El Heraldo del Henares
Actualmente, en lo que se refiere al terrorismo y en la manera de hacerle frente, nos movemos en dos planos de actuación. Un primer plano referido al terrorismo yihadista como una de las principales amenazas a la seguridad y a la libertad de España y de los españoles. Y un segundo plano, referido al terrorismo de ETA y al nuevo escenario post-ETA tras su autodisolución. A este respecto, es importante destacar que no se puede pasar página de la noche a la mañana y es importante que la sociedad asuma que no ha habido justificación alguna del terrorismo, que no hay conflicto social que avale el recurso a la fuerza y a la vulneración de derechos humanos para conseguir fines políticos.
Para moverse en ambos planos es fundamental resaltar la importancia de que nuestra democracia sea una democracia fuerte, asentada sobre pilares sólidos que no se tambaleen frente al chantaje y la amenaza de quienes pretenden obtener réditos políticos mediante el uso de la violencia; aprovechándose en muchos casos, de las ventajas que nuestro sistema de derechos y libertades les ofrece.
Es por ello importante que aquellos que aspiran a asumir responsabilidades de gobierno de nuestro país, muestren de manera clara y contundente una actitud firme, valiente y, hasta en algunos casos, nada sencilla frente al terrorismo. Debiendo apostar claramente por una derrota de los terroristas sin contrapartidas de ningún tipo. Y manteniendo una actitud pro activa frente aquellos que no buscan otra cosa que la imposición de sus proyectos, políticos o religiosos, fanáticos y antidemocráticos.
La defensa de la Verdad, la Memoria, la Dignidad y la Justicia representan los cuatro pilares sobre los que debe sustentarse cualquier programa que pretenda colocar a las víctimas del terrorismo en una posición central. De ahí que desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo propongamos 25 medidas para garantizar su disfrute de manera efectiva a las víctimas del terrorismo.
VERDAD
Cuando hablamos de Verdad, hablamos de contar la historia del terrorismo en nuestro país tal y como ha sido. Sin tergiversaciones, manipulaciones ni falsas justificaciones. No hay causa alguna que justifique el asesinato, la extorsión o la amenaza. De ahí que no deban de ser admitidos como agentes políticos válidos aquellos que siguen pensando que en algún momento estuvo justificado matar.
Cuando hablamos de Verdad también hablamos del derecho a saber que tienen las víctimas. Las víctimas del terrorismo tienen derecho a conocer quiénes mataron a sus seres queridos, en qué circunstancias y qué investigaciones se llevaron a cabo. Con independencia de que no se les pueda sentar en el banquillo. Porque el derecho a la verdad ni prescribe, ni se amnistía ni se indulta.
El objetivo de cualquier sistema de derechos y libertades fuerte, y de cualquier dirigente político comprometido con las libertades de los ciudadanos, debe de ser el de derrotar a los terroristas. Derrotarlos operativamente, derrotar su relato de terror y derrotar su proyecto político-religioso fanático y antidemocrático. Las víctimas del terrorismo nos merecemos ver a los terroristas derrotados y a los que defienden su proyecto político fuera de las instituciones.
Medidas concretas:
1.- Impulso de un gran pacto de Estado, que incluya al mayor número de formaciones políticas, en el que siguiendo la senda marcada por el Pacto por las libertades y contra el terrorismo firmado en el año 2000, se recoja con claridad que ante el chantaje y la amenaza de los terroristas no hay nada que ofrecer ni porque maten ni porque dejen de matar.
2.- Promover mociones y resoluciones -tanto en el Parlamento Nacional, como en los Parlamentos Autonómicos y Ayuntamientos- rechazando expresamente cualquier negociación con terroristas o con quienes les representen en las instituciones.
3.- Aplicación de la Ley de Partidos para la ilegalización de aquellos partidos políticos que no condenen de una manera expresa la utilización de la violencia con fines políticos, así como, de aquellos que no condenen en concreto la violencia ejercida por ETA y reconozcan que no hay –ni ha habido- causa alguna que haya justificado su existencia.
