El Heraldo del Henares
Es paradójico que en un país donde una década atrás se construía vivienda con alegre exuberancia tengamos ahora percepciones de escasez. Acceder a la vivienda no es sencillo. La discriminación residencial, esa que aleja a posibles inquilinos por su nacionalidad o por condiciones personales como no tener un aval, un contrato o una nómina fija, es una realidad que impide que muchas familias encuentren un hogar con todas las condiciones que se merecen.
A los precios inflados hay que sumar la exigencia, en muchas ocasiones, de un contrato de alquiler y, al menos, dos meses de fianza; una cantidad a la que una persona que cobra un subsidio mínimo tiene complicado llegar holgadamente.
El reto mayúsculo, a día de hoy, está en encontrar alternativas habitacionales que se adecúen a las necesidades de un colectivo en situación de vulnerabilidad extrema, que en muchos casos ha perdido habilidades sociales y la conexión con el sistema, y que no siempre presenta facilidades para convivir. La asunción de asegurar la función social de la vivienda entraña no sólo el reconocimiento de un derecho individual sino también la obligación de todas las administraciones, empezando por el Estado, de actuar, con todos los medios a su alcance, para garantizar estos derechos. Así se lo llevamos recordando al Gobierno municipal desde hace años.
La pandemia nos ha enseñado con claridad cómo la situación de la vivienda influye en la reproducción de las desigualdades, porque la privación de una vivienda digna es una de las manifestaciones más visibles de la pobreza y la exclusión social.
La covid-19 está teniendo una mayor incidencia en los vecindarios donde viven ciudadanos más pobres, donde el número medio de personas bajo el mismo techo es más alto o dónde la gente no dispone de la posibilidad de teletrabajar. Es posible que esta crisis haya contribuido a desvelar un problema que muchos se han negado a ver: el de la pobreza y la exclusión.
En Azuqueca de Henares y desde el año 2016 hay aprobada una moción de Izquierda Unida para la creación de una bolsa de viviendas en régimen de alquiler social que por supuesto, han incumplido. Las situaciones de emergencia habitacional que eran y siguen siendo detectadas en nuestro municipio no deben seguir sin ser atendidas y tenemos la obligación de poner en marcha un plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda digna.
En mayo de 2020 y para atender los estragos de la crisis de la COVID-19, Izquierda Unida volvió a presentar la propuesta y salió aprobada por unanimidad. Un año después de su aprobación, lo único que hay es una sarta de mentiras vertidas en los medios de comunicación y avaladas por el Gobierno municipal. Vamos a desmontarlas.
Primera mentira. En la noticia que tan alegremente publicaba el Gobierno municipal en la revista Azucahica, el responsable de Derechos y Libertades, el Señor Pinillos, cargo este que le viene grande porque todavía no le hemos visto defender aún los derechos elementales de la ciudadanía después de llevar dos años gobernando, afirmaba que “en una primera fase se han elaborado modelos de solicitud para las personas interesadas en ofrecer una vivienda y para quienes la demandan”. Hemos podido constatar que no existe ningún modelo de solicitud que ampare a las personas con escasos recursos para optar a esa respuesta habitacional. De ser así, esta información que es pública debería estar colgada en el portal web municipal, porque las Administraciones Públicas han de poner a disposición de los ciudadanos, de oficio y de forma periódica, una información agrupada conforme a las categorías definidas en la propia ley: información institucional, organizativa y de planificación; información de relevancia jurídica; e información económica, presupuestaria, estadística.
Segunda mentira. Afirmaba también el señor Pinillos que ya estaban elaboradas las bases en las que se fijaba los objetivos y finalidad del programa, beneficiarios, requisitos de acceso, cuantía y plazo de la ayuda y documentos a aportar. Las bases reguladoras para el funcionamiento de una bolsa municipal de viviendas en régimen de alquiler social deben aparecer publicadas, en primer lugar, en el Boletín Oficial de la Provincia. Lo único que existe es un borrador que a día de hoy no tiene validez ninguna.
Tercera mentira. El borrador de las bases establece los siguientes requisitos para acceder al programa como demandante de la vivienda:
- Ser mayor de 18 años o menor legalmente emancipado y tener una antigüedad de al menos un año de empadronamiento en el municipio.
- Los miembros de la unidad familiar deben carecer de cualquier recurso de alojamiento propio o posibilidad de acceder a él por sus propios medios y que los ingresos de la unidad familiar se rijan por un determinado porcentaje del IPREM 2020 que habría que fijar.
- Dentro de las personas que cumpliesen los requisitos anteriores, tendrán prioridad: personas que formen parte de una unidad familiar con hijos menores a su cargo, familias monoparentales, víctimas de violencia de género y unidades de convivencia con algún miembro con discapacidad.
Sin embargo, el señor de los derechos y las libertades hace entrega de otro documento a los grupos de la oposición, denominado Informe de Situación, en el que se indica otras condiciones que nada tienen que ver con las que aparece en el borrador inicial de las bases reguladoras que fue el consensuado:
- Contrato de trabajo indefinido.
- Precio que no supere el 35-40% de los ingresos de la unidad familiar.
- Entre uno y cuatro meses de fianza.
- No haber estado en ERTE.
¿Dónde quedan las personas que no disponen de un contrato indefinido o que perciben un subsidio? El señor Pinillos sabe sobradamente que esto no es lo que se acordó y no ha tenido escrúpulo alguno en anunciar una medida falsa y reírse con ella de la necesidad ajena.
Los asuntos públicos se deben gobernar con eficacia, transparencia y responsabilidad, para que gocen de la suficiente legitimidad social que les permita convertirse en un factor de transformación en los procesos de exclusión social, pero por desgracia, no es el caso de Azuqueca de Henares. El Gobierno municipal de Blanco hace tiempo que decidió dar la espalda al conjunto de la población y dejar que se propague la marginalidad, la pobreza y los problemas de convivencia que ello conlleva porque le resulta más sencillo.
Pero no hay nada de qué preocuparse porque ya llegará el prometedor 2023, año de elecciones, en el que el derroche de dinero público y el desenfreno hedonista servirán para enterrar el sufrimiento de la población azudense durante los ocho años del Gobierno de Blanco. La memoria de la ciudadanía es frágil, demasiado frágil.
María José Pérez Salazar, portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca
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