El Heraldo del Henares
El Tribunal de Cuentas ha examinado los pliegos de adjudicación que de algunos servicios públicos han realizado algunos ayuntamientos, como el de Guadalajara, a empresas privadas durante el año 2021 y ha alertado de que en algunos casos se hizo sin emitir los preceptivos informes que justificaran dicha externalización por insuficiencia de medios públicos propios.
Pero, no solo eso, sino que en muchos casos, como en el del Ayuntamiento de Guadalajara, se ha cobrado a los vecinos más dinero del que realmente costaba el servicio sin que se haya actualizado a la baja la tasa por el mismo, lo que supone una ‘vulneración flagrante de la ley de haciendas locales’, como deja entrever el citado tribunal.
En concreto, el Tribunal de Cuentas ha procedido a la ‘fiscalización del control municipal sobre la prestación de los servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos y manteminiento de parques y jardines de los ayuntamientos de municipios de población entre 50.000 y 100.000 habitantes de comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2021‘.
Según la documentación del Tribunal de Cuentas a la que ha tenido acceso EL HERALDO DEL HENARES, desde 2015 a 2021, con los gobiernos municipales de Antonio Román (PP-Ciudadanos, 2015-2019) y Alberto Rojo (PSOE-Ciudadanos, 2019-2021), los vecinos pagaron cada año una media de cientos de miles de euros más por la tasa de la recogida de basuras de lo que realmente costaba, hasta un 26% más.
De hecho, solo en el año 2021 el servicio costó poco más de 3.400.000 euros y se cobró a los vecinos 4.308.818,09 euros. Es decir, casi un millón de euros más.
Así lo ha detectado el Tribunal de Cuentas en un informe que ha fiscalizado la gestión municipal de numerosos ayuntamientos de entre 50.000 y 100.000 habitantes de toda España, que no contaban con órgano de control externo propio en el año 2021.
Estos ayuntamientos, según el expresado Tribunal de Cuentas, órgano nacional encargado de fiscalizar el uso que las instituciones dan al dinero público, no realizaron ningún estudio previo para ver si era más eficiente externalizar la gestión a través de una empresa privada o hacerlo con medios propios.
Además, según este tribunal, estos ayuntamientos mostraron ‘ausencia de estudios previos necesarios sobre la forma más eficiente de prestación de los servicios; insuficiente planificación y deficiente seguimiento del contrato que origina que se siga prestando el servicio tras finalizar el plazo de vigencia del contrato’.
Pero es más, el Tribunal de Cuentas que ‘los responsables de las unidades municipales de los Ayuntamientos de Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Lorca, Mérida, Molina de Segura, Talavera de la Reina, Toledo y Torrelavega encargadas de realizar el control técnico de algunos de los servicios fiscalizados consideraron insuficientes los medios personales y/o materiales disponibles para ejercer dicho control, y, en particular, de programas informáticos específicos que facilitaran su seguimiento y control, lo que afectó negativamente al ejercicio de este cometido. A pesar de dichas carencias, algunos de esos ayuntamientos no exigieron a las empresas prestatarias de los servicios que proporcionaran las herramientas o ejecutaran los procedimientos de control previstos en los pliegos reguladores de los contratos’.
Sigue el Tribunal de Cuentas en sus conclusiones señalando que ‘los pliegos de cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas de algunos de los contratos celebrados por los Ayuntamientos de Ciudad Real, Guadalajara, Lorca, Mérida y Molina de Segura no contenían previsiones sobre el control de la ejecución de los trabajos o estas eran muy limitadas’.
Y añade que ‘los pliegos de algunos de los contratos celebrados por los Ayuntamientos de
Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo contenían cláusulas sobre el control y
seguimiento de los servicios que debían observar las unidades municipales responsables del
control o las empresas contratadas y, sin embargo, estas no se cumplieron en su totalidad, sin que
conste que se reclamara su cumplimiento‘.
También señala que ‘en los Ayuntamientos de Cuenca, Guadalajara, Molina de Segura y Toledo estaba previsto un control de calidad, pero este no se ejerció, no se definieron los indicadores requeridos en los pliegos o no se aplicaron los que ya venían estipulados en los mismos‘.
Pero el Tribunal de Cuentas no señala solamente a los órganos políticos, Plenos y Juntas de Gobierno, también destaca la desidia de los profesionales encargados de vigilar el buen cumplimiento de los contratos municipales: ‘Los interventores de los Ayuntamientos de Cuenca, Guadalajara, Lorca, Mérida, Talavera de la Reina y Toledo, tras efectuar el correspondiente análisis de riesgos, no incluyeron en el plan de control financiero correspondiente al ejercicio 2021 actuaciones específicas de control permanente o de auditoría pública en relación con los servicios fiscalizados’.
En su informe detallado, el Tribunal de Cuentas señala además que el Ayuntamiento de Guadalajara prestó los servicios de limpieza viaria y de recogida de residuos de forma indirecta, a través de un contrato de gestión de servicios, en la modalidad de concesión administrativa’.
