El Heraldo del Henares
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, se reunió ayer lunes en Albacete con representantes del sector jurídico de Castilla-La Mancha para abordar la implementación de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en el territorio.
Olmedo ha tenido ocasión de comentar los detalles de esta norma con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCLM, Vicente Manuel Rouco Rodríguez, entre otros, según han informado en un comunicado fuentes de la delegación del Gobierno de España en Castilla La Mancha.
Una de las novedades que incorpora esta ley es la creación de los Tribunales de Instancia, que integran los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial.
De esta forma, los 151 juzgados unipersonales de Castilla-La Mancha se transformarán en 31 Tribunales de Instancia y en el caso concreto de la provincia de Guadalajara, los actuales veinte juzgados unipersonales se convertirán en tan solo tres de instancia: uno en la capital, otro en Molina de Aragón y otro en Sigüenza.
El mayor cambio será para la capital alcarreña, que verá cómo sus 8 juzgados de Primera Instancia, los cuatro de Instrucción, los dos Penales, los dos Sociales, el Contencioso Administrativo y el de Menores pasan a ser un solo Tribunal de Instancia.
En los casos de Molina de Aragón y Sigüenza el cambio apenas se notará ya que en la actualidad tan solo cuentan cada una de ellas con un juzgado mixto de Primera Instancia e Instrucción, por lo que su transformación en Tribunales de Instancia de jurisdicción única los mantendrá tal como están.
Asimismo, se crean las Oficinas de Justicia en los Municipios, los antiguamente denominados juzgados de Paz, que serán el punto de contacto directo entre los ciudadanos y la Administración de Justicia. En ellas se podrán realizar actos y trámites procesales de manera telemática a fin de evitar los desplazamientos hasta las sedes de los Tribunales de Instancia.
La ley apuesta también por los llamados medios alternativos de solución de controversias (MASC) en el ámbito civil y mercantil, como la mediación y el arbitraje.
«De esta forma, se trata de evitar la sobrecarga de los juzgados y tribunales, limitando su intervención a aquellas causas donde sean imprescindibles, sin que eso implique una merma de los derechos y protegiendo las plenas garantías jurídicas de las partes», han finalizado estas fuentes.
En la reunión, han estado presentes, de izquierda a derecha según la imagen, la gerente del ministerio de Justicia en Castilla La Mancha, María Isabel Negro Company; el subdirector de fondos del ministerio; la magistrada de lo Penal número 1 de Albacete, Rosario Sánchez Chacón; el presidente de la AP de Albacete, Cesáreo Monsalve Argandoña; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el presidente del TSJCLM, Vicente Manuel Rouco; el secretario de Gobierno del TSJCLM, Francisco Antonio Bellón Molina; el Fiscal Superior de Castilla La Mancha, Emilio Manuel Fernández García; el letrado coordinador provincial de Albacete, Sigfrido Mangas Morales; el juez decano de Albacete, Pedro Benito López Fernández; y, finalmente, el presidente de la Junta de Personal de Albacete, Antonio Marín, de UGT.
