El Heraldo del Henares
El Consejo nacional de Transparencia y Buen Gobierno, CTBG, ha vuelto a requerir al Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara), para que remita en un plazo no superior de 20 días los enlaces a a cada expediente de contratación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, incoado desde 1 de enero de 2015 hasta 11 de enero de 2023, “en que el órgano de contratación era la Alcaldía y la presidencia de la Mesa de Contratación la presidencia la detentaba el alcalde Rafael Esteban”.
Según el requerimiento realizado por este organismo oficial dependiente del ministerio de Hacienda y Función Pública y al que ha tenido acceso este diario, en fecha 11 de enero de 2023, Fernando J. O. solicitó dicha información al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Además, esta persona, solicitaba al CTBG que se declarara nula la constitución de cada mesa de contratación en que fuera órgano de contratación y a la vez presidente el Alcalde, petición esta última sobre la que el Consejo no se ha pronunciado “al no estar incluida aquélla en el ámbito objetivo de aplicación de la LTAIBG”.
En cuanto a la petición formal de información sobre los enlaces de los expedientes de contratación en los que el órgano de contratación era el propio alcalde u ostentaba la Presidencia de la Mesa de Contratación, el Consejo sí ha intervenido ya en dos ocasiones.
En la primera ocasión fue cuando el Ayuntamiento de Marchamalo no contestó en plazo a la solicitud de Fernando J.O. y este presentó escrito ante Transparencia para ponerlo en su conocimiento, en fecha 22 de febrero de 2023.
Pocos días después, fue el propio Consejo nacional de Transparencia y Buen Gobierno, el 6 de marzo de 2023, el que reclamaba dicha documentación “a la Secretaría General del Ayuntamiento de Marchamalo, al objeto de que por el órgano competente pudieran presentarse las alegaciones que se considerasen oportunas”.
Sin embargo, casi siete meses después, el Ayuntamiento de Marchamalo no ha remitido dicha documentación ni al solicitante ni al Consejo de Transparencia, por lo que este organismo oficial ha vuelto a reclamar por segunda vez por escrito este martes 26 de septiembre que se proceda a cumplir con la ley y facilitar la documentación interesada.
“Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle ni las razones por las que no se atendió la solicitud de acceso ni la valoración de las cuestiones planteadas por el reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. Como consecuencia de ello, este Consejo ignora si, en atención a su contenido, concurre alguna circunstancia que impida su puesta a disposición”, señala el Consejo en su nuevo escrito al Consistorio marchamalero presidido por Rafael Esteban.
Por eso, sigue el requerimiento del Consejo, “el incumplimiento por parte de la administración municipal de la obligación legal de dictar una resolución expresa sobre la solicitud de acceso, así como la falta de respuesta al requerimiento de alegaciones de este Consejo, no pueden dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública”.
Por ese motivo, emplaza al Ayuntamiento de Marchamalo para que “en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite al reclamante” la información solicitada, de la que se remitirá también copia al propio Consejo.
¿Qué es el Consejo nacional de Transparencia y Buen Gobierno?
Es el organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es una autoridad administrativa independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada.
