El Heraldo del Henares
El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha denunciado «la persecución que la Junta de Comunidades quiere ejercer sobre los médicos de la región», a través del Decreto del Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia, actualmente en proceso de tramitación por la consejería de Sanidad.
De aprobarse dicho decreto, según ha informado Sánchez en un comunicado, se obligará a los profesionales sanitarios a declarar su objeción de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo.
Sánchez ha denunciado que «este registro supone una violación del derecho fundamental a la objeción de conciencia», por lo que ha añadido que someter a los médicos a una inscripción previa para ejercer este derecho es un paso más hacia la “coacción y el control” de los profesionales.
«Este registro no es más que una herramienta de control del Gobierno socialista de Emiliano García-Page para perseguir a aquellos médicos que se niegan a participar en abortos«, ha señalado Sánchez.
El portavoz de Vox ha recordado que la objeción de conciencia es un derecho fundamental que no necesita ser regulado ni controlado por la Administración.
Sánchez ha sido especialmente crítico con el hecho de que “ no se puede permitir que, en lugar de defender a los médicos, la Junta los obligue a declarar públicamente su postura sobre un tema tan personal y delicado como este”.
Además, ha denunciado que la confidencialidad del registro no está garantizada, ya que las personas responsables de los centros donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo tendrán acceso a esta información.
«Estamos ante un intento más de instaurar un sistema de control propio de regímenes totalitarios«, ha advertido Sánchez.
Por eso, ha finalizado señalando que «lo verdaderamente necesario no es un registro de objetores, sino un registro de aquellos profesionales que están dispuestos a realizar abortos».
No confundamos y no consintamos que nos confundan.
La objeción de conciencia en estos casos no es más que una separación del dictado de las leyes nacionales y una EXPRESIÓN DEL SOMETIMIENTO A LAS NORMAS DE UN ESTADO EXTRANJERO COMO EL VATICANO.
Lo mismo ocurre con los jueces y fiscales que voluntariamente han emitido votos de obediencia a sectas como el OPUS o la IGLESIA CATÓLICA, con lo que comprometen en sometimiento al la Constitución Española y a las leyes que de ella emanan.