El Heraldo del Henares
El Tribunal de Cuentas ha detectado anomalías en la mayoría de los 656 contratos públicos adjudicados en 2016 y 2017 por la Junta de Castilla-La Mancha que preside el socialista Emiliano García-Page por un importe total de 988 millones de euros, según ha denunciado hoy el digital okdiario.com.
Según la información de este diario, el tribunal encargado de velar por el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía concluye que en la mayoría de los contratos fiscalizados “no se ha justificado suficientemente la necesidad de su celebración”. La administración autonómica ni siquiera ha conseguido en muchos casos acreditar la urgencia que supuestamente justificaba el contrato.
Además, el Tribunal de Cuentas censura a la administración regional de García-Page ya que “los expedientes aportados presentan deficiencias porque los informes sobre la justificación de la necesidad aportados se limitan, bien a mencionar la competencia, a describir el objeto del contrato o, son sumamente genéricos, sin concretarse las necesidades supuestamente existentes en ese momento, que dieron lugar a la tramitación de los respectivos expedientes con los consiguientes gastos”.
Según okdiario.com, el informe de fiscalización es demoledor para un gobierno que aspira a revalidar su mandato en las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo.
Sigue en su información okdiario.com, que en muchos de los contratos firmados por la Junta de Castilla-La Manda en 2016 y 2017 los auditores del Tribunal de Cuentas han observado “la ausencia de los informes o de los estudios económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado”.
Y, por si fuera poco, también se han descubierto contratos con “pliegos de causas de exclusión o de prescripciones técnicas que limitan la concurrencia”.
El Tribunal de Cuentas muestra especial preocupación por el hecho de que, “con carácter general”, los contratos públicos de la administración de García-Page vulneran el precepto legal de que “la inversión de fondos públicos y el consiguiente gasto que la mayoría de los contratos implica sólo puede justificarse por la existencia de una auténtica, efectiva y concreta necesidad de interés público motivadora de la tramitación de cada expediente”.
Así, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas alerta de que desde 1994 se lleva contratando la conservación de las carreteras de Ciudad Real “sin que exista una justificación de que su externalización resulte más beneficiosa a la Administración, máxime teniendo en cuenta el importe del contrato 4.210.248 euros”.
Otro contrato que llama la atención del órgano fiscalizador es el de los servicios de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de las instalaciones de la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Puertollano. Con un presupuesto máximo de licitación de 6,6 millones de euros en 48 meses, los auditores han descubierto que “no solo no se justifica la necesidad y falta de medios propios para llevar a cabo los trabajos”, sino que el propio informe de necesidad y justificación del procedimiento reconoce “que actualmente en los diversos centros de la GAI, es el propio personal de limpieza, quién viene desempeñando habitualmente, de manera directa unas veces, y de manera indirecta, mediante colaboración con personal más cualificado, otras, la totalidad de las prestaciones objeto del contrato”, finaliza su información okdiario.com
La Junta dice que los contratos se han ajustado a la legalidad
Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido un comunicado a los medios de comunicación, en el que destaca que la contratación pública se ajusta a los principios de legalidad y transparencia, que el Tribunal de Cuentas no pone en entredicho en el informe sobre esta materia, que ha publicado en su página web.
El Tribunal de Cuenta señala, en un informe de fiscalización sobre la contratación pública de los ejercicios 2016 y 2017 correspondientes a las cinco comunidades autónomas que no disponen de un órgano de control externo propio, una serie de observaciones en los contratos examinados de las comunidades de Cantabria, Extremadura, Murcia, La Rioja y Castilla-La Mancha, además de las ciudades de Ceuta y Melilla.
En el caso de Castilla-La Mancha, el Tribunal solo ha examinado 68 contratos de los más de 3.000 formalizados por la Administración regional entre 2016 y 2017, que se ajustan a la legalidad y, en relación a la tramitación administrativa de los mismos, ha hecho algunas observaciones.
Por otra parte, el informe indica que el Gobierno de Castilla-La Mancha cumple en materia de transparencia “de manera destacada” en cuanto a contratación administrativa con la publicación de las instrucciones de contratación, la existencia de los perfiles del contratante y el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, de igualdad y de transparencia de adjudicaciones y contrato.
El Tribunal de Cuentas también reconoce el cumplimiento por parte del Gobierno regional de las observaciones remitidas en informes anteriores.
Entre ellas, por ejemplo, remitir toda la información al Tribunal de Cuentas sobre contratación llevada a cabo en el sector público regional, cumplir con los objetivos de transparencia y objetividad en el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, o aumentar la diligencia en la elaboración y supervisión de los proyectos.
Además, en las alegaciones presentadas al borrador del informe por la Junta de Comunidades, se justifica en cada uno de los contratos examinados el cumplimiento de la normativa y el envío de toda la documentación que había solicitado para la evaluación de los contratos examinados.
Me pregunto ¿Alguien ha leído el informe del TCU?