Cartas a la Redacción: ‘Lo que la ley de Violencia de Género oculta y nadie se atreve a contar’

Se van a cumplir 20 años de la mayor aberración legislativa cometida en un país occidental europeo desde que fueran promulgadas, en Núremberg, las Leyes Raciales de la Alemania nazi. Ya que al igual que los nazis, que, en aplicación de las Leyes de Núremberg, discriminaron y masacraron a los judíos por razón de su raza, desde que fuera aprobada la Ley Integral contra la Violencia de Género (LVG), cualquier varón que resida en España, también puede ser discriminado, criminalizado y masacrado civilmente, en esta ocasión por razón de su sexo.

Destruyéndose desde su entrada en vigor, dos derechos fundamentales existentes en cualquier democracia y estado de derecho que se precie, como son la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, pudiéndose desvirtuar esta última, con la simple manifestación de la presunta víctima (Sentencia del TS nº 938/16 de 15 de diciembre). Para que se entienda, en España si una mujer denuncia a su pareja varón, aunque la única “prueba” con la que cuente sea su palabra, ese varón será inmediatamente detenido, metido en un calabozo y puesto a disposición judicial, abriéndose un procedimiento penal contra él en el que tendrá que demostrar su inocencia, es decir, de inicio contará con una presunción de culpabilidad. Salvo, claro está, si se llama Cándido Conde-Pumpido y es hijo del presidente del Tribunal Constitucional.

Además de la vulneración de estos dos derechos fundamentales y con una intención desmesuradamente garantista y propagandística, la LVG trajo consigo la modificación de una serie de normas que, de forma leonina, iban a provocar unas gravísimas consecuencias perniciosas a padres varones e hijos en pleitos civiles por divorcio y custodia de menores. Así, la LVG añadió el art. 49 bis a la Ley Enjuiciamiento Civil, por el que, si en el transcurso de un procedimiento civil por custodia de hijos seguido en un juzgado de familia, una madre denunciaba al padre por violencia de género, ese procedimiento civil sería automáticamente derivado y resuelto en un juzgado penal especializado en violencia de género, con independencia de que la denuncia fuera falsa y finalmente sobreseída y archivada. Igualmente, y en aplicación del art. 92.7 del Código Civil, se impide que se pueda conceder la custodia compartida cuando exista un procedimiento penal contra uno de los progenitores, es decir, que esos juzgados de violencia de género, donde son derivados esos procesos civiles de custodia, no podrán conceder custodias compartidas y tendrán que decidir el otorgar la custodia de los hijos al padre o a la madre. Y ya pueden imaginarse hacía dónde suele caer la balanza en estos juzgados “político-inquisitoriales” de violencia de género, los cuales, suponen otra anomalía judicial más, ya que no existen en ningún otro país del mundo al estar especializados en juzgar sólo a hombres.

Si a esta maraña legislativa le sumamos que ni la Fiscalía ni ningún juzgado de violencia de género en España ha investigado de oficio, ni lo hará jamás, ni una sola posible denuncia falsa por violencia de género, tenemos el caldo de cultivo perfecto para que se abuse y delinca al abrigo de esta legislación. De esta forma, cualquier mujer que quiera aprovecharse torticeramente de esta legislación, sabe, porque así se lo habrán asesorado sus abogados o desde asociaciones subvencionadas (chiringuitos), que, si presenta una denuncia falsa instrumental contra el padre de sus hijos, obtendrá de forma inmediata la custodia de sus hijos y todo lo que eso conlleva, como es el uso de la vivienda familiar, una pensión de alimentos y un sinfín de ayudas de tipo económico, social y laboral. Y todo ello a coste cero, ya que sabe, que ni la fiscalía ni ningún juzgado de violencia de género, investigará de oficio su denuncia falsa.

Y para terminar con esta batería de aberraciones legislativas, con la reciente aprobación de la Ley 8/2021 de Protección a la Infancia que ha reformado del art. 94 del Código Civil, actualmente los juzgados de violencia de género y en aplicación de este artículo están prohibiendo todos los regímenes de vistas a los padres varones con la única condición de que estén inmersos en un procedimiento penal a causa de una denuncia por violencia de género y sin necesidad de que sean condenados, simplemente basta que estén investigados, que en la práctica son el 100% de los casos. Ya que a todo varón que reciba una denuncia por violencia de género se le abre inmediatamente un procedimiento penal, aunque luego se archive y sobresea su denuncia. Con lo que se pueden hacer una idea del número de injusticias y aberraciones sobre padres varones y menores que se han cometido y se siguen produciendo desde la entrada en vigor de la LVG en el año 2004.

