El Heraldo del Henares
El alcalde de Cifuentes (Guadalajara) y diputado provincial de Deportes en la Diputación alcarreña, Marco Antonio Campos Sanchís, así como el exalcalde y director del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, José Luis Tenorio Pasamón, declararán mañana martes 4 de febrero como imputados por diversos delitos urbanísticos ante el juzgado de instrucción número 3 de Guadalajara.
Según ha podido conocer EL HERALDO DEL HENARES, también están llamados a declarar este martes otros antiguos cargos municipales socialistas, como la exteniente de alcalde, M. T. S. R., y el exconcejal de Obras del consistorio cifontino, J. L. S. H.
Los delitos por los que vienen acusados por varios vecinos del municipio son los de ‘daños continuados’, ‘falsedad’, ‘contra la Ordenación del Territorio’, ‘prevaricación administrativa’, ‘infidelidad en la custodia de documentos públicos’, ‘malversación’ y ‘fraude’.
Los hechos por los que serán mañana martes oídos en declaración como investigados (imputados), tienen su origen en 2005, cuando el Ayuntamiento cifontino, entonces presidido por el alcalde Javier Marigil, acordó el derribo del edificio consistorial, lo que supuestamente provocó daños a tres edificios colindantes, dos de los cuales quedaron en situación de ruina.
El juzgado ya escuchó en su momento en declaración como imputado a Marigil, tras lo cual acordó el sobreseimiento de la denuncia contra los cargos que declaran mañana, si bien la Audiencia provincial de Guadalajara ordenó que siguieran las actuaciones.
Además de los cargos políticos llamados a declarar este martes, también están citados, todos a partir de las 9,30 horas, un aparejador y un arquitecto. Otros tres técnicos que intervinieron en el expediente administrativo de demolición también fueron citados, pero dado el tiempo transcurrido, casi veinte años, dos de ellos ya han fallecido y el tercero no declarará por motivos de salud.
El asunto del derribo del antiguo edificio consistorial, catalogado como histórico, ha sido objeto de numerosos procedimientos judiciales, tanto contencioso-administrativos como penales.
El propio propio Ayuntamiento cifontino aprobó en su momento una normativa para legalizar las obras de reconstrucción del edificio, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, TSJCLM, la declaró nula, por lo que el proyecto sigue paralizado.
