La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha llevado a cabo hoy una concentración a las puertas del Palacio de Justicia de Guadalajara contra la imposición por parte del ministerio de la Ley de Eficiencia Organizativa, LEO, actualmente en tramitación parlamentaria, que implicará modificaciones de las condiciones laborales sin negociar con los representantes de los trabajadores.
Entre los perjucios para los miles de trabajadores judiciales que desarrollan este servicio público esencial en territorio nacional, se encuentra la posibilidad de traslados de puesto de trabajo de forma unilateral y sin haberlo solicitado el funcionario, pérdida de capacidad retributiva por traslado forzoso a secciones con menor salario, cambio de horarios laborales por cambio de destino, cambio de funciones por lo que conllevaría menor especialización y más retrasos para el justiciable, etc.
Tal y como ha explicado en un comunicado el presidente de CSIF Guadalajara, Pablo Moya, “el Gobierno está más interesado en la lucha partidista y el politiqueo en los órganos fundamentales de la Justicia cuando la prioridad sería dotarla de más y mejores medios para hacerla más ágil y más eficaz para el ciudadano que, una vez más paga las consecuencias, soportando una justicia lenta y excesivamente burocrática porque no tiene más remedio”.
En esta concentración, que se ha desarrollado también en las sedes judiciales de toda España, los trabajadores han señalado que el nuevo modelo que se quiere imponer no soluciona los problemas de la Administración de Justicia en España son muchos y variados.
Así, estas fuentes sindicales han recordado que hay un déficit de 22.000 plazas, desde jueces a personal de auxilio judicial; equipos informáticos que no funcionan y desfasados, juzgados en pésimas condiciones de mantenimiento y una plantilla totalmente sobrepasada.
Esta nueva concentración, a la que también se han sumado UGT, CCOO y STAJ, es una continuación de las movilizaciones que comenzaron el pasado 30 de noviembre frente al ministerio de Justicia y que se reanudaron el pasado 2 de diciembre en las sedes judiciales de toda España.
Las movilizaciones se prolongarán hasta que la ministra de Justicia, Pilar Llop, se siente a negociar la futura LEO y se comprometa a solucionar los problemas históricos que arrastra la Justicia española.