El Heraldo del Henares
El acuerdo de convivencia que nos dimos todos y que llamamos Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible, de todos los españoles.
Nuestros constituyentes, es decir nosotros, otorgamos a la unidad un carácter preferente, hasta el punto de que la unidad es la única que sirve como fundamento a nuestra Carta Magna. Los demás, son derechos reconocidos y creados por la propia Constitución, y no lo pueden ser nunca fundamento de la misma.
Fruto de ello es la proclamación de la soberanía nacional como atributo exclusivo del pueblo español y no de cada uno de sus territorios. De dicha soberanía, que es única y reside en el conjunto del pueblo español, emanan todos los poderes del Estado, también el autonómico.
Es la Constitución la que da sentido a las autonomías; éstas existen porque así lo reconoce la Constitución y no por un derecho propio o divino caído del cielo.
Resulta claro, como dice el Tribunal Constitucional, que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía, y dado que cada organización territorial es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido.
La autonomía es y está creada para la gestión de sus respectivos intereses, limitados, por tanto, a su ámbito territorial y sometidos a la ley.
Al fundamentarse en la unidad, la Constitución determina como consecuencia necesaria que el Estado esté en una posición de superioridad, ya que es quien defiende el interés general. Por ello, se le atribuyen competencias para armonizar las legislaciones autonómicas y adoptar las medidas necesarias para la protección del interés general dotándose de mecanismos como el señalado en el artículo 155, tan constitucional como el 143.1 (que reconoce las llamadas comunidades históricas) y situado en el mismo título y capítulo. O de otros como el contenido del art.123 de la Ley de Seguridad Nacional.
El Estado de las Autonomías ha servido para articular la nación, para atender problemas singulares y para desarrollarnos. Pero no significa que por estar censados en una comunidad autónoma, dejemos de ser todos ciudadanos, todos españoles y todos iguales ante la Constitución y las leyes.
El estado autonómico no significa que nuestra Nación se fragmente en parcelas. No hay más que una Nación; la española, la que formamos todos. Y no hay más que un único poder soberano cuyo propietario es el pueblo español en su conjunto.
Somos una Nación privilegiada, con una historia común que nos une; un pueblo con riquezas como ninguno. Nuestras costumbres, lenguas y geografía nos hacen ser lo que somos, un pueblo que se demuestra a sí mismo cada día que juntos podemos más. Capaces de todo si avanzamos en lo que nos une y no en lo que nos separa. Por todo ello hoy debemos defender esta unidad y el derecho de cada uno de nosotros a decidir el futuro de nuestra Nación, de España.
Pero debemos ser coherentes, no se puede decir que se defiende España y se pacte con quienes apoyan un referéndum ilegal y quitan la bandera de España, con quienes quieren romper nuestro País, con quienes tienen como objetivo final destruir el marco de convivencia que nos dimos entre todos. Y mucho menos se puede pactar con ellos un gobierno.
Sr. Page su Gobierno, porque usted quiere, es el único quitando el Catalán, que tiene un Vicepresidente y una Consejera que defienden el referendum ilegal y la ruptura de España.
Como Toledano, como Castellano Manchego y Español le digo Sr. Page que no quiero que el Vicepresidente y una Consejera de mi Región pretendan robarme mi derecho a decidir sobre el futuro de mi Nación, de España.
Sr. Page sea usted por una vez coherente, no hable de defender España cuando en su Gobierno y sólo porque usted quiere están quienes desean romperla. Y lo están porque a usted solo le preocupa mantener su sillón, defender sus intereses, aún a costa de la unidad de España.
Jesús Labrador Encinas
Senador del PP-CLM por Toledo
Vicepresidente 1˚ de la Comisión Constitucional del Senado
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