El Heraldo del Henares
El órgano de contratación del concurso de adjudicación para la vigilancia de seguridad en las dependencias del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, CAPN, en Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial ha desistido de la continuación del proceso de licitación tras el recurso interpuesto por Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, ASTSP, que denunciaba que en el mismo no se recogía el incremento salarial aprobado en el nuevo convenio colectivo del sector.
Alternativa Sindical había recurrido este concurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ya había decretado el pasado 28 de diciembre de 2022 la suspensión cautelar del proceso de adjudicación para poder estudiar los argumentos que presentó el letrado laboralista y asesor jurídico de dicho sindicato, Roberto Mangas Moreno.
Ahora, ha sido el propio órgano de contratación quien ha asumido los argumentos del recurso de Alternativa Sindical y ha decidido retirar definitivamente el concurso de contratación porque «la sostenibilidad económica del contrato que se licita en este momento y, con ella, el cumplimiento de las obligaciones de la eventual adjudicataria en materia laboral y de Seguridad Social, queda puesta en entredicho con la aplicación del nuevo convenio a partir del 1 de enero”.
En dicho convenio se establece una subida retributiva del 6% en 2023, 4% en 2024, 3% en 2025 y 3% en 2026, incremento salarial que no se había contemplado en el presupuesto de licitación, de modo que los costes directos de seguridad superarín el importe máximo de licitación, según estas fuentes.
Ahora, estos incrementos deberán ser tenidos en cuenta a la hora de establecer las nuevas bases del concurso de licitación de este servicio de vigilancia de seguridad en las dependencias del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, CAPN, en Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial
“Desde Alternativa Sindical insistimos en que es necesario cambiar el modelo de concursos públicos que afectan a los más de 85.000 trabajadores del sector que prestan sus servicios tanto en instituciones públicas como en empresas privadas, porque siempre se tiende a ir al precio más bajo de licitación, sobre todo por parte de la Administración, y sin ningún criterio de calidad en cuanto a la prestación de servicios”, han añadido estas fuentes sindicales.
Además, han denunciado que sindicatos como UGT, CCOO y USO “son cómplices necesarios para tener un sector de seguridad cada vez más precario por prestarse a firmar convenios a pérdidas durante más de 25 años, con la complacencia del Gobierno central o de la Comunidad Autónoma de Madrid”.
“Por ello, desde Alternativa Sindical nos hemos propuesto impugnar cada concurso que no cumpla con los objetivos mínimos marcados en el convenio colectivo, porque de ello depende la viabilidad de los puestos de trabajo, la supervivencia de las empresas del sector y que no haya conflictividad laboral”, han añadido.
