El Heraldo del Henares
Como usuarios de las instalaciones municipales gestionadas por la empresa concesionaria La Alameda, Agua y Salud y antes las declaraciones vertidas en algunos medios de comunicación por algunos trabajadores, la mayoría temporales, de la empresa el pasado 10 de febrero, emitimos el siguiente comunicado:
Llevamos meses denunciando las irregularidades existentes en las instalaciones deportivas municipales, el pabellón multiusos «Ciudad de Azuqueca» y la piscina climatizada, gestionadas ambas por la empresa concesionaria La Alameda, Agua y Salud, sin que el Gobierno municipal haya hecho nada al respeto.
Han sido varias las sesiones plenarias en las que tanto vecinos, usuarios, trabajadores y terceras personas que no tienen relación alguna con este centro y aun así se han visto perjudicados con la actuación por parte de la dirección
del mismo, como los grupos de la oposición han demostrado que se incumple de manera reiterada el pliego por el cual la empresa adjudicataria tiene una, concesión de 25 años. Una situación que sufrimos especialmente los usuarios, los que abonamos nuestras cuotas mes a mes y no recibimos el servicio que merecemos en unas instalaciones deportivas como las que tenemos en nuestro municipio.
El incumplimiento reiterado del pliego de prescripciones técnicas, el mal estado de las instalaciones, el hecho de no entregar la hoja de reclamaciones dirigidas a la oficina del consumidor (OMIC), cuando cualquier usuario quiere poner una queja estando obligados a facilitarla, entregando en su lugar las internas , para después romperlas, ignorando reiteradamente de esta manera nuestros problemas. El no haber ningún tipo de control, la mala atención y falta de respeto por parte de los dos responsables de estas instalaciones cuando algún usuario se dirige a ellos para trasladarles una queja, son una constante en estos centros, debido a que estos responsables favorecen a unos usuarios y discriminan a la vez a otros, cosa que nos parece totalmente un acto u actos fuera de lugar., debido a su posición como responsables de un CENTRO PÚBLICO.
Por ello, en el pleno de 28 de septiembre de 2017 los grupos de la oposición aprobaron una moción en la que se pedía rescindir el contrato con la empresa concesionaria, sacar a concurso un nuevo pliego de condiciones en el plazo inferior a tres meses y subrogar al personal empleado en ambas instalaciones, asumiendo así la nueva concesionaria todas las obligaciones y derechos laborales de los trabajadores.
Lamentablemente, como no se ha hecho nada al respecto, el deterioro en las instalaciones ha aumentado, la falta de atención a los usuarios por parte del personal responsable ha continuado y se les ha seguido negando derechos
a los trabajadores.
Fue el grupo municipal de Izquierda Unida quien recogía todas estas denuncias de los usuarios, con el apoyo de las demás grupos de la oposición, y alertaba de las situaciones tan desagradables que estábamos presenciando en la
zona del spa porque no había ningún tipo de control. Lo hacía públicamente, desde el respeto escrupuloso en su labor de defensa del interés público como cargo electo. Los usuarios podemos tener la ideología que deseemos y militar o no en la organización, sindicato, asociación que nos plazca ¡faltaría más! Ello no impide que defendamos unos servicios públicos de calidad y desde luego, ningún grupo de la oposición nos pregunta cuál es nuestra orientación ideológica para atender nuestras quejas, peticiones o sugerencias.
Lo que es lamentable que seamos los usuarios los que paguemos las consecuencias de la mala gestión de esta empresa concesionaria y de la inacción de un gobierno que no sabemos a qué se dedica.
En este comunicado somos unos cuantos los que nos atrevemos a alzar la voz en cuanto a estos problemas, pero nos consta que no somos los únicos perjudicados por esta situación de desidia por parte del grupo de gobierno de nuestro municipio, el Alcalde y su grupo, y los responsables de la empresa Rayet, debido a que en esta localidad no existe otro centro deportivo público y una gran mayoría prefiere no implicarse más directamente por no salir mal
parados, como en otros casos ya ha ocurrido.
Dice la empresa La Alameda Agua y Salud en su comunicado que como se trata de «una empresa privada son ellos quienes deben llevar el servicio sin que se meta el Ayuntamiento por medio». No señores no. No se trata de una empresa privada sino de la gestión, por parte de esta empresa, de unas instalaciones municipales. Es justamente el funcionamiento del servicio público en cuestión, lo que justifica, la existencia de los contratos de concesión
administrativa, que constituye, también, la razón fundamental por la que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración, en este caso al Ayuntamiento, una serie de potestades que le permiten realizar un seguimiento de la ejecución del contrato por parte del concesionario para garantizar con ello el buen funcionamiento del servicio encargado por aquella.
Estamos cansados de ver la falta en el mantenimiento de las instalaciones, la falta de personal en la zona del spa que está favoreciendo que se den comportamientos indecorosos por parte de algunos usuarios, carecer de las hojas de reclamaciones obligatorias, y de que la empresa no informe al Ayuntamiento de los cambios que ha realizado en la organización del servicio o que sus responsables carezcan de la titulación profesional exigida en el contrato. Ya está bien.
Esto no es ninguna invención, sólo hay que acudir a las instalaciones deportivas o ver los informes del Departamento Técnico, como han tenido la oportunidad de examinar los grupos de la oposición, para comprobar que estamos en los cierto. La mala gestión de la concesionaria y el incumplimiento reiterado del pliego de prescripciones técnica ratifica nuestra versión.
Pilar Jarabo Fernández, Sofía Cobollo Jarabo, Pedro Cobollo Sotoca, Ana Cristina Díaz Arranz, Susana Saragoça Margalho, Benjamín Redondo Marugán, Sacramento Goméz Goméz y María Luisa Rodríguez Herrera
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El Ayuntamiento de Azuqueca apuesta por las privatizaciones y luego pasa lo que pasa. En muchos departamentos municipales las privatizaciones, legales o encubiertas, son una realidad. Hay departamentos donde hay más trabajadores «subcontratados» q empleados públicos.