El Heraldo del Henares
Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, ASTSP, ha impugnado el pliego de prescripciones técnicas para el concurso del Servicio de Vigilancia y Seguridad de los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid al entender que incumple el acuerdo salarial pactado en el convenio colectivo del personal de seguridad para los próximos años.
Según han informado fuentes de este sindicato en un comunicado, el presupuesto de la licitación del concurso convocado «no solo no espeta las condiciones salariales establecidas en el actual Convenio Colectivo de empresas de seguridad para este año, sino que tampoco lo hace para los siguientes».
Así, han recordado que los incrementos salariales recogidos en el nuevo convenio son de un 6% para 2023; un 4% para 2024; un 3% para 2025 y otro 3% para 2026.
Además, han recordado que estas subidas han de quedar reflejadas en el presupuesto de licitación no solo porque lo recoja el nuevo convenio colectivo del sector, sino porque lo obligan las diferentes directivas europeas aplicadas a la legislación española, entre otras, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
«Esta ley establece taxativamente que en los contratos en que el coste de los salarios de los trabajadores que sean necesarios para el trabajo licitado han de formar parte del precio total del contrato, por lo que el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia”, han añadido desde este sindicato.
Así, Javier Viñas, secretario de Organización de Alternativa Sindical ha calificado de “lamentable este modelo de contratación de las Administraciones Públicas que lo único que hacen es precariza el sector“.
“Los profesionales del sector de seguridad privada siguen sufriendo las consecuencias de un modelo de contratación pública que solo contempla el precio más barato, lo que ha llevado a muchas empresas no solo a tirar los precios y fomentar así la competencia desleal en el sector, sino a hacerlo a costa del poder adquisitivo de los trabajadores que, a día de hoy, están inmersos en una tendencia de empobrecimiento salarial que parece no tener freno», ha añadido.
«Esa política de precios está impactando en la seguridad de los propios trabajadores durante el desempeño de su profesión y en la calidad del servicio prestado, por lo que parece que quien debiera ser ejemplo y referente de buena praxis en la contratación de servicios, el sector público, es todo lo contrario”, ha finalizado Viñas.