Pero tomemos los datos oficiales que facilitan las propias instituciones del estado para poder vislumbrar la dimensión real del problema:

Teniendo en cuenta que desde el año 2005 ( año desde el que se contabilizan estadísticamente ) se han puesto más de 2.600.000 denuncias por violencia de género y que en el 80% de esas denuncias el denunciado ha resultado absuelto o no culpable, estaríamos hablando de ¡¡¡ MÁS DE 2 MILLONES DE DENUNCIAS A VARONES EN LAS QUE SALIERON ABSUELTOS O NO CULPABLES !!!

Y ante esta astronómica e inquietante cifra, los políticos y el resto de los parásitos, que viven de esta desgracia, siguen defendiendo que solamente existe un 0,01% de denuncias falsas, es decir, que desde el año 2004 solamente se habrían puesto la ridícula cifra de unas 200 denuncias falsas. Pero lo que ocultan, es que ni la Fiscalía ni ningún juzgado de violencia de género ha investigado de oficio a ni una sola mujer con indicios de haber puesto una denuncia falsa por violencia de género.Ya que en España para que una mujer sea condenada por denuncia falsa se tiene que producir prácticamente un milagro. Primero, que el varón denunciado se gaste un dineral en presentar una querella por haber sufrido una denuncia falsa. Y después, que el juzgado de turno condene a la mujer, que en el 99% de los casos, al tratarse de un delito que suele cimentarse en las declaraciones contrarias de denunciante y denunciada, los jueces, aunque cuenten con indicios sólidos de falsa denuncia, suelen lavarse las manos y absolver a la mujer denunciada. Seguramente esta tendencia de los jueces españoles a dictar sentencias judiciales con tanta perspectiva de género y tan poco sentido de la justicia, tenga mucho que ver con el hecho de que tanto los jueces como los fiscales en España tengan la obligación de realizar un curso en perspectiva de género, así como, con un posible miedo en los jueces a dictar sentencias políticamente incorrectas que pudieran poner en tela de juicio el argumento político de que las denuncias falsas son insignificantes y eso pudiera truncarles su carrera judicial.

Pero la mejor forma de que vean la tremenda dificultad para que una mujer sea condenada por denuncia falsa en España y que forme parte de ese famoso 0,01%, así como, de que perciban la vergonzosa y partidista actuación de la fiscalía y los juzgados de violencia de género en estos casos, es conocer, por ejemplo, el caso real de Vanesa Gesto “ La mentirosa del pegamento en la vagina “. La cual ha venido denunciado falsamente a todos los hombres que se cruzaron en su vida, sin que por ninguna de esas decenas de denuncias falsas previas fuera jamás condenada, hasta que quiso ir más lejos y acusó a su expareja Iván de pegarle los genitales con pegamento. Siendo necesaria una investigación a motu proprio de la Guardia Civil en la que se pudo demostrar, con pruebas irrefutables, que ella mentía. Pero antes de que la Guardia Civil aportara esas pruebas, tanto la fiscalía como el juzgado de violencia de género, basándose únicamente como “prueba” en la palabra de esta mentirosa, habían pedido y mandado, respectivamente, a prisión a Iván, el cual, además, ya había pasado 8 meses en prisión por otras denuncias falsas anteriores de esta delincuente. Otra de las víctimas de esta mentirosa, así como, de la fiscalía y de los juzgados, fue Miguel, aunque él tuvo más “suerte”, ya que en su caso la fiscalía y el juzgado de violencia no le metieron en prisión provisional, sólo le destrozaron la vida durante 3 años y se rieron de él, ya que tuvo que gastarse 14.000 € en defenderse y en denunciar a Vanesa por denuncia falsa, pero la jueza decidió absolver a esta delincuente.

