El Heraldo del Henares
El pasado jueves 31 de octubre el pleno del Ayuntamiento de Azuqueca aprobó por unanimidad de sus cuatro grupos políticos, PSOE, PP, Vox e IU, una moción solicitando al ministerio de Inclusión y Seguridad Social que no construya un centro de atención a los inmigrantes en una parcela municipal que le cedió el anterior alcalde, José Luis Blanco, al tener dudas de la legalidad de dicha cesión.
Pues bien, según el contenido de dicha moción, al que ha tenido acceso en primicia EL HERALDO DEL HENARES, la misma se fundamenta en un informe jurídico encargado por el propio Ayuntamiento para ‘examinar la legalidad del proceso’ de venta de dicha parcela realizado por el exalcalde socialista, José Luis Blanco y si el mismo se adecuaba ‘a la legalidad vigente’.
Lo que primero que destaca dicho informe jurídico es que varios trámites del proceso de cesión y venta de dicha parcela municipal no se ajustan a dicha legalidad.
El primero de ellos es que el exalcalde, José Luis Blanco, decidió la enajenación de forma unilateral y lo aprobó por Decreto, cuando debería de haberlo sometido a votación del pleno.
‘En consecuencia, al haberse alcanzado dicho acuerdo (la venta de la parcela) de manera unilateral por D. José Luis Blanco Moreno, se evidencia un abuso manifiesto de derecho en el ejercicio de su cargo como alcalde del Ayuntamiento, al no haber sometido tal acuerdo a la consideración del Pleno, incumpliendo así las funciones y atribuciones del propio Alcalde como de los demás miembros de la corporación local«, se lee en dicho informe jurídico, que se recoge textualmente en la moción de nulidad ahora aprobada.
Por este motivo, dicho informe continúa, ‘este acto vulnera los derechos y libertades de los ciudadanos, en contravención del principio de participación‘.
Además, según el contenido de dicho informe recogido en la moción, moción que algunos concejales conocieron apenas unas horas antes del pleno, también afirma que de acuerdo con la legalidad urbanística vigente, el Ayuntamiento debería haber justificado de qué manera la venta de un bien público iba a beneficiar al conjunto de los vecinos del municipio y que estos puedan dar su opinión ante algo tan trascendental como es la enajenación de un terreno propiedad de toda la comunidad, algo que no se hizo.
‘Hasta la fecha no se ha encontrado constancia documentada que avale la realización de dicho proceso participativo, lo cual podría comprometer la legitimidad de la cesión y la adecuada fundamentación jurídica del acto en cuestión‘, establece dicho informe.
Finalmente, el informe jurídico señala otro incumplimiento de la legalidad por parte del exalcalde socialista Blanco, al no haberse incoado el oportuno expediente de ‘desafectación‘ de la parcela, ya que en 2008 había sido cedida gratuitamente a la Junta para la construcción de un instituto de Secundaria y de un centro de profesores.
En dicha cesión se especificaba que la parcela, de 15.047 m2 en total, se cedía a fin de que en el plazo de cinco años la Junta acometiera dichos proyectos, un centro de profesores en una parte de 3.500 m2 y el instituto de Secundaria en el resto de la finca, de 11.547 m2.
Sin embargo, según dicho informe jurídico, la Junta no llevó a cabo dichos proyectos en ese plazo, por lo que de acuerdo con el convenio de cesión firmado con el Gobierno regional, la parcela revertiría de forma automática al patrimonio del Ayuntamiento, salvo que se mantuviera ese mismo destino (instituto y centro de profesores) en los siguientes 30 años.
Por tanto, al revertir al dominio municipal dicha parcela la misma mantiene la calificación que en su día se le dio en el Plan Parcial del Sector Sur R6, en el que se encuentra, esto es, ‘con destino a dotación pública‘, por lo que la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas ‘impide su enajenación o disposición bajo cualquier circunstancia, salvo previa desafectación formal y expresa que modifique su régimen jurídico y naturaleza patrimonial‘.
Para salvar dicho trámite, Blanco encargó un informe técnico para validar su decisión de ceder dicha parcela al ministerio, algo que, según el actual informe jurídico, ‘no resulta jurídicamente suficiente un informe que, mediante interpretación jurisprudencial, atribuye al bien el carácter patrimonial sin cumplir previamente el trámite formal de desafectación‘.
