El Heraldo del Henares
En el municipio de Sigüenza, Guadalajara, llevamos algunos cursos en los que una parte del alumnado, cuyas familias optan por la Escuela Pública, son derivados sistemáticamente por la Administración Educativa provincial hacia el centro concertado de carácter religioso conocido como Sagrada Familia y gestionado por la orden religiosa de las Ursulinas. De esta manera, en el curso pasado, a tres familias que pretendieron matricular a sus hijos en 3 años de Educación Infantil, se les impidió este derecho básico, con promesas de poderlos cambiar al inicio del curso 2018/19, promesas que se han incumplido.
Y no solo eso, sino que diversas familias que han solicitado la matricula en el Colegio Público San Antonio Portaceli han visto inicialmente denegada su petición y derivadas al centro religioso a pesar de que este centro cuenta con espacios suficientes para acoger todas las solicitudes, lo que ha provocado las protestas de muchos padres y madres que han logrado al final, por ejemplo, desdoblar el aula de 3 años para que sus hijos e hijas pudieran estudiar en este centro público de carácter laico, y aún así, la Administración Educativa de Guadalajara tiene la desfachatez de mandar alumnos que han pedido el centro público al centro concertado. Además, y a fecha de hoy, la intransigencia de la Administración Educativa impide desdoblar el aula de 4 años, por lo que 5 niños que, hasta ahora han solicitado su matrícula en este aula del centro público, han sido derivados al centro concertado.
Pero muchas de estas familias se niegan a cursar estudios en un centro de ideario religioso que, según se lee en su página web, se define como una escuela católica, formada por una comunidad de hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños evangelizados y evangelizadores ignorando, por ejemplo, que el dinero de esta educación lo aporta un estado aconfesional. Esta situación se agrava porque algunos de estos niños y niñas forman parte del único Centro de Refugiados que hay en Castilla la Mancha y que muchos de ellos no profesan precisamente, la religión católica. Obligar a las familias, católicas o no, a formar parte de una comunidad de evangelizados y evangelizadores no es la función de la escuela, por lo que no nos extraña las rebelión de muchas de estas familias. A lo que se suma la enseñanza obligatoria de la religión católica ya que, según se lee en su página web, no se han de impartir solamente los contenidos académicos obligatorios sino que la acción educativa ha de pretender descubrir y comunicar a los alumnos el sentido transcendente que los planteamientos de las ciencias humanas puedan entrañar, contemplados desde la perspectiva cristiana (http://safasi.com/colegio/)
Desde STE-CLM proclamamos una vez más la necesidad de una educación pública y laica de calidad; pensamos que la educación financiada por el estado no puede estar en manos privadas y muchos menos en centros que manifiestan abiertamente su intención de adoctrinar al alumnado como es el caso de la Sagrada Familia de Sigüenza. Y exigimos en consecuencia a la Administración educativa que cumpla con sus obligaciones y asegure sin más dilación una plaza escolar en un público a todas las familias que así lo soliciten. Que ello suponga el desdoble de un aula no puede ser motivo de disgusto, sino más bien de alegría por cuanto supone que un aula masificada podrá estar, al final, convenientemente atendida por un profesional que, sin duda, tratará de enseñar a los niños y niñas sin adoctrinarlos.
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla La Mancha, STE-CLM
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