‘La entidad no realizó un estudio previo sobre la forma más eficiente de prestación de los servicios, ni un estudio de costes. Tampoco emitió un informe sobre la insuficiencia de medios propios que justificase la externalización de los servicios. El contrato se formalizó en mayo de 2015, con una duración de quince años’, sigue dicho tribunal.
Dicho contrato preveía además una prórroga forzosa de 12 meses si al final del mismo aún no se había licitado un contrato nuevo, es decir, el retraso del Ayuntamiento en convocar un nuevo concurso beneficiaría al adjudicatario que tendría 12 meses más de contrato sin licitación alguna.
Según el Tribunal de Cuentas, dicho margen de 12 meses excede de los plazos establecidos en el ordenamiento jurídico español y las Directivas del Parlamento Europeo, que fijan un plazo máximo de 9 meses y solo ‘por razones de interés público y como consecuencia de acontecimientos imprevisibles, siempre y cuando el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses’.
Los vecinos han pagado casi un millón más por la tasa de basuras de lo que ha costado
Lo más grave es cuando el Tribunal de Cuentas analiza los costes del servicio externalizado y llega a las siguientes conclusiones: ‘El importe del contrato se estableció en 273,57 euros, IVA incluido, por cada tonelada de residuos recogida y transportada al centro de transferencia y/o planta de valoración, hasta las 27.000 toneladas anuales. A partir de esa cantidad, el importe máximo a abonar al concesionario era de 127,62 euros, IVA incluido. Además, según lo previsto en los PCAP del contrato, el concesionario debía hacerse cargo de los vehículos y el material pendiente de amortizar por el concesionario vigente hasta el momento, teniendo que abonarle por ese concepto 2.003.925,54 euros‘.
Pues bien, según el citado tribunal ‘el Ayuntamiento -de Guadalajara– recaudó ingresos en concepto de tasas por la recogida de basuras (en 2021) por 4.308.818,09 euros, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza fiscal reguladora vigente. La cantidad recaudada por la entidad local superó en un 26 % los gastos facturados en el ejercicio por la prestación del servicio‘.
Es decir, los vecinos pagaron cientos de miles de euros más por la tasa de la recogida de basuras de lo que realmente costaba, hasta un 26% más: costó poco más de 3.400.000 euros y se cobró a los vecinos 4.308.818,09 euros. Es decir, casi un millón de euros más.
‘Dicho exceso podría implicar el incumplimiento del principio de equivalencia previsto en el artículo 24.2 del TRLRHL, por lo que la entidad debería realizar los estudios necesarios para valorar una posible modificación de dicha tasa‘, propone el Tribunal de Cuentas.
Y es que, según la legislación tributaria, la tasa ha de cubrir el coste del servicio, nunca producir beneficios a la institución que la cobra, por lo que este principio de equidad fiscal se estaría incumpliendo en el caso del Ayuntamiento de Guadalajara.
Hasta un 17% más de tasa en 2023
Pero el Ayuntamiento no solo no ha adecuado las tasas a lo que realmente cuesta el servicio, según recomendación del Tribunal de Cuentas, sino que el propio equipo de Gobierno de Alberto Rojo aprobó en 2022 una subida del 17 por ciento por la tasa de recogida de basuras para particulares y comercios en 2023, tal como desveló en exclusiva EL HERALDO DEL HENARES.
Según las tarifas de la Ordenanza Fiscal municipal de 2007, actualizada en diferentes ocasiones, la última de ellas en 2022 (BOP 116/2022), con entrada en vigor el 1 de enero de 2023, la tasa que pagarán los hogares particulares de Guadalajara capital pasará de los 82,04 euros de 2022 a los 102,85 euros de 2023, es decir, un 16,82% de incremento de un año a otro.
Si hablamos de determinados tipos de negocios, como comercios, la tarifa ha pasado de 130,69 a 152,68, mientras que la de los bares pasa de 263,90 a 308,30 euros.
Pero si el bar tiene la condición de bar-restaurante, pasará de pagar en 2022 un total de 439,67 euros a pagar este año 513,64, es decir, 75 euros más.
Los ayuntamientos de Castilla La Mancha, los menos transparentes
El Ayuntamiento de Guadalajara no es una excepción de escasa transparencia y agilidad institucional dentro del conjunto de Administraciones Locales de Castilla La Mancha, ya que casi la mitad de los Ayuntamientos de la región, el 45%, según el Tribunal de Cuentas, suspendieron a la hora de rendir cuentas ante dicho órgano fiscalizador.
En el lado contrario están las comunidades autónomas de Valencia, Aragón, Madrid, Galicia y Cataluña, cuyos ayuntamientos rindieron bien y a tiempo sus cuentas en más del 97%, 94%, 90%, 88% y 86% respectivamente.
