El Heraldo del Henares
El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado hoy en Toledo, en el marco de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, que el Ejecutivo que preside va a proceder la próxima semana a solicitar al Consejo Consultivo de la región un informe para avalar que el Gobierno regional recurra ante el Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía que ayer aprobó el Congreso de los Diputados.
Según García Page, se trata de «un informe preceptivo al que obliga la ley para que esta región se defienda de lo que consideramos una agresión al concepto de igualdad y lo haga, lógicamente, en el Tribunal Constitucional”, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
Así se ha pronunciado García-Page, al tiempo que ha se ha mostrado esperanzado en que “el Consejo Consultivo nos dé vía libre para defendernos en el Tribunal Constitucional, ese sería mi deseo y entiendo que tiene que ser el deseo de la inmensa mayoría limpiamente, independientemente de la opinión que se puede tener”.
“Yo tengo una posición de fondo sabiendo que en democracia hay que aceptar lo que se diga mayoritariamente, aunque discrepes hay que acatarlo también dentro de las organizaciones políticas”, ha apuntado en su alocución el presidente García-Page, al tiempo que ha explicado que “mi discrepancia no es solo constitucional, es de fondo».
«El perdón no se contrata, el perdón se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje; por eso, mi discrepancia seguirá adelante independientemente de la acción de la justicia”, ha añadido.
García Page ha manifestado que “tengo la obligación como presidente, y ese es el encargo que tengo de las instituciones regionales y de las Cortes, de velar claramente por si cualquier norma, la que sea en España, de otras autonomías o del propio Gobierno de España o del Parlamento o del Senado, afecta a los intereses de esta región y particularmente a nuestros intereses directos y a nuestras competencias. Para mí eso está por encima de cualquier otra circunstancia”.
En este orden de cosas, Emiliano García-Page ha argumentado que “juró” defender los intereses de esta tierra, “y créanme que para mí ese juramento no es protocolario y lo he hecho además con el firme propósito de acatar las normas, y de cumplir con mi compromiso”.
A este respecto ha finalizado señalando que “ojalá y lo pudiera hacer todo el mundo, cumplir con lo que promete cumplir, esa es la esencia de la convivencia, lo contrario de cualquier tipo de chantaje”.
Los diputados del PSOE de Castilla La Mancha también votaron ‘sí’ a la Ley de Amnistía
Independientemente de lo que hoy ha dicho el presidente socialista de la Junta de Castilla La Mancha, lo cierto es que ayer jueves los ocho diputados nacionales del PSOE en Castilla La Mancha, incluido el exalcalde socialista por Guadalajara, Alberto Rojo Blas, dieron su voto afirmativo al último trámite de la Ley de Amnistía presentada por el Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados.
Con esta ley, que elimina los delitos cometidos por el movimiento independentista catalán entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se garantiza el apoyo de los diputados de los partidos que promovieron la secesión golpista catalana de 2017 hasta final de legislatura.
Esta ley, bautizada por el PSOE como ‘de la Concordia’, ha sido finalmente aprobada con tan solo la mitad de los votos de los representantes españoles en el Congreso de los Diputados: 177 votos a favor y 172 en contra.
Con esta ley, cientos de delincuentes ya condenados y otros tantos en este momento procesados por delitos que van desde la corrupción política, malversación de caudales públicos, estragos, desórdenes públicos, lesiones graves, etc, quedarán impunes gracias al voto de partidos como PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Juntos por Cataluña, PNV, BNG y Bildu.
Por su parte, han votado en contra, PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Entre ellos los diputados guadalajareños Ángel López Maraver (Vox) y Antonio Román Jasanada (PP).
Solo en el caso de que el tipo penal fuera calificado como terrorismo, quedaría fuera del perdón de esta ley.
El diputado socialista guadalajareño Alberto Rojo no ha convocado ni una sola rueda de prensa desde que comenzó este proceso el pasado 14 de marzo para explicar el por qué de su voto afirmativo a esta ley, comparecencia que suele realizar periódicamente ante la aprobación de leyes mucho menos relevantes para los ciudadanos.
Entrada en vigor y posibles recursos ante el Constitucional o Europa
A partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, BOE, los condenados o procesados tendrán que poner en conocimiento de los juzgados sentenciadores su petición para que se les aplique esta ley y será en ese momento cuando los jueces puedan instar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE. Solo en este último caso se paralizaría de forma automática la aplicación de los beneficios de dicha ley y tan solo al afectado en el proceso en el que el juez planteara la cuestión al TJUE.
A pesar de que desde el PSOE se ha asegurado que esta ley pone ‘punto y final’ al movimiento secesionista catalán, los propios dirigentes tanto de Junts como de ERC ya han anunciado hoy mismo en el Congreso que no van a parar hasta conseguir la independencia: «próxima parada: referéndum», ha señalado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
El ejecutivo autonómico madrileño que preside Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado hoy que tanto su Comunidad como el resto de las presididas por cargos del PP van a presentar recurso de inconstitucionalidad contra esta ley.
