El Heraldo del Henares
La Diputación de Guadalajara dimite de sus obligaciones externalizando la información de expedientes urbanísticos. Anteriormente, en los ayuntamientos, pongamos que hasta 2018, se amañaban todos los expedientes urbanísticos, al menos en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes de la provincia, con alguna excepción.
Ni los secretarios municipales ni los jurídicos de servicios de asistencia al municipio de la Diputación de Guadalajara pusieron jamás, que yo recuerde, una pega a ese proceder, que sabían que era ilegal y prevaricador.
Tras mis denuncias, numerosos ayuntamientos tuvieron que ponerse en fila e ir sacando directamente o a través de mancomunidades plazas de arquitectos municipales.
El respaldo jurisprudencial a mi oposición a esas ilegalidades vino en 2020 con motivo de dos sentencias del Tribunal Supremo que anularon expedientes de la Confederación del Guadiana porque TRAGSATEC.
Ni más ni menos que 9 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCLM, además de dos del Tribunal Supremo y 660 del Tribunal superior de Justicia de Madrid, todas desde 2020, aseguran que la participación en la tramitación de los expedientes administrativos, en particular los sancionadores y, por supuesto, en los urbanísticos, es competencia exclusiva de funcionarios.
Solo en relación a este asunto decir que el secretario municipal de el Ayuntamiento de Torrelaguna (Madrid) se opuso a que una empleada laboral que era arquitecta pudiera reivindicar algún derecho sobre una nueva plaza de arquitecto por eso, porque no era funcionaria, y para ello aportó una extensa referencia jurisprudencial y una resolución del colegio oficial de secretarios e interventores municipales COSITAL de la Comunidad de Madrid.
Algunas fiscalías como la de Alcalá de Henares han puesto también negro sobre blanco esa ilegalidad, aunque bien es cierto que inicialmente no querían saber nada del asunto porque ello suponía tumbar el urbanismo en general.
En este escenario aparece »erigiéndose en innovador jurisprudencial‘, es un decir, claro, el servicio jurídico de la Diputación de Guadalajara. Hay que suponer que es así, porque si no a ver quién va a dar el visto bueno a esa atrocidad, y se destinan 20.000, 30.000, 40.000 o 50.000 euros a pagar los servicios de arquitectos y aparejadores de Guadalajara, que no reúnen el requisito de funcionarios, para que conozcan e informen expedientes administrativos urbanísticos de ciudadanos y empresas de la provincia sin competencia alguna.
‘En la Diputación hay una inercia a imponer normas que no ha aprobado ningún Parlamento’
Parece que tras otros episodios como son los de el pago de compensaciones por jubilación anticipada, incluso contra el informe del Consejo consultivo de Castilla-La Mancha, en la Diputación hay una inercia a imponer normas que no ha aprobado ningún Parlamento ni son de recibo desde el punto de vista constitucional, porque suponen una vulneración de los derechos de los administrados, a parte de una disposición de fondos públicos con el fin de pagar esas ilegalidades.
Luego dirán que también denunció a gente del PSOE. En nada me temblará el pulso porque ya denuncié el asuntillo de Irízar y compañía en el Ayuntamiento de Azuqueca. Que, por cierto, se repitió en el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, pero no solo con Irízar, sino también con el actual decano del colegio de abogados de Guadalajara, que recibía adjudicaciones a dedo por más de 200.000 euros del anterior alcalde del PP de Cabanillas del Campo. Y si hablamos de nombres, podría dar una relación muy muy muy muy extensa.
Postdata. Hay que recordar que sobre todo este fango hay otros asuntos todavía mucho más graves, como es que la mayor parte de los planes urbanísticos de la provincia de Guadalajara son ineficaces porque no se preocuparon en publicar íntegramente el contenido normativo tal como exige el artículo 9.3 de la Constitución española, a la que menciono ahora que está tan de moda ser constitucionalista, a cualquier pendejo que quiera exponerlo en cualquier plaza en cualquier medio o en cualquier circunstancia, dado que ahora, al parecer, en España hay cinco, seis o diez millones de magistrados del Tribunal Constitucional que se están pronunciando sobre un asunto del cual todavía no tenemos noticias que se haya tramitado siquiera en el Congreso de los diputados. Pero esto es España.
Fernando Jabonero Orasio. Guadalajara
NOTA DE LA REDACCIÓN: EL HERALDO DEL HENARES acepta el envío de cartas y artículos de opinión para ser publicados en el diario, sin que comparta necesariamente el contenido de las opiniones ajenas, que son responsabilidad única de su autor, por lo que las mismas no son corregidas ni apostilladas.
EL HERALDO DEL HENARES se reserva la posibilidad de rechazar dichos textos cuando no cumplan unos requisitos mínimos de respeto a los demás lectores o contravengan las leyes vigentes.
