El Heraldo del Henares
La diputada provincial No Adscrita, Yolanda Ramírez ha ofrecido hoy una rueda de prensa tras conocerse la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Guadalajara, que desestima la demanda presentada por el portavoz del Grupo Socialista, Julio García Moreno, en relación a la decisión que tomó de salir del Grupo Ciudadanos, por el que había sido elegida en 2015, y pasar posteriormente a la condición de No Adscrita.
Ramírez, que ha recalcado que siempre “he actuado convencida de que su actuación se ajustaba escrupulosamente a la ley y que era una decisión totalmente legal, legítima y, por supuesto, democrática”, ha mostrado su satisfacción por el contenido de la sentencia que dice que el acuerdo alcanzado en Pleno, e impugnado por el señor García, es legal y ajustado a derecho.
Los acuerdos que se adoptaron vinieron dados por la nueva situación generada, siendo conforme con el ordenamiento jurídico, ha dicho.
“Se ha demostrado que tan solo ejercí mi derecho a abandonar una formación política, a la que entré a formar parte por seguir unos principios que se ajustaban a mi forma de entender la vida política, al servicio de mis vecinos, de mi pueblo y de mi provincia y que, conforme avanzó el tiempo, nada tenía que ver con el proyecto inicial, apartándose del camino iniciado y, viéndome abocada a abandonarlo si quería seguir trabajando por el proyecto inicial que me movió a asumir esta responsabilidad y compromiso”, ha dicho la diputada provincial.
“La justicia le da un duro varapalo judicial, tanto a él, como al Grupo Socialista al que representa, y echa por tierra sus pretensiones que solo se traducen en aspiraciones políticas frustradas y personalistas, y que pone de manifiesto, una vez más, que este señor ha actuado con mala fe y guiado por el rencor de no haber podido aprovechar esta situación para verse presidente de esta Diputación”, ha manifestado Ramírez.
Esta diputada provincial ha añadido que la resolución judicial concluye que los acuerdos adoptados por la Diputación en relación con su situación son ajustados a derecho, “ni contravienen norma alguna” -ni el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen local, ni el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Diputación- y “ni presentan mácula de infracción ordinamental alguna, ni siquiera la de inmotivación”, “haciendo inviable su anulación judicial”.
Ramírez se ha mostrado convencida de que el señor Julio García “ha actuado de mala fe y a sabiendas de que
esta demanda tan solo la presentaba con el afán de ocasionar un grave descrédito a nuestra Diputación, manchando su buen nombre y prestigio y con el fin de generar daño político, profesional y personal hacia mi persona; porque no se sustentaba de ninguna manera, pero lo que es aún más grave, que lo ha hecho con la ambición y el propósito de que terminara cediendo ante el escarnio público, que me ha hecho él y quienes y le han seguido, para poder alcanzar el Sr. García sus aspiraciones”.
En este sentido, ha afirmado que “lamentablemente, hay personas que no tienen más remedio que vivir de la política, que lo llevan haciendo toda su vida, y que no tienen escrúpulos en involucrarse en estos tristes episodios solo por seguir a pies juntillas las directrices de su partido, el Partido Socialista y que lo hacen únicamente para poder mantener un sillón. Es el rédito político. Y de eso, a la vista está, sabe mucho el señor Julio García, precisamente el menos adecuado para arremeter contra mi persona. Invito a todos a que saquen a luz su pasado político y a él a que se dedique a trabajar por su pueblo y su provincia”.
“A mí, personalmente, se me caería la cara de vergüenza estar ocupando un sillón en el Pleno de esta Diputación para dedicar mi tiempo a judicializar la vida política: porque lo hizo con el Plan de Carreteras, lo intentó hacer y sigue en ello con el Servicio Provincial de Recogida de Residuos y lo hace, poniendo palos en las ruedas, con cualquier tipo de proyecto que resulta beneficioso para esta provincia. Ni una sola propuesta constructiva ni un atisbo de colaboración y muchas mentiras y enredos y mucho interés destructor sin escrúpulos algunos”, ha dicho manifestando su opinión: “Debería pedir disculpas y dimitir e irse a su casa, si todavía tiene un mínimo de decencia”.
No hay transfuguismo
Además, con esta sentencia, ha remarcado Ramírez, se demuestra que “no existe caso alguno de transfuguismo, y que tampoco se me puede achacar la condición de tránsfuga como algunos se han dedicado a repetir cual mantra por aquello de hacer de mentira verdad o del “calumnia que algo queda”.
Por todo ello, la diputada No Adscrita ha aconsejado al señor Julio García “que se dedique a trabajar un poquito y deje de hacernos perder el tiempo, por un lado a la Justicia, y por otro a los que de verdad tenemos ganas de continuar trabajando por esta provincia y nuestros pueblos. Y lo mismo, para todas aquellas personas que se han dedicado a ‘hacer el caldo gordo’ a este señor haciéndose eco, la mayoría de las veces de forma anónima y, por tanto, cobarde, recurriendo a la difamación y al insulto e incitando, en muchos casos, a la animadversión en las redes sociales”.
Y todo esto es extensivo, ha añadido Yolanda Ramírez, “a quienes tiraron la piedra y escondieron la mano sumándose a una causa que sabían perdida desde un primer momento. Los responsables provinciales y regionales de Ciudadanos que saben que su forma de actuar no cuadra con personas como yo, que tenemos criterio propio, que somos coherentes y que tenemos nuestra profesión y una trayectoria profesional y, por tanto, no debemos nada a nadie y no estamos dispuestas a comulgar con ruedas de molino porque sí; sin admitir opiniones o críticas”.
Ramírez ha reconocido que “ha sido un año difícil en el que ha habido mucho trabajo, al que se le ha añadido el tener que soportar los daños morales y personales, no solo a mí, también hacia mi entorno de amigos y familia y mis vecinos”.
Un año, se ha referido, “en el que he tenido que aguantar que se me llamara “tránsfuga”, que estaba protagonizando un “caso de corrupción política”, que este era un caso de “corrupción política de libro”, que se ha comprado mi voluntad, que existía “delito de prevaricación o malversación”…entre otras lindezas”.
Ramírez ha informado que se reserva el derecho de pedir daños y perjuicios hacia su persona.
Por último, ha dedicado el final de su intervención a agradecer a todos los alcaldes y concejales que le mostraron su apoyo y ayuda, de todos los signos políticos, a sus compañeros concejales Carlos Hernández y Asunción López, a tantos vecinos de El Casar, de donde es concejal, y de la provincia que han estado a su lado.
