El Heraldo del Henares
Los ocho diputados nacionales del PSOE en Castilla La Mancha, incluido el exalcalde socialista por Guadalajara, Alberto Rojo Blas, han dado hoy su voto afirmativo al último trámite de la Ley de Amnistía presentada por el Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados.
Con esta ley, que elimina los delitos cometidos por el movimiento independentista catalán entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se garantiza el apoyo de los diputados de los partidos que promovieron la secesión golpista catalana de 2017 hasta final de legislatura.
Esta ley, bautizada por el PSOE como ‘de la Concordia’, ha sido finalmente aprobada con tan solo la mitad de los votos de los representantes españoles en el Congreso de los Diputados: 177 votos a favor y 172 en contra.
Con esta ley, cientos de delincuentes ya condenados y otros tantos en este momento procesados por delitos que van desde la corrupción política, malversación de caudales públicos, estragos, desórdenes públicos, lesiones graves, etc, quedarán impunes gracias al voto de partidos como PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Juntos por Cataluña, PNV, BNG y Bildu.
Por su parte, han votado en contra, PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Entre ellos los diputados guadalajareños Ángel López Maraver (Vox) y Antonio Román Jasanada (PP).
Solo en el caso de que el tipo penal fuera calificado como terrorismo, quedaría fuera del perdón de esta ley.
El diputado socialista guadalajareño Alberto Rojo no ha convocado ni una sola rueda de prensa desde que comenzó este proceso el pasado 14 de marzo para explicar el por qué de su voto afirmativo a esta ley, comparecencia que suele realizar periódicamente ante la aprobación de leyes mucho menos relevantes para los ciudadanos.
Entrada en vigor y posibles recursos ante el Constitucional o Europa
A partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, BOE, los condenados o procesados tendrán que poner en conocimiento de los juzgados sentenciadores su petición para que se les aplique esta ley y será en ese momento cuando los jueces puedan instar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE. Solo en este último caso se paralizaría de forma automática la aplicación de los beneficios de dicha ley y tan solo al afectado en el proceso en el que el juez planteara la cuestión al TJUE.
A pesar de que desde el PSOE se ha asegurado que esta ley pone ‘punto y final’ al movimiento secesionista catalán, los propios dirigentes tanto de Junts como de ERC ya han anunciado hoy mismo en el Congreso que no van a parar hasta conseguir la independencia: «próxima parada: referéndum», ha señalado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
El ejecutivo autonómico madrileño que preside Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado hoy que tanto su Comunidad como el resto de las presididas por cargos del PP van a presentar recurso de inconstitucionalidad contra esta ley.
