El Heraldo del Henares
El Juzgado de Instrucción nº 5 de Coslada ha abierto diligencias previas por la interrupción de una celebración religiosa en la iglesia de San Juan y San Pablo de San Fernando de Henares el pasado lunes 13 de abril.
El juzgado deberá investigar si esos hechos son constitutivos de un delito contra los sentimientos religiosos tras la denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos contra el delegado del Gobierno en Madrid por un posible delito de interrupción de culto, recogido en el artículo 523 del Código Penal, al considerar esta asociación que los policías que llevaron a cabo dicha operación actuaron cumpliendo sus instrucciones.
Desde la organización de juristas explican que el propio Real Decreto por el que se declara el estado de alarma dice textualmente en su artículo 11 que «la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro».
En este sentido, el sacerdote, Miguel Ángel Nieto, explicó en su día que en el templo «éramos sólo 5 feligreses y el cura, por lo que se cumplían las distancias de seguridad sobradamente», además aseguró que mostró a los agentes «lo que dice el articulo 11 del decreto de alarma», y que todos los feligreses enseñaron «el papel del obispado» que servía de salvoconducto ante la Policía.
Aún así, según sus palabras, «me han dicho que si no suspendía la misa, nos sancionaban», según ha informado MiraCorredor.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, defiende que «en el Real Decreto hay un anexo en el que se detalla de forma exhaustiva la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida, entre las que no se encuentran las iglesias u otros lugares de culto análogos».
Castellanos recuerda que «el de San Fernando de Henares no es un caso aislado». «Hemos presentado más de una decena de denuncias en distintas partes de España por actuaciones similares».
Destaca por ejemplo «la interrupción de una celebración en la catedral de Granada o en la de Valladolid, así como en la Iglesia de San Jenaro en Madrid, entre otras». Y añade que «ya se han abierto diligencias por otro caso similar en Murcia, también gracias a nuestra denuncia».
«Consideramos que estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar durante el estado de alarma son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista. Se trata de una persecución religiosa», según Castellanos, quien insiste en que «la reiteración evidencia que no es algo casual. El Gobierno está aprovechando el estado de alarma para acabar con la libertad religiosa».
