El Heraldo del Henares
Tras las declaraciones del Sr. Consejero Martínez Arroyo* en las que dice ver “intencionalidad política” en las movilizaciones de CLM Stop Macrogranjas, desde esta plataforma sostenemos que nuestro objetivo es claramente político, que no partidista: revertir la política regional de apoyo a la ganadería industrial y promover un desarrollo rural sostenible que respete nuestros recursos naturales y culturales, así como a las personas de los pueblos de la Región. Por ello, nos parece imprescindible reclamarlo en un día tan señalado como es el Día de Castilla-La Mancha.
Este objetivo es transversal a cualquier afinidad partidista, prueba de ello es que existen agrupaciones locales tanto del PP como del PSOE que se oponen a la instalación de estas industrias. En el reciente Encuentro contra la ganadería industrial asistieron representantes políticos del PSOE, como Natividad Pérez, alcaldesa de Balsa de Ves, y otros como Pedro Fernández, concejal del PSOE de Belinchón, tenía prevista su asistencia para informarse pero por problemas de salud no pudo acudir; y de Podemos, como el diputado David Llorente y Ana Ortega, del Consejo Ciudadano Regional. Ambos partidos forman parte del Gobierno regional del Sr. Martínez Arroyo, mientras que del partido de la oposición, el Partido Popular, no acudió ningún representante. Estos representantes políticos asistieron únicamente a la sesión abierta de la mañana.
Con respecto a las reiteradas declaraciones del Consejero en relación a la posibilidad de los ayuntamientos de rechazar estos proyectos de ganadería intensiva, se le preguntó en su conferencia el pasado mes de abril en la sede de FEDA, en Albacete, que expusiera cual sería el procedimiento a seguir, pero no supo responder. Muchos ayuntamientos querrían parar la instalación de este tipo de explotaciones industriales pero, tras consultar con juristas, se encuentran que pueden ser demandados por prevaricación por los promotores tras haber obtenido la autorización ambiental por parte de JCCM, solicitando daños y perjuicios, un riesgo difícil de asumir para las pequeñas administraciones locales.
Sabe el Sr. Martínez Arroyo que la autorización ambiental que da la JCCM es previa a la licencia de obras y actividad, competencia de los ayuntamientos, hasta entonces la administración local únicamente tramita el expediente. La elevada exigencia en esta materia que promete el Sr. Consejero queda en entredicho tras la Sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha que condena a la propia JCCM y anula la declaración de impacto ambiental de una explotación porcina en Huerta de la Obispalía (Cuenca) tras acreditarse contaminación de agua de uso público por los purines de esta explotación. Es más, tras reuniones con Directores Provinciales de Agricultura y con el Viceconsejero de Medio Ambiente, se nos ha informado que la Consejería no dispone de recursos para vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental, advirtiéndonos que somos nosotros y nosotras, habitantes de los pueblos, las que tendremos que vigilar su cumplimiento.
Para mayor estupor, la exigencia medioambiental es cada vez menor ya que tras la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha en 2007, promovida por un gobierno socialista, el límite de plazas exigible para someter una explotación porcina a un proceso de evaluación ambiental pasó de 400 a 2000 cerdos, favoreciendo los intereses de la agroindustria.
Por todo ello, encontramos muchos motivos para movilizarnos mañana, 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, en Talavera de la Reina. Porque queremos un medio ambiente sano, que se proteja nuestra salud, un desarrollo rural basado en actividades sostenibles como la ganadería extensiva y el turismo rural, sectores económicos que fijan población y no contaminan, queremos una alimentación saludable, bienestar animal y conservar nuestro rico patrimonio cultural.
En definitiva, exigimos al Gobierno regional que cumpla con sus obligaciones en materia de ordenación del territorio y medioambiental. Exigimos el cumplimiento efectivo del art. 45.1 de la Constitución, por el que tenemos “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”, el art. 45.2, por el que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente”, y el art. 46, por el que igualmente deberán garantizar “la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran”.
Plataforma Stop Macrogranjas de CLM
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