El Heraldo del Henares
Conocida la sentencia por la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso interpuesto por el Grupo Socialista de la Diputación de Guadalajara contra el acuerdo del Pleno que materializaba el pacto entre el PP y la diputada tránsfuga Yolanda Ramírez para asegurar a ese partido la mayoría absoluta que las urnas no le dieron, queremos puntualizar lo siguiente:
1-. El recurso estaba dirigido, evidentemente, contra la parte administrativa de ese pacto entre la diputada tránsfuga y el Equipo de Gobierno del PP: el acuerdo de Pleno que modificó las dedicaciones exclusivas acordadas al inicio del mandato con el único fin de que Yolanda Ramírez pudiera recuperar la dedicación exclusiva –y el sueldo–, que había perdido tras haber abandonado el grupo político de Ciudadanos –por el que fue designada– y, por tanto, haber dejado de ser portavoz, condición por la que hasta entonces percibía sus retribuciones.
2-. Que estamos ante un evidente acto de transfuguismo, como también es evidente que existe un pacto –que preferimos llamar apaño, o amaño, porque la palabra pacto suena más noble–, entre el PP y la diputada que abandonó el grupo político por el que fue designada. Igualmente, es evidente que mediante ese amaño el PP se propuso y consiguió asegurarse el voto de la diputada tránsfuga, a cambio, claro está, de recuperar ésta el sueldo que perdió al abandonar el grupo político de Ciudadanos y dejar de ser su portavoz.
3-. Lo que se discutía en el Juzgado, a través de recurso interpuesto por el Grupo Socialista es si, además de eso, se había vulnerado la ley incurriendo en alguna ilegalidad. Desde el Grupo Socialista pensábamos, y seguimos pensando, que sí. De hecho, tanto el pacto antitransfuguismo en sus sucesivas ediciones, como los cambios normativos que se han llevado a cabo en España a partir de esos pactos, tenían como objetivo evitar corruptelas como estas.
Es decir, evitar, como ha ocurrido aquí, que una diputada provincial abandone la disciplina del grupo político por el que fue designada como portavoz para apoyar al grupo que gobierna –y que necesita amarrar una mayoría absoluta que no obtuvo en las urnas–, a cambio de obtener derechos que no tenía por su sola condición de diputada provincial, puesto que sus retribuciones nacían del hecho de ser portavoz, y las perdió de forma automática al dejar de serlo.
4-. En ocasiones similares, la justicia ha evitado o ha condenado amaños antidemocráticos parecidos a este. Por tanto, desde el Grupo Socialista creíamos, y seguimos creyendo, que este caso también tiene todos los ingredientes para que se pudiera evitar que prospere una maniobra que choca frontalmente con el pacto antitransfuguismo. Por eso lo recurrimos.
5-. Al interponer el recurso pensábamos, y seguimos pensando, que esta maniobra, además de indecente y antidemocrática, puede ser también contraria a la ley, porque precisamente las modificaciones normativas aprobadas como consecuencia del pacto antitransfuguismo trataban de introducir restricciones a este tipo de corruptelas.
6-. Con todo el respeto a la resolución judicial, quizá en este caso no se ha llegado al fondo del asunto o no se han considerado de aplicación los precedentes de la jurisprudencia descrita y aportada. Por ello, estamos estudiando la sentencia y valorando de manera muy probable la posibilidad de interponer un recurso contra ella.
7-. Estamos convencidos de que la estrategia que culminó hace un año otorgando en Pleno la dedicación exclusiva que Yolanda Ramírez había perdido, era parte de un plan que trataba de sortear las condiciones del acuerdo de investidura suscrito entre el PP y Ciudadanos, que el PP de Guadalajara, presidido por Ana Guarinos, no estaba dispuesto a cumplir. Seguramente porque se hablaba mucho de regeneración, de transparencia y buen gobierno, de diálogo… y eso era demasiado para ellos.
8-. Al obrar así no solo se incumplió ese compromiso entre partidos, sino el Código de Transparencia y Buen Gobierno aprobado un año antes en el propio Pleno de la Diputación y los pactos antitransfuguismo que todos los partidos se comprometieron a cumplir. Además, estamos convencidos de que incumple las leyes que se modificaron precisamente para tratar de evitar prácticas como estas, y el propio Reglamento de la Corporación provincial, modificado también en su día por razones parecidas.
9-. La propia sentencia incluye un claro reproche hacia la defensa procesal de la diputada Yolanda Ramírez. Refiriéndose a su escrito de contestación a la demanda interpuesta por el Grupo Socialista, llega a decir que “constituye un auténtico abuso de derecho, bajo el parapeto del sagrado derecho de defensa, desgranar una perorata de cariz político en un escrito procesal”.
10-. Desde el Grupo Socialista no somos partidarios de judicializar la vida política, y estamos completamente de acuerdo con lo que el juzgador afirma en su sentencia respecto a que el proceso judicial no es un escenario más de la confrontación política. Pero si, además del reproche político, y esperamos que electoral, existe el convencimiento de que con este tipo de prácticas antidemocráticas se han vulnerado además las normas, nuestra obligación es denunciarlo también por vía judicial para que esas posibles ilegalidades no queden impunes.
Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara
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