El Heraldo del Henares
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que investigue las quejas de centenares de mutualistas de Muface, que han visto cómo sus peticiones de asistencia sanitaria han sido rechazadas en los últimos meses por parte de las compañías aseguradoras DKV, Adeslas y Asisa.
El objetivo es determinar posibles responsabilidades penales, tanto de las compañías como de las personas físicas que pudieran ser autores o partícipes en los hechos denunciados, según han informado fuentes de este sindicato en un comunicado.
«Gracias a las presiones de CSIF, entre ellas la huelga convocada para este jueves, 13 de febrero, y a la interlocución con Gobierno y aseguradoras privadas, el ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha presentado una nueva oferta económica, que están estudiando las compañías», han añadido estas fuentes.
Mientras tanto, han anunciado que seguirán con su labor de vigilancia y con las presiones en favor de los mutualistas a recibir una asistencia sanitaria adecuada.
El escrito presentado por CSIF recuerda que se han recibido diariamente desde octubre centenares de quejas de mutualistas a quienes les han sido denegadas la realización de pruebas médicas, así como anulación de citas e intervenciones quirúrgicas, «lo que está provocando problemas de salud mental y física tanto en los mutualistas como en sus familias».
«Denunciamos que la injustificada negativa de las aseguradoras constituye un problema de salud pública por sí mismo y por el número de personas afectadas, aproximadamente 1,5 millones entre mutualistas y beneficiarios en toda España», de ellos, más de 50.400 en Castilla-La Mancha y 9.000 en la provincia de Guadalajara.
En este sentido, la denuncia presentada por CSIF ante la Fiscalía General señala que “en ningún caso una cuestión puramente económica como es la no renovación del actual concierto puede justificar la desatención en materia del derecho fundamental a la protección a la salud, por lo que instamos a que investigue para determinar las posibles responsabilidades penales de las aseguradoras».
CSIF ha finalizado señalando que ha intensificado las últimas semanas la interlocución con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos para promover un acuerdo, reclamando a unos y a otros responsabilidad ante una situación que pone en riesgo la atención sanitaria de los mutualistas.
«Por el contrario, afeamos la actitud de otras organizaciones sindicales por el doble juego que realizan; por un lado, reclamando una solución para Muface y al mismo tiempo realizando campaña para que los mutualistas abandonen el concierto sanitario», han dicho.