(*En estos dos enlaces se puede obtener más información sobre el caso de la mentirosa del pegamento)

Pero hay que tener cuidado y leer bien entre líneas, cuando en la prensa, mal informando, denominan “Denuncias falsas” a las que habrían puesto este tipo de mujeres, como, por ejemplo, Juana Rivas, María Sevilla o la mayoría de las denuncias de Vanesa Gesto, ya que esta denominación puede llevar a engaño. Porque salvo la denuncia falsa del pegamento, ninguna de las denuncias falsas puestas por estas 3 activistas de género, que a ojos de cualquier persona que tenga un poquito de vergüenza y sentido común serían falsas, han sido consideradas falsas por la justicia y, por lo tanto, no han engrosado la famosa cifra del 0,01% que defienden los políticos y las instituciones en su pseudorrealidad estadística. Y ahora piensen… si en estos casos tan mediáticos, claros y dramáticos, que han saltado a la opinión pública y han generado tanta alarma social, como los de Juana Rivas, María Sevilla o Vanesa Gesto, que secuestraron e hicieron auténticas barbaridades con sus hijos o con sus exparejas, a estas señoras no las han condenado por denuncia falsa, salvo por la causa del pegamento, imagínense lo que ocurre con el resto de los millones de casos anónimos. ¡¡¡Es para echarse a temblar!!!

Volviendo a las cifras, sería bueno que alguna asociación o grupo de opinión con el suficiente valor para descubrir la verdad, hicieran las siguientes peticiones de datos estadísticos a las instituciones:

1. Que faciliten cuántas de las más de 2 millones de denuncias por violencia de género que han sido archivadas y sobreseídas, fueron puestas en medio de procedimientos civiles de divorcio o custodia de hijos. Y de la cifra resultante, imagino que millonaria, saber en cuántos, de esos procedimientos civiles que fueron irremediablemente trasladados y resueltos en juzgados de violencia de género, esos juzgados de violencia de género otorgaron en primera instancia la custodia de los hijos a padres varones.
2. Así como, que faciliten en cuántas de esas más de 2 millones de denuncias por violencia de género archivadas y sobreseídas, la fiscalía o los juzgados de violencia de género dedujeron testimonio e iniciaron de oficio una investigación contra la denunciante por presunta denuncia falsa.

Aunque estas cifras jamás las van a querer revelar, les puedo asegurar que en ambos casos se acercarían mucho al 0,01%.

Ahora está de rabiosa actualidad y una gran parte de la sociedad y de la judicatura de este país, se rasgan las vestiduras ante la próxima aprobación de la Ley de Amnistía, alertando sobre que con su entrada en vigor se vulneraría la Constitución y el estado de derecho. Pero lo que todos ellos olvidan, es que la Constitución y el estado de derecho ya fueron vulnerados hace 20 años cuando se aprobó la LVG y el Tribunal Constitucional, plegado a los designios del poder político, prevaricó al declarar constitucional esta ley. Creándose desde entonces un precedente, sin vuelta atrás, en el que la separación de poderes y el estado de derecho quedaron dañados. Y una vez abierto ese melón en el que el poder judicial se dejó manosear por el poder político… ¿Ahora se alarman porque el Gobierno vaya a volver a pisotear la Constitución y a prostituir al Tribunal Constitucional? Este país no tiene solución.

Si quieren una prueba de cómo fue vulnerada la Constitución hace 20 años, aquí pueden ver las declaraciones que hizo el ex vicepresidente del gobierno D. Alfonso Guerra, en las que implícitamente explica como el Tribunal Constitucional prevaricó al declarar constitucional la LVG debido a la presión política que sufrió:

En cualquier país del mundo estas declaraciones del Sr. Guerra hubieran supuesto un escándalo mayúsculo y el resquebrajamiento de los cimientos del estado de derecho, abriendo todos los telediarios y portadas de los medios. Pero por desgracia, en España vivimos en una dictadura de género y estas declaraciones no tuvieron la mayor repercusión, y quien quiera conocerlas, habrá tenido que visionarlas a través de este valiente digital o haberlas buscado por internet.

