El Heraldo del Henares
La mecha se encendió el pasado 6 de noviembre de 2002 en el transcurso de una reunión ejecutiva local. Celebrada bajo la secretaría local de Isidro Rodríguez y con la presencia de Jesús Alique, Javier García Breva y Antonio Marco, se designa a Florentino García Bonilla candidato a la alcaldía por el PSOE.
El estruendo provocado por esta decisión abrió un cisma en esta formación política que, siete meses después, ha llevado a 16 de sus 38 militantes al borde de la expulsión. Solo uno de ellos, Alberto Recio, que se presentó en las listas del PADE, tendría justificada su sanción. El resto han rechazado todos los argumentos en su contra y piden al instructor, Lucio Cabrerizo, que presente pruebas.
En el fondo lo que subyace, según estos militantes, es el deseo de García Bonilla de hacerse con el control del partido en una próxima asamblea sin contar con disidencia interna.
Esta es la historia de un proceso sancionador que puede dejar a Azuqueca con la mitad de sus militantes fuera del partido.
“Tras aquella ejecutiva”, explica Rodríguez, “en la que varias vocales anuncian su dimisión por la designación de García Bonilla como candidato, Alique nos pide al alcalde y a mí que vayamos preparando una lista y el programa electoral, algo muy difícil pues apenas nos hablábamos”.
Por ello se decide entre disolver la ejecutiva y nombrar una gestora, o designar un comité electoral local que distribuya entre varias personas todas las áreas de trabajo. Se opta por esta última solución resultando elegidos el propio Rodríguez y García Bonilla como coordinadores, y José Vicente García Sánchez, María José Naranjo, Pedro Guereñu, Encarni Reyes y Pablo Bellido como vocales.
Bajo la coordinación general de García Breva, el comité electoral local y la junta ejecutiva siguen funcionando, estableciendo los trabajos a seguir y preparando el programa. Sin embargo lo que todos desconocen es la lista que a solas confecciona García Bonilla con su grupo de fieles, antiguos militantes de Nueva Izquierda, sobre todo, y algunos socialistas como Guereñu, Cabrerizo y Naranjo.
El primer edil y Rodríguez siguen con sus reuniones con Breva y Alique sin conseguir desbloquear la situación. Por su parte Bono presenta a García Bonilla el 24 de febrero en el centro cultural, dando mayor carta de naturaleza al poder del alcalde frente a la ejecutiva y asamblea locales.
“García Bonilla me indicó que el número 2 de la lista era para una mujer, por lo que yo llegué a decir que no tenía inconveniente en ir el número 3”, señala Rodríguez, quien con esa idea viaja en el coche del alcalde a una nueva reunión a Guadalajara.
En el trayecto, según el ex secretario local, el alcalde le advierte que “como mucho irá el 8 o el 9, por lo que me encendí y le dije que era un auténtico sinvergüenza”. El resto del trayecto hasta el colegio San José, donde les esperan Alique y García Breva transcurre en silencio. Nada más poner pie en tierra, García Bonilla asegura que son incompatibles y que no irán juntos en la lista.
Aunque Alique les pide entendimiento, Rodríguez rechaza acompañar a García Bonilla en la candidatura, pero ofrece una solución intermedia: que quede fuera María José Naranjo y que entren tres personas de la ejecutiva local a cambio. García Bonilla niega esta propuesta y otras parecidas, encargándose personalmente de confeccionar la candidatura a las elecciones municipales de 2003 al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares sin el apoyo de la ejecutiva local.
El 10 de marzo García Breva obliga a convocar una asamblea extraordinaria para dos días después con intención de aprobar la lista de García Bonilla. El 12 de marzo asisten a esta asamblea 33 de los 38 militantes con derecho a voto. Sin embargo el secretario local retira del orden del día la aprobación de la candidatura de García Bonilla, “ya que aunque la rechazáramos la iba a aprobar Toledo”.
En esta asamblea se producen numerosos enfrentamientos entre los partidarios y los detractores de García Bonilla. “Llegó a decir que él no sabía que en el PSOE se hacían así las cosas –con debate-, pues antes –en IU-, siempre lo hacía todo personalmente”, explica Rodríguez.
Se convoca una nueva ejecutiva local el 26 de marzo que señala para el 8 de abril la asamblea que ha de votar “todas aquellas candidaturas que se presenten”. Sin embargo dos días después la ejecutiva provincial acuerda, con el único voto en contra de Rodríguez, disolver la ejecutiva azudense, nombrar una gestora y aprobar, sin debate, la lista confeccionada por García Bonilla.
Al día siguiente de celebrarse las elecciones municipales y autonómicas, el Comité Ejecutivo Provincial socialista ordena a la gestora azudense que inicie un expediente sancionador contra 16 militantes. Entre los argumentos esgrimidos por el CEP se encuentra “la falta de apoyo al alcalde”, “obstaculizar el funcionamiento de la agrupación local”, “suspensión de la asamblea del 12 de marzo”, “acudir a los medios de comunicación con intención de perjudicar los intereses del partido”, y “ofensas reiteradas a militantes y cargos orgánicos del partido”. Estas acusaciones han llevado a los expedientados a valorar la posibilidad de iniciar acciones legales contra la ejecutiva provincial, su secretario Jesús Alique, y la gestora azudense, “por poner en juego nuestra buena imagen”.
Empieza entonces una larga batalla entre un buen grupo de militantes y ex directivos “por recuperar la dignidad perdida”, según explica la ex vocal Marta Langa. Esta militante, desde 1978 y con altibajos, que le llevaron a la agrupación azudense en 1995, junto a su marido Cecilio Montávez, son dos de los expedientados por la ejecutiva provincial. No han contestado al pliego de cargos, como ninguno de ellos, “porque el que quiere sancionar es el que ha de presentar las pruebas a su favor, y no al revés, salvo que no seamos un partido democrático”, explican estos militantes.
Este expediente, cuyo instructor Lucio Cabrerizo no ha realizado declaraciones, se encuentra aun en fase de alegaciones. Pero según ha adelantado en algunos medios de comunicación provinciales el secretario local Jesús Alique, “puede provocar la expulsión de al menos seis u ocho militantes”.
“Me extraña que se diga eso, máxime cuando el único caso que prevén los estatutos es el de la doble militancia”, explica Rodríguez, “por lo que la única expulsión sería la de Recio, el resto, de existir algo, sería una falta grave y solo en mi caso. Y las faltas graves no llevan consigo la expulsión”.
No obstante todos tienen claro que tras este expediente “está la intención de García Bonilla de controlar la próxima ejecutiva local sin el voto de la mayoría de los disidentes. Lo hizo en IU y lo hace en el PSOE. Por eso hemos escrito al comité de garantías regional y federal, para dar a conocer lo que aquí ha ocurrido”.
Otros militantes expedientados consultados, que han preferido no hacer declaraciones públicas en tanto en cuanto el expediente sancionador no esté concluido, han señalado que “esperan que el mismo deje al descubierto que los únicos que han actuado democráticamente hemos sido nosotros, por lo que nos quieren callar para ocultar la disidencia, como hicieron en Madrid hasta que les estalló el escándalo. Aquí algún día pasará lo mismo”.