4.- Promover el aislamiento político de aquellos que han sido admitidos en el juego democrático prematuramente sin exigirles una condena clara y explícita de la violencia terrorista tanto futura como pasada.
5.- Derecho a la Verdad de las víctimas del terrorismo: articular los mecanismos necesarios para que en los casos en los que la responsabilidad penal de los autores de un atentado hubiera prescrito no se despoje a las víctimas de su derecho de conocer la verdad sobre lo ocurrido y se les pueda ofrecer un relato de hechos, aunque sea sin consecuencias jurídicas, como forma de resarcimiento.
JUSTICIA
La defensa de la Justicia como valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico y como derecho irrenunciable de las víctimas del terrorismo requiere: el esclarecimiento de todos los atentados terroristas cuya autoría aún se desconoce, la puesta a disposición de la justicia de sus responsables para que sean juzgados, y la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales de justicia de una manera íntegra y efectiva.
El fin del terrorismo nunca puede ser sinónimo de impunidad. Las víctimas del terrorismo merecen una justicia efectiva. Las víctimas se merecen que se llegue hasta el final de las investigaciones sobre cualquier atentado terrorista. Con verdad y rigor. Sin frivolidades, especulaciones o falsas expectativas que les provoquen un dolor infinito y supongan una nueva victimización.
Pero Justicia también es que los terroristas cumplan íntegramente sus condenas y evitar que la política penitenciaria se acabe convirtiendo en moneda de cambio.
Las víctimas del terrorismo, por supuesto que acatan la ley pero no creen en reinserciones interesadas a cambio de beneficios, ni peticiones de perdón de formulario.
No hay verdadero arrepentimiento, arrepentimiento sincero, sin colaboración con la justicia. Por ello lo seguiremos exigiendo como requisito para valorar un pronóstico favorable de reinserción. Ya sea para poder resolver los atentados aún pendientes por esclarecer, o para poder ofrecer a las víctimas del terrorismo el derecho a la verdad que merecen.
Medidas concretas:
6.- Mantenimiento de una política antiterrorista basada en la detención y puesta a disposición judicial de todas aquellas personas que mantienen o que han mantenido, y aún no han respondido por ello, algún tipo de vínculo con organizaciones terroristas y con la perpetración de actividades terroristas.
7.-Elaboración de una única base de datos completa sobre los atentados terroristas cometidos en nuestro país, sus víctimas, el esclarecimiento o no de los mismos, etc…
8.- Reactivar las extradiciones de terroristas actualmente pendientes.
9.- Promover la revisión y reapertura de todas aquellas causas judiciales incoadas por delitos de terrorismo y cuyas responsabilidades penales aún no hayan sido depuradas. Para ello será necesario dotar de mayor personal a las unidades policiales encargadas de la revisión de los casos pendientes de esclarecimiento.
10.- Neutralizar los intentos del entorno de los terroristas, tanto ante los tribunales de justicia nacionales como ante instancias europeas, por flexibilizar la aplicación de las leyes antiterroristas o los intentos por vaciar las cárceles con artimañas legales.
11.- Posibilitar que las víctimas sean parte en la ejecución de las sentencias y en el trámite penitenciario con carácter general no sólo para el recurso de algunas resoluciones.
12.- Endurecer los criterios para la concesión de beneficios penitenciarios y en todo caso supeditarlos a la colaboración efectiva de los terroristas con la justicia para el esclarecimiento de atentados pendientes de resolver. Exigir el requisito de la colaboración con la justicia como criterio para valorar el pronóstico favorable de reinserción antes de adoptar una decisión que mejore su situación penitenciaria, incluido su acercamiento a cárceles próximas a sus domicilios.
13.- Establecer la prohibición de participación en actos de homenaje, tanto propios como de terceros, la participación en actos convocados por asociaciones o entidades que justifiquen el uso de la violencia, o la realización de entrevistas o pronunciamientos públicos como requisito para la concesión de cualquier medida penitenciaria que implique salida de prisión (permisos de salida, concesión de tercer grado penitenciario, flexibilización del grado, etc.)