‘No obstante lo anterior, en fecha 7 de febrero de 2023, el Alcalde del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, D. José Luis Blanco Moreno, en calidad de Presidente de la Corporación municipal, con plena disposición de estos terrenos, acuerda mediante Providencia de Alcaldía, y sin mediar acuerdo plenario, inicio de procedimiento de enajenación directo del bien descrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para proceder a la futura construcción de un Centro de Atención Humanitaria‘, continúa dicho informe jurídico.
Y añade: ‘En consecuencia, la decisión adoptada de manera unilateral por el Alcalde de Azuqueca de Henares sin acuerdo plenario plantea serias inquietudes en el ámbito jurídico y administrativo‘.
De hecho, según dicho informe jurídico, con esta decisión unilateral de no contar con el pleno, ‘se incumplieron así las funciones y atribuciones tanto del propio Alcalde como de los demás miembros de la corporación local‘, por lo que, añade, ‘este acto vulnera los derechos y libertades de los ciudadanos, en contravención del principio de participación‘.
Por todo ello, en sus conclusiones, el informe señala tres puntos para dudar de la legalidad de la cesión de la parcela municipal realizada por el exalcalde José Luis Blanco, al ministerio de Inclusión y Seguridad Social, para la construcción de un Centro de Atención de Migraciones: que no se justificó que el bien cedido no era necesario para el municipio; que no se siguió el oportuno proceso participativo legal, a través del pleno y de la opinión de los vecinos; y, tercero, que no se ha seguido la legalidad para la desafectación de la parcela. Es decir, de su cesión a la Junta para hacer un instituto y un centro de profesores.
En base a este informe jurídico, todos los concejales del Ayuntamiento de Azuqueca, incluidos los del PSOE, partido al que pertenece el exalcalde José Luis Blanco, acordaron remitir al ministerio de Inclusión certificado de la aprobación de dicha moción, por la que se solicita la ‘no ejecución de la obra de construcción del centro de acogida de protección internacional en avenida de Meco 28‘.
No obstante, en el mismo pleno del 31 de octubre algunos ediles ya anunciaron que este acuerdo no es vinculante para el ministerio de Inclusión, pues la escritura notarial de venta realizada por Blanco es, casualmente, el único acto, de todo el proceso, que tiene plena validez y eficacia legal.
Tendrán que ser ahora los servicios jurídicos de ambas instituciones, Ayuntamiento y ministerio, los que analicen si las irregularidades detectadas por el informe jurídico encargado por el consistorio azudense son suficientes para anular definitivamente la venta y construcción del centro.
Aprobado por Decreto del anterior alcalde en noviembre de 2022
El anterior alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, del PSOE, firmó en noviembre de 2022 un Decreto de Alcaldía por el que se cedía una parcela de más de 11.500 m2 a la Secretaría de Estado de Migraciones para construir en la misma un Centro de Atención de Migraciones. Dicha cesión se convertiría luego en venta por importe de algo más de 1,7 millones de euros.
Según el Decreto al que tuvo acceso EL HERALDO DEL HENARES, la parcela en cuestión mide 11.547 m2 y está enclavada en la parcela D-1 del sector Sur R-6, entre las calles Gemma Mengual, Rafael Guijosa y avenida de Meco.
La secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, organismo que depende del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá, anunció en octubre de ese año que se iban a construir 17 nuevos centros de este tipo en toda España, incluido el de Azuqueca, que iban a permitir ampliar en otras 6.100 el número de plazas de acogida de inmigrantes y refugiados políticos.
De hecho, según Castro, el de Azuqueca de Henares era uno de los centros que ya se encontraban en fase de licitación, junto a los de Valladolid, Soria y Mérida (Badajoz), incluso antes de firmarse el convenio con el Ayuntamiento de Azuqueca.
En estos centros de acogida. se presta a los inmigrantes alojamiento y manutención, así como otro tipo de servicios sociales y sanitarios.
Esta cesión provocó el rechazo de parte de la oposición municipal, PP y Vox, y de la sociedad azudense, que convocó varias manifestaciones en contra de la decisión de Blanco.
José Luis Blanco renunció a la Alcaldía de Azuqueca de Henares el 3 de marzo de este año, tras ser nombrado director general de Relaciones Institucionales de Renfe.
