El Heraldo del Henares
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública, TACP, ha suspendido el concurso de adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad para hospitales públicos y centros de Especialidades de Servicio Madrileño de Salud, SERMAS, tras el recurso interpuesto contra el mismo por Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, ASTSP.
Según han informado fuentes de este sindicato en un comunicado, el presupuesto de la licitación del concurso convocado «no solo no respeta las condiciones salariales establecidas en el actual Convenio Colectivo de empresas de seguridad para este año, sino que tampoco lo hace para los siguientes».
Así, han recordado que los incrementos salariales recogidos en el nuevo convenio son de un 6% para 2023; un 4% para 2024; un 3% para 2025 y otro 3% para 2026.
Además, han recordado que estas subidas han de quedar reflejadas en el presupuesto de licitación, no solo porque lo recoja el nuevo convenio colectivo del sector, sino porque lo obligan las diferentes directivas europeas aplicadas a la legislación española, entre otras, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Sin embargo, el pliego de condiciones técnicas de este concruso no prevé los incrementos salariales pactados para los trabajadores en el convenio Estatal de Seguridad Privada, lo que podría suponer que las empresas de seguridad no oferten dado que irían a pérdidas.
De esta forma, el concurso se quedaría sin licitadores y provocaría que muchos vigilantes se quedaran sin empleo, según Alternativa Sindical.
Por eso, estas fuentes han mostrado su satisfacción tras conocer que, ante su recurso, el TACP ha ordenado a la Comunidad de Madrid que le haga entrega de toda la documentación relativa a dicha licitación, incluida cualquier tipo de documentación que pudiera ser confidencial para analizar la misma.
‘En todo caso, cuando el recurso se dirija contra el acto de adjudicación, se suspenderá de inmediato la ejecución del mismo una vez recibido el presente requerimiento’, señala taxativamente el TACP en su requerimiento de documentación a la Comunidad de Madrid.
Este concurso había licitado por la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y contaba con una inversión de 57.430.847 euros a distribuir entre 2023 y 2026, que, según Alternativa Sindical, no se ajustaba a los incrementos salariales pactados en convenio para los vigilantes de seguridad.
