se hace referencia al principio “favor fili” se continuaba sin investigar ni tomar medidas eficaces para ofrecer protección al menor.
Todo ello llevó a José a presentar una denuncia por presunto delito de prevaricación judicial contra las magistrado-juez que llevaron su caso “por haber faltado a la verdad”, pero fue archivada ya que tenía que presentar una querella. Sus abogados le recomendaron que no siguiera adelante contra las jueces “ya que tenía pocas posibilidades de que prosperase pues los tribunales son libres para valorar las pruebas”.
“Siempre se cree a la madre, aunque esté claro que esta miente”
José resume su odisea judicial en los tribunales españoles con una mezcla de rabia y de frustración: “Desde 2009, la madre no ha aportado ninguna prueba y en numerosas ocasiones ha dado muestras de mentir y faltar a la verdad, pero aun así se ha creído en todo momento en su palabra por ser mujer, a pesar de todas las pruebas en contra de lo que decía”.
“Todas las instituciones alcarreñas a las que he acudido solicitando, desesperadamente, protección y auxilio para mi hijo (Tribunales de Justicia, Fiscalía de Menores, Fiscalía, Servicios Sociales…) y que son las que deberían haber ofrecido protección y haber actuado en busca del interés superior del menor, no hicieron nada para ofrecer esa protección a mi hijo”, añade.
Por ello, su impresión es que “en mi caso no querían dictar sentencias que se escaparan de lo ‘políticamente correcto’, ya que lo habitual suelen ser resoluciones con ‘perspectiva de género’. Es más, está comprobado que a muchas mujeres se las asesora desde instituciones públicas o bufetes de abogados a hacer uso torticero de la Ley integral contra la Violencia de Género a través de denuncias falsas por violencia de género para conseguir beneficios como custodia exclusiva, uso del domicilio familiar, pensiones alimenticias, etc, porque saben que aunque las pillen nunca les van a abrir procedimiento de denuncia falsa, como llegó incluso a denunciar en un vídeo el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra González, quien acusó al Tribunal Constitucional de haber prevaricado al adoptar decisiones injustas, debido a la presión política”.
No obstante aunque todavía no ha presentado la denuncia, José manifiesta que ha pasado ya toda la documentación a una eurodiputada «con el fin de denunciar los hechos ante la Unión Europea, para que comprueben de primera mano la vergonzosa respuesta que he obtenido durante todos estos años de la justicia e instituciones españolas».