14.- Establecer los mecanismos necesarios para que se pueda exigir eficazmente el requisito de colaboración con la justicia. Para ello será necesario articular mecanismos de cooperación entre Instituciones Penitenciarias, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
15.- Que se reconozca en el Estatuto de la víctima las especificidades propias de las víctimas del terrorismo y por ello se aprueben medidas que conciernan solamente a las víctimas del terrorismo.
16.- Impulsar la aprobación de una Directiva específica, referida única y exclusivamente a las víctimas del terrorismo.
17.- Que se adopten las medidas necesarias para una política penitenciaria destinada a la desradicalización y reinserción de los terroristas, para evitar su radicalización en prisión (en el caso de terroristas yihadistas) y procurar que, en el caso de los terroristas etarras, si no arrepentidos, al menos, no salgan orgullosos de su pasado criminal.
18.- Regulación y dotación de más medios a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional, siendo conveniente para una mayor efectividad su dependencia del Decanato de la Audiencia Nacional y no de la Secretaría de Gobierno.
19.- Reforma de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección integral a las víctimas del terrorismo para cubrir lagunas existentes, incluir mejoras técnicas y acabar con los agravios comparativos entre víctimas.
20.- Revisión de los tipos penales referentes al terrorismo yihadista, para una mejor adaptación a la realidad y a las particularidades de este tipo de terrorismo.
MEMORIA
Hacer memoria a las víctimas del terrorismo no es solo la realización de homenajes y actos de reconocimiento, sino que consiste en la neutralización de todos los intentos por imponer un relato manipulado y falso de la historia del terrorismo en España.
Un falso relato de lo realmente ocurrido en España, o una reinterpretación de la historia, no suponen más que legitimar más de 50 años de terror en nuestro país y legitimar el uso de la violencia con fines político.
Medidas concretas:
21.- Impulsar, tanto con medios humanos como con recursos materiales, la entrada en funcionamiento del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo como mecanismo imprescindible para velar por la Memoria y la Verdad de las víctimas del terrorismo. Incorporar la historia del terrorismo en España y en el mundo a la asignatura de Historia y articular los mecanismos necesarios para que sea de obligado cumplimiento por parte de las Consejerías de Educación de las diferentes Comunidades Autónomas.
22.- Neutralizar cualquier intento de manipulación de la historia del terrorismo en nuestro país -buscando falsas justificaciones, diluyendo responsabilidades o equiparando violencias que nada tuvieron que ver-, ya sea a través de leyes o cualquier otro tipo de iniciativa. Promover la inconstitucionalidad de cualquier ley encaminada a este objetivo (por ejemplo, las leyes de abusos policiales recientemente aprobadas por el Parlamento de Navarra y el Parlamento Vasco).
DIGNIDAD
Cuando hablamos de defender la Dignidad de las víctimas del terrorismo, hablamos de defender su derecho al honor y a la propia imagen, protegiéndolas especialmente de las noticias falsas y bulos, o de imágenes explícitas especialmente dolorosas. Pero también de evitar los actos públicos de enaltecimiento del terrorismo y de los terroristas que tanto dolor y humillación causan a las víctimas.
Medidas concretas:
23.- Promover la realización de actos de reconocimiento, colocación de placas y monumentos, y cualquier otro tipo de reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo, por parte de las diferentes Administraciones Públicas.
24.- Promover las reformas legales pertinentes, tanto en el ámbito penal como administrativo, para acabar con los actos de recibimiento y homenaje a los terroristas.
25.- Exigir a los Delegados del Gobierno que, en cumplimiento de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las víctimas del terrorismo, velen por el cumplimiento de la prohibición de la realización de actos de bienvenida o en homenaje de terroristas o de las organizaciones terroristas.
Jesús María Faucha Muela, delegado de la Asociación Víctimas del Terrorismo en Castilla La Mancha
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