Pero a diferencia de la Ley de Amnistía, la LVG nació con el apoyo de todas las fuerzas políticas y el visto bueno de gran parte de la sociedad. La fórmula escogida por los políticos para “hacernos tragar” con esta aberrante ley fue sencilla, escogieron un tipo de crimen execrable que cualquier ciudadano condenaría, como es el asesinato de una mujer a manos de su pareja, y con el pretexto de intentar erradicar estos crímenes y proteger a las mujeres, pusieron en funcionamiento toda la maquinaria y poder del estado, invirtiendo en ello presupuestos y subvenciones millonarias. Convirtiendo estas tragedias humanas en un negocio y en el mayor remanente de votos para la mayoría de los partidos políticos de este país. Al mismo tiempo y siendo conocedores de las enormes injusticias que iba a traer consigo esta ley, a nuestros políticos no les importó lo más mínimo hacer todo lo posible para ocultar e invisibilizar esas injusticias, como las denuncias falsas. Y para ello crearon un relato único que encajara con sus leyes y siguiera ofreciéndoles el rédito electoral esperado. Relato, que lamentablemente y debido al bombardeo constante desde los medios de comunicación ha ido calando en gran parte de la sociedad, como, por ejemplo, el circunscribir que cualquier asesinato de una mujer a manos de su pareja sólo puede ser por una causa machista o de odio de los hombres hacía las mujeres. Cuando la criminología a lo largo de su historia y en cualquier país del mundo, nos explica que son múltiples las causas por las que se producen este tipo de crímenes, que, por cierto, las mujeres también comenten contra sus parejas varones y por las mismas causas “machistas”, como por celos, sentido de posesión, etc…

Aquí pueden ver la intervención de un experto criminólogo donde explica científicamente las múltiples causas de los crímenes y su relación con la LVG:

Y para mantener este relato único nuestros políticos han contado, por un lado, con la colaboración de la mayoría de los medios de comunicación, subvencionados por el estado, los cuales han creado la mayor alarma social posible, convirtiendo estas penosas tragedias humanas en un show mediático vomitivo. Y, por otro lado, han contado con la inestimable colaboración de la mayoría del poder judicial de este país, que, alejándose del principio de imparcialidad, han decidido acordar sus resoluciones judiciales siguiendo esta corriente única de la perspectiva de género. En la máxima expresión de este extremismo para seguir fomentando este relato único, el Gobierno actual ha sido capaz hasta de indultar a 2 delincuentes y maltratadoras como Juana Rivas y María Sevilla, que fueron capaces de secuestrar a sus propios hijos y crearles un trauma psicológico, a las que este Gobierno llegó a calificar como: “Madres protectoras”. Si existiera justicia, a todos y cada uno de los miembros del Gobierno que indultaron a estas delincuentes, les debería tocar en suerte una madre para sus hijos, o una nuera para sus hijos, o una madre de sus nietos “tan protectoras” como Juana Rivas o María Sevilla.

Lo más triste de esta locura colectiva de género en la que está sumida este país, además de los millones de víctimas que ha provocado la LVG y sus políticas, es el engaño y la desprotección en la que ha dejado a las verdaderas mujeres que son víctimas de maltratos. Ya que por desgracia y a pesar de la entrada en vigor de la LGV se siguen produciendo el mismo número de muertes cada año, que, siendo alto e inasumible, es de los más bajos de los países del entorno europeo. Prometiendo a estas mujeres una protección que saben es imposible de ofrecer al 100% y dilapidando los ingentes presupuestos millonarios en un sinfín de departamentos, cargos, burocracia, subvenciones a asociaciones, a chiringuitos y mal gastando recursos en mujeres que se aprovechan y abusan de la ley poniendo denuncias falsas, en vez utilizar todos esos recursos directamente en las pobres mujeres que realmente son víctimas de maltratos.

Con todo, llama la atención y da que pensar, que a pesar de haber transcurrido ya casi 20 años desde la aprobación de la LVG y de su aparente bondad, vendida por todas las instituciones y medios de comunicación de este país, ningún otro país del entorno europeo se haya animado a copiarla y sumarla a su ordenamiento jurídico. ¿No les parece raro?

Mientras la sociedad española siga anestesiada y engañada por los políticos y los medios de comunicación a sueldo de este país, se seguirán cometiendo injusticias y aberraciones al abrigo de la LVG y sus políticas. La próxima víctima a sumar en los ya millones de afectados por esta ley, podría ser usted, o su hijo, o su hermano, o su padre, piénselo.

Fernando Arias Clemente, Azuqueca de Henares

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