El Heraldo del Henares
La Asociación de Municipios Ribereños lamenta que trate de enfrentarse a dos comunidades, cuando el problema es con una industria privada representada por el Sindicato de Regantes y un Gobierno empeñado en favorecerla en detrimento de los embalses, su comarca, el río Tajo o el Mar Menor.
El último Trasvase se ajusta a la ley, siempre saltándose a la torera la Ley de Aguas, y eso se ha convertido en el principal mantra de los trasvasistas, tanto los regantes del SCRATS como los miembros del Gobierno o sus acólitos. No cabe duda, lo que sí podríamos preguntarnos es si esas leyes son justas y si responden a los intereses de la nación o de una industria privada.
“¿Es normal que transcurra más agua por la tubería del Trasvase que por el propio caucel río Tajo?”, se pregunta la Asociación de Municipios Ribereños en redes sociales. Obviamente no, pero todo es legal gracias a un Memorándum que fijó artificialmente la cantidad de 400 hectómetros cúbicos como límite trasvasable en función de los deseos y necesidades de los regantes del Trasvase, no de la cuenca cedente. Toda el agua por encima de esos 400 hectómetros cúbicos es legalmente excedentaria, pero la realidad dicta que es una injusticia.
La ley indica que son prioritarios los usos de la cuenca cedente, pero otra ley indica cuál es la cantidad con la que se considera que pueden darse por satisfechos esos usos. Y ese límite lo han marcado los beneficiados del Trasvase, no los perjudicados. “El zorro pastoreando las gallinas”, lamenta el presidente de la Asociación, Francisco Pérez Torrecilla.
Por otro lado, desde que se puso en marcha el Trasvase, hectáreas y hectáreas de regadío se han ido añadiendo a las tierras empapadas de agua del Tajo, es difícil cuantificar cuántas, desde Ecologistas en Acción se denunciaron sólo el año pasado más de mil nuevas hectáreas. Pero creen que es sólo la punta del iceberg y que podrían estar añadiéndose cerca de diez mil. La administración y la Confederación Hidrográfica del Segura no sólo hace oídos sordos, sino que legaliza la situación con cada nuevo Plan de Cuenca.
“El problema no es que falte agua en el Levante, el problema es que sobran regadíos”, advierte Pérez Torrecilla. “En Cuenca y Guadalajara sabemos que el problema no es culpa de los murcianos o de los regantes tradicionales, que se ven arrinconados por las grandes empresas; sabemos que la situación es culpa de la avaricia de unos pocos y del Gobierno, tanto central como de Murcia, que se lo permite”. “Cada vez son más las voces de apoyo que nos llegan desde Murcia, donde han visto caer un presidente autonómico y morir una joya como es el Mar Menor por culpa de los abusos de estos agricultores industriales”.
El problema del Tajo es complicado, el Trasvase se ajusta a la legalidad porque quienes hacen las leyes, hacen la trampa.
Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía
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