El Heraldo del Henares
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública, TACP, ha paralizado cautelarmente el concurso de licitación del servicio de vigilancia y seguridad en los inmuebles propiedad de Patrimonio Nacional en Aranjuez y El Escorial, tras el recurso presentado por el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, ASTSP, que denunciaba que la memoria económica de dicho concurso no contempla los incrementos salariales pactados en el nuevo convenio colectivo del sector de vigilancia privada.
En dicho recurso Alternativa Sindical había solicitado la adopción de medidas cautelares consistentes en suspender el procedimiento de contratación para evitar males mayores, al entender que de la actualización de los incrementos salariales en los concursos públicos depende la viabilidad de los puestos de trabajo, la supervivencia de las empresas del sector y que no haya conflictividad laboral, han señalado fuentes de este sindicato en un comunicado.
Ahora, el TACP le ha dado la razón al entender que ‘el análisis de los motivos que fundamentan la interposición del recurso pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación, por lo que procede suspender cautelarmente este hasta el momento que se dicte la resolución del recurso’.
De esta forma, este sindicato ha conseguido paralizar este concurso como ya hiciera con el pliego técnico de licitación del concurso del servicio de seguridad para los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, que fue primero paralizado por el TACP y, finalmente, anulado por el propio gobierno autonómico madrileño a instancias de este sindicato.
En este caso en concreto, el letrado laboralista y asesor de Alternativa Sindical, Roberto Mangas Moreno, había solicitado al TACP que anulara y dejara sin efecto la aprobación y publicación del pliego de condiciones particulares para la contratación del servicio de vigilancia de seguridad en las dependencias del CAPN, en Aranjuez y El Escorial y se publicara uno nuevo con las debidas correcciones económicas ajustadas a los salarios previstos en el convenio colectivo del sector, vigente para los años 2023-2026.
“Desde Alternativa Sindical insistimos en que es necesario cambiar el modelo de concursos públicos que afectan a los más de 85.000 trabajadores del sector que prestan sus servicios tanto en instituciones públicas como en empresas privadas, porque siempre se tiende a ir al precio más bajo de licitación, sobre todo por parte de la Administración, y sin ningún criterio de calidad en cuanto a la prestación de servicios”, han señalado estas fuentes.
Además, han denunciado que sindicatos como UGT, CCOO y USO “son cómplices necesarios para tener un sector de seguridad cada vez más precario por prestarse a firmar convenios a pérdidas durante más de 25 años, con la complacencia del Gobierno central o de la Comunidad Autónoma de Madrid”.
“Por ello, desde Alternativa Sindical nos hemos propuesto impugnar cada concurso que no cumpla con los objetivos mínimos marcados en el convenio colectivo, porque de ello depende la viabilidad de los puestos de trabajo, la supervivencia de las empresas del sector y que no haya conflictividad laboral”, han añadido.
