El Heraldo del Henares
En los últimos años, estamos viendo como en España crecen las leyes en el ámbito de las Comunidades Autónomas, que buscan imponer en la sociedad la ideología de género, con el pretexto de la no discriminación y de garantizar los derechos de las personas homosexuales. Con estas leyes, los gobiernos de las Comunidades Autónomas están incorporando en nuestro país la corriente ideológica defendida por los lobbies del feminismo radical y LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero e intersexuales), cuya máxima es rechazar el sexo biológico como patrón diferenciador y que el binomio natural hombre-mujer sea sólo una convención social y cultural que deba ser sustituida por la libre elección de género. El objetivo final de esta ideología de género -a diferencia del movimiento feminista- no es acabar con el privilegio de los hombres-varones sino con la distinción de sexos misma. En el fondo creen que la maternidad es el principal motivo de esclavitud para la mujer frente al varón.
En Castilla-La Mancha, a través de su ley para una “sociedad libre de violencia de género” se ha creado un servicio especifico para atender a mujeres víctimas de violencia sexual. Y además en el terreno educativo se implantará una asignatura sobre igualdad en los centros educativos castellano manchegos, a través de una asignatura obligatoria con contenidos relativos a educación afectivo-sexual y prevención de la violencia de género a impartir tanto en Primaria como en Secundaria.
En materia jurídica, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha suscrito un convenio con la JCCM y la asociación ANFORMAD para el establecimiento de un servicio de atención gratuito a víctimas de agresiones sexuales que prestará tanto servicios psicológicos como jurídicos. Pero según comenta el Colegio de Abogados de Guadalajara, en su comunicado de ayer mismo, “dicho convenio se dirige a las mujeres víctimas de violencia doméstica, sexual o de violencia ejercida por terceras personas sobre sus bienes, su persona, o la de sus familiares a instancias del maltratador, empadronadas en Castilla-La Mancha, incluyendo también a aquellas personas que estén sometidas a trata con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual en la región”.
La cuestión es que, como dice este comunicado: “La asistencia prevista en dicho Convenio suscrito por el Instituto de la Mujer ya se presta para todas las víctimas de agresiones sexuales por el Turno de Oficio según a lo establecido en la Ley 1/96 de Asistencia Jurídica Gratuita y a través del convenio de colaboración firmado entre el Instituto de la Mujer y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, si bien por una cuantía de 20.000 euros y no de 230.000 euros, que será la cuantía de esta subvención a esta asociación.” Y es que el convenio firmado con esta asociación privada para desarrollar las mismas labores de Asistencia Jurídica Gratuita y ayuda psicológica que ya prestan los Colegios de Abogados y el propio Instituto de la Mujer, supera en 10 veces el importe previsto de la subvención para los 6 Colegios de Abogados de castilla La Mancha.
Aquí radica el negocio de la ideología de género, en este tipo de subvenciones. El propio Colegio lo explica en su comunicado: “De acuerdo a las estadísticas a las que ha podido acceder este Colegio, prácticamente la totalidad de los asuntos de agresiones sexuales que se han tramitado en los juzgados de Castilla La Mancha quedan amparados por el Turno de Oficio sin necesidad de que haya tramitarse a través del convenio citado.”
La argumentación que esgrimen para obviar a los Colegios de Abogados de Castilla La Mancha, que son corporaciones de derecho público, que ejercen potestades públicas y que legalmente son los únicos que pueden prestar la asistencia jurídica gratuita, es que estos profesionales del turno de violencia carecen de la especialización necesaria. Increíble pero cierto.
En materia educativa también van a buscan imponer esta ideología de género y pretenden acabar con el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y creencias. Buscan axfisiar la libertad de enseñanza; desorientatarán a los niños al imponerles la «diversidad sexual». Discriminarán a la familia natural e impondrán modelos familiares a padres, maestros y centros de enseñanza. Utilizarán también dinero público en el adoctrinamiento sexual y entregarán la educación de los niños a las organizaciones LGTBI.
Están privando a los padres de sus derechos, especialmente del más fundamental, el de educar a sus hijos según sus convicciones. Y de paso, privar a la sociedad del derecho a disentir, a no estar de acuerdo con las imposiciones del poder, a la libertad de expresión.
En Castilla la Mancha se implantará una asignatura sobre igualdad en los centros educativos y la Junta desarrollará dentro de sus competencias una asignatura obligatoria con contenidos relativos a educación afectivo-sexual y prevención de la violencia de género a impartir tanto en Primaria como en Secundaria.
La intención en material educative es evidente; introducir en el aula la ideología de género y sus variantes por medio de los contenidos educativos y planes educativos que tendrán las pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de la diversidad existente en cuanto a configuraciones genitales y su relación con las identidades, por lo que se incluirá en los temarios de forma transversal y de forma específica, integrando la transexualidad e intersexualidad. Pareciese que el gobierno tuviese más interés en la educación del menor que sus propios padres, a quienes estas leyes les relegarán hasta el punto de convertirlos en sospechosos si tratan de impedir que reciba esta educación sexual.
Ante este evidente adoctrinado en ideología de género que ya sufren nuestros menores en los centros educativos, en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como una educación afectivo sexual que incumple flagrantemente el artículo 27.3 de la Constitución Española y los derechos que les asisten a estos como padres; en VOX, por tal motivo, hemos diseñado una campaña para promocionar, divulgar y poner en las manos de los padres el PIN PARENTAL.
El PIN PARENTAL es una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos en los que estudian nuestros hijos, con tal instancia solicitamos a la dirección que nos informe previamente, a través de una AUTORIZACIÓN EXPRESA sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos, de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi consentimiento o no, para que nuestro hijo asista a dicha formación.
Así mismo solicitaremos en tal escrito que la información que nos facilite el centro, refleje una breve programación con la descripción de la actividad, sus contenidos objetivos, materiales, fecha, duración, nombre y titulación de la persona que lo imparte y entidad responsable de su organización o dirección. De no contar con dicha información previa y sin esta autorización firmada previamente a su impartición, le solicitaremos al director del Centro, que exima la asistencia nuestro hijo a dicha actividad, facilitándole la posibilidad de realizar una tarea alternativa durante la impartición de la citada actividad.
A través del Pin Parental podrás hacer frente al adoctrinamiento en ideología de género que sufren tus hijos en su colegio. Pueden descargarse el modelo de instancia y las instrucciones para su presentación en el siguiente enlace:
https://www.voxespana.es/pin-parental-y-libertad-de-educacion
Antonio de Miguel Antón, responsable de Educación en el Consejo Político de VOX
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